Por Luis Brunetto/
Aníbal Suárez (22), Camila López (13), Danilo Sansone (13), Gonzalo Domínguez (14) y Rocío Quagliariello (13), fueron las víctimas de la masacre de la madrugada del 20 de mayo de 2019. Sólo Rocío pudo sobrevivir, después de luchar durante semanas con la muerte. Los chicos, que iban en el viejo 147 de Aníbal, fueron atacados a balazos por policías de la bonaerense, perdieron el control y se estrellaron contra un acoplado estacionado.
¿Por qué los policías de la bonaerense Rubén García, Leonardo Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Ibañez, actualmente con prisión preventiva acusados como co- autores de “homicidio agravado por la función y uso de arma de fuego”, dispararon a mansalva contra el 147? Las hipótesis, que deberían dilucidarse en el juicio, varían. Los chicos habrían pasado por la ahora cerrada “Cueva del Oso”, y los policías creyeron que habrían visto “algo”, un algo que pudiera ser la descarga de un cargamento de drogas. La llegada inmediata al lugar de la masacre del oficial Héctor “pipi” Angel (preso, acusado de encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público), que no estaba de servicio, y a quien en la ciudad se lo sindica como ligado al narcotráfico, apoya esta explicación.
Pero también, aunque más débil, existe la hipótesis de un ensañamiento con Aníbal Suárez. Joven trabajador de la construcción, llegado hacía poco tiempo de Misiones, semanas antes había sido detenido junto a su hermano Emanuel por no tener en orden los papeles del auto, y el comisario Franco Micucci (destituido luego de la masacre, preso y acusado de falsedad ideológica, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público) le cobró una coima de $ 4 mil para devolverle el auto. Los policías habrían reconocido a 147, habrían intentado pararlo para volver a sacarle plata, pero Aníbal huyó y los policías dispararon a matar.
Doctrina Chocobar y represión estatal sistemática
En cualquier caso, la masacre fue reveladora del carácter sistemático de la represión social que ejercen las fuerzas de seguridad sobre los jóvenes de clase trabajadora. Es evidente que, en pleno gobierno macrista, reivindicadas explícitamente desde el estado nacional y provincial las prácticas conocidas como “doctrina Chocobar”, un desmadre policial de este tipo era inevitable. Pero la intendencia municipal, en manos de la massista Sandra Mayol (cuyo secretario de Seguridad Claudio Martínez, beneficiado con prisión domiciliaria, está acusado de encubrimiento agravado y violación de los deberes de funcionario público), era también una activa promotora del control social policial al estilo del macrismo: Es algo que no solo es vox populi en Monte, sino que está documentado por el informe de la Comisión Provincial por la Memoria, que recoge numerosos casos de represión estatal previos a la masacre.
El papel encubridor de la Intendenta y su equipo, que desde un primer momento sostuvieron la hipótesis del accidente, es indudable. Mayol sostuvo esa hipótesis todo lo que pudo, incluso después de que Fabián Zarzoso, abuelo de Camila, le informara que había habido disparos. Fue sólo la difusión de las imágenes por un empleado municipal rebelde, la aparición de un testigo presencial de los hechos y el hallazgo de vainas por parte de una vecina lo que desmoronó la hipótesis del accidente que defendían Mayol y la policía. Valientemente, el pueblo de Monte hizo salir la verdad a la luz.
De que Mayol y allegados pretendieron hacer sobrevivir la hipótesis del accidente hay varios indicios. Por ejemplo, las represalias contra el empleado municipal que difundió las imágenes. O el comportamiento de Mayol y del Concejal Abel Blencio (que había sido comisionado por Mayol para apersonarse en el Centro de Monitoreo de la Municipalidad horas antes con “amplios poderes”), del que fue testigo el abogado de Correpi Ismael Jalil el 21 de mayo alrededor de las 14:30: “…pretendían demostrar que el 147 iba a alta velocidad y que la imagen de García asomado y disparando era una linterna para ver la patente. Ambas cosas falsas: el 147 entró a velocidad normal y la patrulla le hacía ‘sombra’, la patente se veía sin problemas y lo que portaba el cana era un elemento oscuro que manipuló un par de veces, sin luz ni reflejos que hicieran presumir que se tratara de un foco”. (https://www.anred.org/2019/07/24/en-una-parodia-de-interpelacion-a-sandra-mayol-la-rosca-politica-le-lavo-la-cara-a-la-intendenta-de-monte/)
Salvar a Mayol
El peronismo en su totalidad le lavó la cara a Mayol. A pesar de la masacre, fue la candidata a Intendenta del Frente de Todos, cuando Sergio Massa impuso a Cristina y Alberto, como condición para un acuerdo, conservar las intendencias del Frente Renovador. A pesar del descontento del kirchernismo local, en las PASO hubo lista única. Y así como, aun después de la masacre, ni la gobernadora María Eugenia Vidal ni el ministro de Seguridad provincial Cristian Ritondo, se privaron de sacarse una foto con la abogada empresaria lechera y jefa comunal de Monte, tampoco lo hizo Massa, que visitó Monte durante la campaña para apuntalar a su seguidora, ni el «izquierdista» Axel, que tiene un afiche de propaganda electoral con Sandra.
Pero la responsabilidad de Mayol y su equipo fue señalada sí en la Audiencia que, en agosto de 2019, organizó la entonces diputada nacional por el FIT Romina Del Plá, en la que los familiares y miembros de organismos de Derechos Humanos obtuvieron el compromiso de la CPM, a cargo de la querella, de promover una investigación sobre las responsabilidades de Mayol. Tal hecho ocurrió pocos días después de la audiencia, el 4 de septiembre, cuando el Fiscal Lisandro Damonte abrió una causa para investigar a Mayol y al jefe de Bomberos Nelson Barrios. Por supuesto, no se entiende porque no fueron incluidos en la causa original, y porque no se investiga también a Blencio.
Mayol, en cualquier caso, tuvo su castigo político en octubre del ’19, cuando Monte fue una de los pocos distritos en que ganó Cambiemos, a pesar de la ola de rechazo general a la reelección de Mauricio Macri. Aun así, y con la causa en la que se la investiga por presunto encubrimiento a cuestas, fue nombrada por Alberto Fernández a instancias de Sergio Massa como Directora Titular de SOFSE, con un jugoso salario, y tercera en la línea de mando de la empresa estatal de ferrocarriles que dirige el también massista Martín Marinucci.
En definitiva, otro caso que se encamina hacia el castigo a los autores materiales mientras se consagra la impunidad de los responsables políticos.
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