Por Santiago Brunetto- Estación Finlandia/
Durante toda la jornada de este miércoles 1° de julio se desarrollará el tercer paro internacional de trabajadores de reparto. En Argentina, Brasil, México, Chile, Ecuador, Guatemala y Costa Rica, los repartidores irán a la huelga para reclamar mejores condiciones de trabajo y la regularización de la relación laboral que mantienen con las empresas de reparto. En la actualidad, amparadas en la ausencia de marco legal para la actividad, las empresas no blanquean la relación de dependencia que en efecto mantienen con los repartidores y los obligan a abonar un monotributo o directamente les pagan en negro.
Con movilizaciones en Buenos Aires, Rosario y La Plata, entre otros puntos del país, los trabajadores de reparto argentinos reclamarán un ingreso fijo que les permita alcanzar mínimamente la canasta básica familiar y un bono por trabajo esencial en plena pandemia de covid – 19, según informó la Agrupación de Trabajadores de Reparto (ATR). Además, los repartidores sumarán a este nuevo paro la exigencia de que se declare la insalubridad de su labor, no solo por los riesgos que corren al exponerse al contagio de coronavirus, sino por la exigencia que acarrea el tipo de actividad que realizan sin tener un salario fijo. Con un promedio de 60 pesos por pedido realizado, los trabajadores se ven obligados a extender sus jornadas laborales incluso hasta catorce horas, lo que impacta tanto en su salud física como mental.
Por otro lado, los trabajadores volverán a pedir justicia por los repartidores muertos en lo que va de pandemia: este lunes falleció Leonel, trabajador de PedidosYa de 28 años, tras ser atropellado por un camión en la ciudad de Córdoba y ya son seis los trabajadores fallecidos en los últimos cien días. Es que las empresas de reparto no solo no brindan los elementos de seguridad necesarios para realizar el trabajo, sino que además no se hacen cargo del pago de la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART), por lo que los trabajadores están expuestos a los accidentes de tránsito sin cobertura alguna.
Sin embargo, el centro de los pedidos de los repartidores continúa siendo la regularización de su actividad. Actualmente, en Argentina no existe ningún marco legal que regule la relación laboral que existe entre empresas y repartidores, por lo que estos últimos son considerados “autónomos” y deben abonar su propio monotributo o verse obligados a trabajar en negro.
En las últimas semanas el bloque de Vamos Juntos en la Legislatura porteña introdujo, a través de la Comisión de Tránsito y Transporte, y con dictamen de mayoría, un proyecto de modificación del Código de Transito y Transporte con el objetivo de regular la actividad, en lo que se constituye como el primer intento de legislar a los repartidores en el país. Aunque las sesiones legislativas se encuentran suspendidas por la cuarentena, en la próxima sesión el proyecto se trataría y Vamos Juntos contaría con los votos necesarios gracias al apoyo de UCR-Evolución.
El proyecto, además de intentar regular desde un Código de Faltas lo que debería ser regulado por las entidades laborales correspondientes – los trabajadores reclaman que el Ministerio de Trabajo de la Nación se haga cargo de su situación -, no solo intenta legalizar la precarización de los trabajadores sino que además introduce nuevas obligaciones que pesarían sobre sus espaldas.
En el texto del proyecto de modificación se establece que las empresas de reparto solo son agentes que disponen plataformas en la web para que “terceros” ofrezcan sus servicios, es decir, para que los repartidores oferten su fuerza de trabajo. Entre empresas y trabajadores no se establece ninguna relación laboral legal, por lo que, tal como existe en la actualidad, los repartidores siguen siendo concebidos como “autónomos” y sobre las empresas no pesa ninguna responsabilidad.
Entre otros puntos, se plantea la creación de un Registro de trabajadores, la obligación de que estén inscriptos en AFIP, que tengan residencia en la ciudad -gran parte de los repartidores que trabajan en Capital llegan desde el conurbano -, que no carguen con multas en su haber, y que cuenten con cascos y elementos de seguridad. Todos estos requisitos, que en efecto ya pesan sobre los trabajadores, ahora formarían parte del Código de Faltas de la ciudad, por lo que los repartidores se verían imposibilitados de trabajar si incumplen alguno de estos requisitos.
Por supuesto, en ningún artículo del proyecto se estipula obligación alguna para que las empresas se hagan cargo de de esos puntos. Irrisoriamente, la ley establece por ejemplo que las empresas “podrán” brindar los cascos a sus repartidores. Si las empresas “no pueden”, no habrá ninguna pena en su contra.
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