Junto al seguidismo a Donald Trump el único principio que aparece inalterable en la política del gobierno de Javier Milei es el de la relación con Israel, según el autor.
Por Luis Brunetto para CTXT/
Uno de los rasgos clave del funcionamiento del liderazgo de Javier Milei es un ilimitado pragmatismo encubierto por un “doctrinarismo” que, sin embargo, no se verifica en los hechos. La mayoría de sus promesas electorales, excepto tal vez la rebaja del índice de inflación que, de todos modos, ha comenzado a rebotar al alza desde febrero, no se han cumplido. La motosierra no se aplicó a “la casta” sino a los pensionados, la asistencia social, la salud y la educación. La dolarización, su principal promesa, fue reemplazada por una sobrevaluación del peso que destruye la economía nacional, y así sucesivamente.
Con la casta, en lugar de pasar la motosierra, Milei negoció leyes fundamentales que no hubiera podido aprobar con su bloque parlamentario ultraminoritario de La Libertad Avanza. Y en buena medida, este pragmatismo oportunista del que son producto sus oscilantes y aun antagónicas posiciones de ayer y de hoy, agrava la crisis política que se inició con su discurso homofóbico en Davos y explotó con la criptoestafa, pero en cuya base está la debacle de su plan económico.
Como Groucho, Milei bien podría decir aquello de “estos son mis principios…”. Hasta ahora el único principio inalterable de su mandato ha sido la sumisión incondicional a Donald Trump, a cuyos vaivenes se somete con fines que rayan lo propagandístico. Así, el Gobierno argentino pasó del apoyo incondicional a Ucrania a abstenerse en la ONU en la última votación sobre la retirada de las tropas rusas, lo que le valió a Milei un inesperado agradecimiento de Vladímir Putin. Hechas estas reservas, hay que decir que la relación con el Estado sionista parece ser, junto con el seguidismo a Trump, un axioma inalterable de la política exterior del Gobierno libertario.
Los lazos de Milei con el sionismo trascienden y mezclan lo político y lo personal. Uno de los magnates de la Argentina, Eduardo Elztain, propietario de la más importante empresa de negocios inmobiliarios del país, alojó gratuitamente a Milei durante semanas en una suite de su lujoso Hotel Libertador después de su victoria electoral. Como el canciller Gerardo Werthein, también representante de uno de los grupos empresariales más importantes del país, Elztain es un reconocido sionista. El embajador en Israel, Axel Wahnish, es el rabino personal de Milei, el gestor de su por ahora frustrada conversión religiosa y a quien llama su “guía espiritual”. Durante su primer viaje a los Estados Unidos como presidente electo en noviembre de 2023, Milei visitó la tumba del rebe de Lubavitch, fundador de la secta sionista Jabad Lubavitch, secta de la que Wahnish es miembro. Y también, emulando a Trump, ha prometido trasladar la embajada a Jerusalén…
El lobby sionista en Argentina
La influencia del lobby sionista en el país creció especialmente durante la presidencia de Mauricio Macri. Desde su gestión como jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Macri había otorgado el monopolio de la compra de cámaras de seguridad a Global View, la empresa del presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí, Mario Montoto. Ya como presidente firmó un acuerdo con Israel para la modernización de tanques de guerra de las Fuerzas Armadas, la compra de lanchas rápidas para la Triple Frontera, cámaras y software para la represión de movilizaciones por casi 300 millones de dólares. Paradójicamente, ese material represivo se estrenó durante las jornadas de lucha contra la reforma del sistema de pensiones de diciembre de 2017, que sellaron la suerte final de su Gobierno…
Montoto tiene estrechos vínculos con la ministra del Interior de Macri y de Milei, Patricia Bullrich, célebre por los palazos que reparten los agentes policiales a su cargo a los pensionistas que marchan los miércoles al Parlamento, y con quien comparte pasado en la organización guerrillera de la izquierda peronista de los años setenta Montoneros. El esposo de Bullrich, Guillermo Yanco, dirige junto a Claudio Avruj, exsecretario de Derechos Humanos de Macri, el portal periodístico Vis a Vis, voz vernácula del sionismo, y ambos son socios en varias empresas ligadas a negocios con Israel. Avruj era mano derecha del expresidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Rubén Beraja, sospechosamente absuelto en la causa por el encubrimiento por parte del Gobierno de Carlos Menem del atentado de 1994 a la Asociación Mutual judía AMIA, por la que fue destituido y condenado el exjuez Juan José Galeano.
Pero el lobby sionista extiende sus tentáculos más allá de Milei y Macri. El ya nombrado Montoto, amigo íntimo del excanciller kirchnerista Rafael Bielsa, mucho antes de haber provisto de equipos de vigilancia israelíes al Gobierno porteño de Macri, había suministrado en 2010 equipos del mismo tipo al Gobierno peronista de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Daniel Scioli, exvicepresidente de Néstor Kirchner, candidato kirchnerista a presidente en 2015 y actual ministro de Turismo de Milei. El expresidente Alberto Fernández realizó su primera visita de Estado a Israel en enero de 2020 y se entrevistó con Benjamin Netanyahu. Durante su gobierno varias provincias peronistas firmaron convenios con la empresa israelí de aguas Mekorot, promovidos por Montoto y por el entonces ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro, hombre de ultraconfianza de la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner…
La persecución del sionismo al movimiento de solidaridad por Palestina
En estas condiciones, a la hora de acallar las voces que se alzan en defensa del pueblo palestino, el poder del lobby sionista se ha desplegado con absoluta impunidad. La política ultrarrepresiva de Milei se ha concentrado en atacarlo con una furia similar a la que ha usado para perseguir al que es el blanco número uno de la saña del Gobierno ultraderechista, el movimiento piquetero.
En junio de 2023, todavía bajo el gobierno de Alberto Fernández y antes del 7 de octubre, fue detenido y pasó nueve meses en la cárcel Cristian Díaz, militante del movimiento por Palestina. La acusación contra Díaz fue por “intimidación pública y odio racial” y se apoyó en pruebas como un cuadro de una mujer palestina, un cuaderno con anotaciones en árabe, publicaciones en su página de Facebook y una bandera Palestina. La causa la llevó adelante el juez federal Ariel Lijo, el candidato a integrar la Corte Suprema que Milei impuso escandalosamente por decreto, pero cuyo pliego fue luego rechazado por el Senado. Como consecuencia de esto, Díaz, obrero metalúrgico, fue despedido de su trabajo y se suicidó tres meses después de su liberación.
Absuelto en primera instancia, el exlegislador por CABA y dirigente del Frente de Izquierda Alejandro Bodart fue condenado a seis meses de prisión por publicar tuits en los que acusaba a Israel de ser un Estado “racista y genocida” y defendía la causa palestina. Por las mismas razones acaba de ser procesada la diputada nacional por el Partido Obrero en el FIT-Unidad, Vanina Biasi, cuyos tuits, según el juez Daniel Rafecas, “no superan el análisis que permitiría considerarlos en el ámbito del legítimo ejercicio del derecho de la libertad de expresión”…
Ismael Jalil, abogado de Bodart e integrante de Correpi declaró al respecto: “Alejandro Bodart y Vanina Biasi son dos dirigentes de izquierda, consecuentes con la denuncia al sionismo, que vienen sufriendo la persecución de la DAIA y de los jueces colonizados que copian y pegan en sus escritos los argumentos de esa agencia local sionista”. En la misma línea, desde JudíesXPalestina Iván Zeta sostuvo en relación a las causas contra Bodart y Biasi que “el lobby sionista apela a una serie de argumentos que se repiten para perseguir penalmente a todos los que luchan por la causa palestina”. Y agregó: “Esta persecución es también un acto discriminatorio contra los millones de judíos y judías del mundo que somos antisionistas, y es potencialmente antisemita en tanto amenaza con hacer responsables a todos los judíos del mundo por los crímenes de Israel”.
Biasi, que encabeza la lista del FIT-Unidad en la ciudad de Buenos Aires, denunció el carácter político de su procesamiento: “Rafecas me tomó indagatoria en octubre pasado, procesalmente tenía diez días de plazo para resolver, pero esperó hasta que empezara la campaña electoral para procesarme”. Y agregó: “Esta causa es un armado político impulsado desde la Embajada de Israel, desde la DAIA y sus personeros y operadores, confirmando que no les interesa el supuesto ‘antisemitismo’ sino la persecución a opositores políticos”.
Rafecas, candidato frustrado a procurador general propuesto por el Gobierno de Alberto Fernández, es un juez considerado progresista, lo que da cuenta de la influencia del discurso sionista. Aunque demoró varios meses para procesar a Biasi, nunca dispuso la detención de Saar Hirchoren, Yuval Vagdani y Amit Nechmya, soldados israelíes acusados de crímenes de guerra que se encontraban de vacaciones en la Patagonia.
Como en todas partes, la justicia, el Estado y el Gobierno argentinos usan la acusación de antisemitismo como argumento para la persecución política de quienes denuncian los crímenes del Estado de Israel contra el pueblo palestino. Es la principal narrativa con la que el sionismo garantiza su impunidad. Como sostiene Jalil: “Con la excusa del antisemitismo se burlan de las víctimas del Holocausto. A esa relativización se prestan los indecentes que dicen impartir justicia”. De esa relativización del Holocausto que está implícita en la legitimación del genocidio palestino son agentes conscientes tanto los jueces como el Gobierno prosionista de Javier Milei.
—
Estación Finlandia 