Sobre José Jerí Oré, actual presidente del Perú, pesa una denuncia por violación presentada el 30 de diciembre de 2024 que viene esquivando según diversos medios peruanos gracias a una serie de acciones procesales dilatorias. El otro imputado en el caso huyó a Francia el 4 de febrero de 2025, antes de que la Fiscalía solicitase el impedimento de salida del país. Además, se cuestiona la supuesta coartada de Jerí con una ‘amiga’ o ‘novia’ que habría aparecido justo en el momento en que se sucedieron los hechos que la presunta víctima denunció.
Por Redacción Wayka Perú/
El amigo cercano del actual presidente del Perú José¹ Jerí Ore, el empresario Marco Cardoza Hurtado, quien fue invitado por Jerí a una reunión en la Casa Club Santa Rosa de Quives (provincia de Canta) junto a la denunciante de ambos por violación, no hizo caso a los requerimientos de la Fiscalía y se desplazó sin autorización internacional, lo que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema calificó como una conducta de “alejamiento de la investigación” y obstaculización cronológica del proceso.
Mientras tanto, la investigación contra Jerí , el pasado 8 de agosto de 2025 fue archivada por el fiscal supremo Tomás Gálvez al concluir que “no existen indicios o datos fácticos, en grado de sospecha reveladora, que permitan vincular al investigado Jerí Oré con los hechos denunciados”. Posteriormente, el 3 de octubre, la Fiscalía Suprema de Familia confirmó la medida, dejando el caso cerrado una semana antes de que Jerí jurara como jefe de Estado.
Privilegios políticos
Entre los múltiples vacíos que resaltan aparecen: el hecho de que la denuncia señalaba signos de lesiones traumáticas y objeto contuso usado sobre la víctima, el hallazgo de un bividí mojado en la habitación donde despertó la agraviada y la negativa de Cardoza a dar su ADN, factores que para muchos especialistas debieron motivar medidas de coerción inmediatas.
Según la investigación de La Encerrona, el amigo de Jerí, Cardoza, fue quien invitó a la denunciante y transportó al grupo desde Huaral hasta Canta; sin embargo, el 4 de febrero de 2025 habría salido del país antes de que se dictara su impedimento de salida, lo que agrava la sensación de impunidad.
La orden de impedimento de salida contra Cardoza fue emitida recién el 5 de marzo de 2025, un mes después de que él abandonara el país. Este desfase muestra lo que varios analistas califican como complicidad institucional o simple negligencia que favorece a los presuntos agresores.
Por su parte, Jerí pudo ocupar la presidencia del Congreso y luego la presidencia de la República sin que el caso que lo involucraba esté completamente cerrado. Esto da pie a que su ascenso sea visto por organizaciones de derechos humanos, como DEMUS, como un respaldado de un sistema político que prioriza el blindaje a presuntos violadores antes que la investigación y rendición de cuentas.
El informe del medio La Encerrona detalla la cronología del presunto caso: una Fiesta de Año Nuevo en la casa Club Santa Rosa de Quives, una denuncia por violación sexual en la que Jerí y su amigo cercano Marco Cardoza Hurtado fueron involucrados, y luego la aparición súbita de una mujer llamada Andrea Ruiz Fernández, presentada como «novia de Jerí», apenas horas antes de despertar la denunciante. El portal plantea que esta joven habría sido introducida como coartada por Jerí para desviar la atención del caso.
Repercusiones políticas y simbólicas
Estos hechos ponen en evidencia no sólo la gravedad de la denuncia, sino también los vacíos, dilaciones y estrategias de encubrimiento que rodean el caso. Asimismo, el portal señala cómo la aparición repentina de una “novia”, no antes mencionada ni fotos juntos públicas, podría formar parte de una maniobra política para salvar la imagen de Jerí. En ese sentido, el caso deja de ser un asunto privado para convertirse en un síntoma de crisis institucional, de credibilidad política y de justicia inaccesible para las víctimas de violencia de género.
El caso adquiere relevancia más allá de la persona: se ha convertido en símbolo de la constante tensión entre la protección de privilegios, la autonomía de la fiscalía y los derechos de las víctimas de violencia sexual. Como señala La República: “Las declaraciones de los testigos ya las tenía la fiscalía desde enero… Cardoza no se presentó nunca, pese a estar citado. En el mes de febrero abandonó el Perú…”
Según Rocío Silva-Santiesteban, directora de DEMUS, menciona que este escenario refuerza la percepción de que la independencia del sistema de justicia está comprometida cuando se trata de altos personajes del poder. Es un mensaje político claro: las denuncias graves pueden quedar en la nada si detrás hay redes de poder que operan. En este contexto, el archivo del caso no sólo es un cierre formal: es una señal de que el acceso a la justicia depende del estatus, más que de la verdad.
¿Qué sigue?
El expediente ahora está en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Canta, donde la única persona que aparece formalmente investigada es Cardoza Hurtado. Pero con el implicado fuera del país y sin garantía clara de retorno o captura efectiva, el horizonte del caso se ve borroso. Sin embargo, el penalista Luis Pacheco Mandujano afirmó a los medios que, al regresar a la Fiscalía, Delia Espinoza reabrirá el caso y denunciará constitucionalmente a José Jerí.
La ciudadanía espera que este caso no se diluya como un escándalo mediático más, sino que marque un punto de quiebre institucional. «Ese señor no debe ser presidente porque tiene una denuncia de violación sexual que tiene una serie de elementos para dudar. Todo esto le quita peso político», declaró, Silva-Santisteban.
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