Correpi Informe 2020: «Las necesidades del pueblo son esenciales: ¡La represión no!»

Por Correpi/

Este año 2020, “el año de la pandemia”, toda nuestra cotidianeidad cambió brutalmente a partir de 20 de marzo. La cuarentena decretada ese día en todo el país, a través del DNU 297/2020, sus sucesivas prórrogas y modificaciones, cambió sustancialmente la dinámica social, y la construcción de este Archivo no fue ajena a las dificultades que enfrentamos en toda nuestra vida diaria.

El confinamiento, la restricción del uso del transporte público y la profunda crisis económico-social, que cargó su peor parte sobre quienes ya eran más vulnerables, también dificultaron el acceso a la información y su chequeo. Sirva como ejemplo que, particularmente en el AMBA, aún hoy, a mediados de noviembre, no podemos acceder presencialmente, salvo muy puntuales excepciones, a los expedientes judiciales, tarea que tenemos limitada, como tantas otras cosas de nuestra vida, a la virtualidad informática. Del mismo modo se viene dificultando el contacto directo con las familias afectadas, que sólo ahora, a partir de la transición hacia el DISPO nos permite conocer sin la intermediación de una pantalla, y siempre con los máximos cuidados preventivos. Esa realidad repercutió de manera importante en la recopilación y análisis de los datos, que este año sabemos que son más incompletos que de costumbre.

Algunas medidas iniciales tomadas por la nueva gestión, en particular en relación a las fuerzas de seguridad federales, permitían imaginar un descenso del altísimo voltaje represivo de la gestión anterior, signada por el record absoluto de muertes a manos del estado desde 1983. En el mismo sentido, al inicio del aislamiento, supusimos que habría un descenso marcado de las muertes por fusilamientos de gatillo fácil en las calles, por cierto no por falta de balas policiales, sino por la escasez de blancos, dada la marcada disminución de la circulación de personas.

Hoy, los datos marcan la insuficiencia de aquella presunción. Aun con menos personas en las calles, y sin varios de los protocolos Bullrich, el gatillo fácil no desapareció. No menos importante, el nivel de impunidad garantizada oficialmente a sus autores no se modificó de manera significativa. Se produjeron tres desapariciones forzadas de personas, luego encontradas muertas, con responsabilidad policial, durante la cuarentena. Paralelamente, otra de las consecuencias más gravosas de la pandemia en relación a la cuestión represiva fue el incremento notable de muertes en lugares de detención. Como veremos en los apartados específicos, mucho más de la mitad de las personas asesinadas este año por el aparato represivo estatal, estaban presas en cárceles, comisarías u otros lugares de encierro.

En esta 25ª actualización, incorporamos 496 casos al Archivo, totalizando 7.587 hasta mediados de noviembre de 2020, contra 7.091 que teníamos registrados hace un año.

De esos 496 casos nuevos, 411 ocurrieron entre el 10 de diciembre de 2019 y el 19/11/2020, es decir, bajo la gestión de gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

De ese total de 411 casos, 348 ocurrieron después del inicio de la cuarentena y 63 entre el 10/12/2019 y el 19/3/2020.

Confirmando la permanente provisionalidad de la información del Archivo, siempre sujeta a crecer a partir de nuevos hallazgos, además de los 411 ocurridos después del 10/12/2019, incorporamos 61 casos de 2019; 8 de 2018, 4 de 2017 y uno de 2000, 2005, 2008, 2012, 2013 y 2015, respectivamente. Cabe señalar, respecto de las muertes en lugares de detención informadas por organismos oficiales, que en muchos casos no registran la fecha exacta, por lo que no podemos discriminar las posteriores al cambio de gestión. En consecuencia, aun con la certeza de que al menos una docena tienen que haber ocurrido en el mes de diciembre, históricamente el de más muertes bajo custodia, sólo se atribuyen a la actual gestión los casos con fecha cierta después del 10/12/2019.

La tabla y gráfico anteriores muestran la cantidad de casos registrados en esta actualización para cada año. Además de advertir que la información disponible de los años 80 es poca e incompleta (los registros “sin datos” son todos anteriores a 1990), se destacan picos en los años de crisis (1989/91, 2000/2001, 2009/10, 2013 y, sobre todo, 2016/2019). Los años 2018 y 2019, con 497 y 480 casos respectivamente, muestran el récord absoluto de muertes a manos del aparato represivo estatal bajo el reinado de la Doctrina Chocobar.

El año 2020, muestra un retorno, por ahora, a valores similares a 2014, aunque hay que tener en cuenta que falta registrar la mitad de noviembre y todo diciembre.

El impacto de las medidas en pandemia

El inicio de la gestión de gobierno encabezada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner estuvo signada, en materia de política represiva, por el discurso inaugural del presidente, que llamó a “escapar al gatillo fácil y a la lógica de la muerte por la espalda”, claramente en un sentido distinto al que padecimos durante la administración de Mauricio Macri, seguido por algunas medidas auspiciosas del Ministerio de Seguridad de la Nación, como la derogación de varios de los protocolos de actuación para las fuerzas de seguridad. A la par, debimos señalar otras decisiones del gobierno que contradecían, en los hechos, aquel camino, como la designación del teniente coronel retirado Sergio Berni como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, el anuncio del Comando Unificado de fuerzas federales y provinciales tras la primera reunión Berni-Frederic o la resolución nacional que puso en manos de las fuerzas federales la implementación del ciberpatrullaje.

El escenario comenzó a cambiar a partir de la pandemia de COVID-19, el dictado del DNU 297/2020 y sus ampliaciones y actualizaciones. Las medidas sociales adoptadas durante el ASPO se mostraron insuficientes, con lo que el aspecto represivo cobró relevancia. El resultado fue un incremento exponencial de detenciones arbitrarias, con su natural correlato de aplicación de tormentos y muertes en comisarías, seguido por un importante número de fusilamientos de gatillo fácil en las calles.

Del total de 411 casos registrados desde el 10/12/2019 al 19/11/2020, en el lapso anterior a la pandemia, casi el 30% del tiempo de gestión, se produjeron poco más del 15% de las muertes. En cambio, en el período posterior al 20 de marzo, que representa poco más del 70% del total de días de gobierno, se concentra casi el 85% de los casos.

Intervención de las distintas fuerzas

Si desglosamos la totalidad de casos registrados desde diciembre de 1983 por fuerza responsable, resulta que las policías provinciales en conjunto ocupan el primer lugar, con el 46,63% de los casos, seguidas de lejos por los servicios penitenciarios federal y provinciales con el 38,54%, y, mucho más lejos aún, la policía federal (8,01%) y con incidencia muy menor el resto de las fuerzas.

En cambio, este año, en función de las medidas de gobierno tomadas antes y después de la irrupción de la pandemia, el mapa de intervención de las distintas fuerzas de seguridad tiene diferencias marcadas con lo que era hasta ahora tendencia general.

En la siguiente tabla y su gráfico se advierte que no se registran, desde el 10 de diciembre de 2019, casos de responsabilidad de dos fuerzas federales, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria. Del mismo modo, la incidencia de la Policía Federal bajó de un 8% histórico a poco más del 5% y Gendarmería Nacional bajó de un promedio total de 1,44% a la mitad, 0,73%. También disminuyeron los casos de integrantes de agencias de seguridad privada. También la incidencia de las policías provinciales varió de casi el 47% a un no menos preocupante 29,20%. Por el contrario, los servicios penitenciarios, federal y provinciales, se alzan con un impactante 57,66%, cuando no llegan al 40% en el acumulado total.

La primera y muy evidente conclusión, como se ratifica en el gráfico que sigue sobre modalidades, es que durante 2020 –muy especialmente durante la pandemia- hubo un crecimiento exponencial de muertes bajo custodia, especialmente en cárceles provinciales y federales. De hecho, es la primera vez en décadas que debemos contabilizar cuatro muertes en unidades penitenciarias causadas por disparos de arma de fuego de integrantes del servicio contra personas presas desarmadas. Federico Rey en Florencio Varela, José Candia en Corrientes, Marcelo Montenegro y Dardo Yapura en Jujuy fueron fusilados en la represión a los reclamos y protestas por la falta de respuesta oficial a la crítica situación en las cárceles. La tasa de mortalidad por contagios de COVID-19 en los penales casi triplica la extra muros, además de contabilizarse una elevada cantidad de otras muertes en contexto de protestas (seis sólo en Santa Fe), así como por incendios, ahorcamientos y enfermedades no asistidas.

La ausencia de casos atribuibles a la PSA se explica a partir de la prohibición a los miembros de esa fuerza federal de portar el arma reglamentaria fuera de servicio, y es un buen ejemplo –sin perjuicio de la baja incidencia de esa fuerza, la menos numerosa del país- de cómo se podría reducir esa práctica a la mitad si la misma decisión se tomara respecto de la totalidad de las fuerzas, ya que más de la mitad de los fusilamientos en la vía pública son cometidos por funcionarios de franco, pero que usan el arma reglamentaria. En el mismo sentido debe interpretarse la disminución relativa de casos de PFA y GNA, despojadas de los protocolos de actuación que les brindaban un bill de inmunidad en la gestión anterior.

La causa de la disminución de casos de la PFA es obvia, a partir de que la mayor parte de sus integrantes, desde enero de 2017, revistan en la Policía de la Ciudad. Justamente no escapa a la lectura que esta fuerza, inaugurada con gran pompa y circunstancia como la “policía de la modernidad” con la fusión de la extinta Policía Metropolitana y la totalidad de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal, ha multiplicado por cuatro su incidencia. De un ya preocupante 1,20% del total en el total de casos, en este año la “nueva policía” acapara un impactante 5,35%, a la par de la PFA residual.

Éste es el mapa de la incidencia de las distintas fuerzas desde el 10/12/2019:

Primera causa de muerte a manos del estado: Estar en un calabozo

Este es el mapa de modalidades represivas sobre el total de casos registrados en el Archivo, que muestra la incidencia de las dos modalidades más frecuentes de la represión orientada al control social: las muertes de personas detenidas (50%) y los fusilamientos de gatillo fácil (36%).

Sin embargo, las decisiones oficiales tomadas durante la pandemia que abarca casi todo este año lo modifican sustancialmente, con gran preeminencia de las muertes en lugares de detención, que suben a más del 66%, lo que hace reducir la incidencia de gatillo fácil a un 25%.

La suma de esas dos principales modalidades directamente dirigidas al control social es impactante:

Estar en un calabozo o caminar por la calle sin pinta de ser “alguien” fue la causa del 91,24% de las muertes a manos del aparato represivo estatal en el último año.

Modalidades en gestión Fernández	Casos	%
Muerte en cárcel, comisaría o bajo custodia	272	66,18%
Gatillo fácil	103	25,06%
Muerte intrafuerza o intrafamiliar	17	4,14%
Otras circunstancias*	12	2,92%
Causa fraguada o consecuencia de otros delitos	7	1,70%
Total	411	100%
*Incluye cuatro desapariciones forzadas.

En la categoría de muerte de personas privadas de su libertad, que incluyen cárceles, comisarías y todo otro lugar de detención (incluso patrulleros) confluyen los clásicos “suicidios”, que encubren, en una enorme proporción, la muerte por aplicación de tormentos, e incendios que se inician como medida de protesta o pedido de ayuda y que, invariablemente, no reciben auxilio o lo reciben tardíamente. Por otra parte, las muertes violentas por heridas de arma blanca son, en muchos casos, ejecuciones por encargo de los servicios penitenciarios, que usan para ello los llamados “coches-bomba” (sicarios). También se registran de manera creciente fallecimientos por enfermedades que nunca causarían la muerte con una mínima atención médica (apendicitis, hepatitis, tuberculosis, diabetes, etc.). En este año en particular, informes oficiales denuncian, al mes de octubre, 53 muertes por COVID-19.

Es indudable que el aumento espectacular de la población carcelaria condiciona el incremento de las muertes intramuros, máxime frente a la pandemia. Como se desarrolla más extensivamente en la nota editorial, de 34.000 personas presas antes de la crisis de 2001, en 15 años llegamos a 75.000. Luego, en los duros años del manodurismo puntivista del trío Macri-Bullrich-Ritondo, esa cifra superó los 100.000. A ese total hay que sumar otras 20.000 personas presas en comisarías, alcaidías e institutos.

El 60% del total son jóvenxs de 18 a 30 años de edad. Más de la mitad no tiene condena, sino que cumple prisión preventiva como pena anticipada. Casi el 90% de las personas detenidas están acusadas o condenadas por delitos contra la propiedad (robos, tentativas de robo, hurto, etc.) o por infracción a la ley de drogas, siempre por narcomenudeo, u otros delitos menores sin violencia.

La provincia de Buenos Aires registra el mayor índice de superpoblación, con casi el 112% de su capacidad desbordada. Con cerca de 20.000 efectivos, el servicio penitenciario bonaerense encabeza la dotación de penitenciarios a cargo de las cárceles, seguido del federal, que reúne a 10.000 en las mismas funciones.

No pueden sorprender ni el hacinamiento, ni la falta de higiene o de alimentos, la falta comunicación con sus familias, ni los levantamientos en reclamo de condiciones dignas. Por eso no sorprendieron tampoco los reclamos que se desataron en cárceles de todo el país como consecuencia de la explosión pandémica. Cinco muertos en las cárceles de Coronda y Las Flores, Santa Fe; uno en la Unidad 1 de Corriente, otro en el complejo Florencio Varela de la provincia de Buenos Aires y dos en Gorriti, Jujuy, como directa consecuencia de la represión, a los que hay que las muertes más como resultado de la falta de atención médica, los clásicos “suicidios” inexplicables y los homicidios, tantas veces ordenados o promovidos por el propio servicio para librarse de “molestias” dan la pauta de la gravedad de la situación.

Respecto de las muertes en comisarías, es necesario remarcar que la mayoría corresponde a personas que no estaban detenidas por acusaciones penales, sino arbitrariamente arrestadas por averiguación de antecedentes o faltas y contravenciones. En esos casos resulta aún más incomprensible el argumento de la “crisis depresiva”, como dicen los partes policiales para justificar los “suicidios”, pues son personas que en horas recuperarían la libertad. Rodolfo Walsh lo explicaba mejor que nosotros: “Como todo el mundo sabe, la melancolía que inspiran las altas paredes de una celda fomenta negras ideas en los jóvenes débiles de espíritu, los ebrios, los chilenos carteristas y, en general, la gente sin familia que pueda reclamar por ella. Otro factor deprimente que acaso contribuya a la ola de suicidios en tales calabozos son las inscripciones que dejan los torturados”.

En los últimos 10 meses, registramos 34 muertes en comisarías y dos en lugares de alojamiento de niños y niñas (Pablo Nogués y Almafuerte). Algunos casos, como el de Florencia Magalí Morales en la comisaría de Santa Rosa del Conlara, cobraron alguna visibilidad, pero la regla es el silencio.

Respecto de las desapariciones forzadas, que totalizan 203 desde diciembre de 1983, la mayoría de personas que fueron vistas por última vez en una comisaría, o cuando eran detenidas, este año se produjeron cuatro: Carlos “Bocacha” Orellano el 23 de febrero en Rosario, Facundo Astudillo Castro, cerca de Bahía Blanca, el 30 de abril, y Francisco Javier Cruz en Florencio Varela, y Luis Armando Espinoza en Tucumán, desaparecidos el 15 de marzo y el 15 de mayo respectivamente. En los cuatro casos, sus cuerpos fueron encontrados semanas o meses después, en circunstancias que confirman la intervención policial en la desaparición y asesinato.

Los asesinatos en el marco de causas fraguadas para “hacer estadística” y los hechos resultantes de otros delitos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, reconfirman la constante participación policial en delitos comunes, vendiendo información, proveyendo zonas liberadas, proporcionando armas o interviniendo directamente en la organización de robos tipo comando, tráfico de drogas y autos robados, secuestros extorsivos, trata de personas, etc., incluso a veces como parte de “operaciones de prensa” para ganar prestigio desbaratando los ilícitos que ellos mismos generan, o para ganar espacios en sus disputas de poder internas, potenciadas por la coexistencia de más de una fuerza en los territorios.

Edad de las víctimas: Disciplinar desde la cuna

Hay un 19% del total sin datos suficientes, especialmente debido a la falta de información accesible sobre la edad de personas muertas en prisión, aunque los propios informes oficiales, como el de la PROCUVIN, señalan que son personas de menos de 30 años en su mayoría. Aun así, resulta que más de la mitad de los casos en los que se conoce la edad exacta o aproximada de la víctima es de la franja menor de 25 años. El 40% del total corresponde a personas de 25 años o menos.

El dato confirma que la selectividad de la represión apunta a la edad, además de la clase. Así como son excepcionales los fusilamientos callejeros de jóvenes de sectores medios o altos, y los pocos que hay responden, por lo general, a que eran pibes o pibas con la pinta, la actitud o en el lugar “equivocado”, es también poco frecuente que sean personas mayores las destinatarias de las políticas represivas que sirven para implementar el control social. Este año, sin embargo, es alta la proporción de personas mayores muertas en el ámbito carcelario, por COVID-19 u otras enfermedades relacionadas.

Los rangos de edad que muestra el gráfico anterior, con absoluta preeminencia de las víctimas jóvenes, son un claro indicador de ese contenido de control social de la represión: el 39% corresponde al segmento de 15 a 25 años, y si se suman los menores de 15 y los de 26 a 35 años se llega al 64%.

En cambio, las personas de 36 a 45 años, y los mayores de 45, apenas suman de conjunto el 12%.

Es necesario reiterar que el 24% sin datos precisos de edad corresponde abrumadoramente a las muertes en prisión, de los que es muy difícil conseguir información. La Procuración Penitenciaria Nacional publica la cantidad y causa de las muertes en cárceles federales, pero no suele proporcionar la edad y nombre de las víctimas. A la inversa, la Comisión Provincial por la Memoria publica listado de nombres, sin indicar en qué unidad murieron, ni su edad o fecha de la muerte. A veces logramos identificar alguno o alguna por noticias periodísticas, por contacto con familiares o amigos o por denuncias en redes sociales. En algunas oportunidades, cuando se conoce la unidad carcelaria, es posible determinar un rango posible de edad, como en el caso de los que llaman “menores adultos”. Teniendo en cuenta la composición etaria de la población carcelaria, es altamente probable que la mayoría de esos casos sin edad conocida correspondan a la franja hasta 25 años.

Distribución por territorio: De Ushuaia a La Quiaca

Si limitamos la mirada a la cantidad de casos registrados de cada provincia, queda clara la hegemonía absoluta de la provincia de Buenos Aires, con el 53,58% del total, seguida de lejos por Santa Fe, Córdoba, la ciudad de Buenos Aires y Mendoza, como lo muestra este gráfico.

Pero, mientras la provincia de Buenos Aires tiene más de 15 millones y medio de habitantes, Mendoza apenas supera 1.700.000. Por lo tanto, no es posible sacar conclusiones comparando los 4.065 casos de una con los 309 de la otra, si no contemplamos, a la vez, esa enorme diferencia poblacional.

Para tener una imagen más clara que permita comparar distritos con tanta desproporción poblacional, debemos calcular la incidencia de la represión estatal en relación a la cantidad de habitantes:

Al obtener un índice por millón de habitantes conforme los datos del último Censo, vemos que la represión se descarga de manera muy uniforme en todo el territorio nacional, con mínimas diferencias entre los distritos, que responden en muchos casos a la falta de suficiente información confiable.

La provincia de Buenos Aires continúa primera, pero con mucha menos diferencia con las que la siguen, Tierra del Fuego, Santa Fe, Chubut y Mendoza, y un segundo pelotón compacto, La Pampa, Río Negro, CABA, Santiago del Estero y Córdoba.

Ni una menos: Femicidios de uniforme

Desde que empezamos a elaborar el Archivo, advertimos que la enorme mayoría de los asesinatos de gatillo fácil, con su fuerte componente de control social, correspondía a varones, especialmente adolescentes, con muy pocos y excepcionales casos de mujeres y niñas. El número de mujeres muertas en lugares de detención es sensiblemente menor que el de varones, lo que se explica por la diferencia cuantitativa de la población carcelaria y de comisarías en relación al género.

Sin embargo, también advertimos que, en un porcentaje importante, los casos registrados de víctimas mujeres se relacionaban con situaciones de violencia machista y patriarcal. La cantidad de mujeres asesinadas por integrantes del aparato represivo estatal por razones de género nos llevó a empezar a sistematizar esas situaciones, sin perjuicio de que, simultáneamente, encuadraran en otras modalidades según la forma de la muerte.

En el caso de las personas trans y travestis, encontramos la gran dificultad de que, en los reportes oficiales, especialmente de personas muertas en lugares de detención, pero también en casos de fusilamientos, se consignan los nombres de los documentos de identidad. Así, aunque sabemos que son más, sólo parecen registradas como tales 8 casos de femineidades travesti-trans, de los cuales la mitad son trans-travesticidios cometidos por miembros de las FFSS.

En el caso de los femicidios, los dos primeros casos registrados como femicidios se remontan a 1992. Desde entonces el índice ha sido creciente, hasta llegar hoy a 389 femicidios sobre un total de 671 víctimas mujeres.

Esa cifra convierte los femicidios de uniforme en la primera causa de muerte de mujeres a manos del aparato represivo estatal.

Registramos, además, 46 femicidios relacionados, es decir, hijos u otros familiares o personas cercanas a la víctima asesinadas en contexto de violencia machista, para castigar a la mujer o cuando intentaron defenderla. Casi un tercio de los femicidios relacionados tienen niños y niñas como víctimas.

Este gráfico compara la proporción de femicidios en cada una de las modalidades registradas. Se advierte que casi la totalidad de los casos de muertes en contexto intrafuerza o intrafamiliar son a la vez femicidios de uniforme. Sobre 352 muertes de mujeres en casos intrafuerza o intrafamiliar, 343 fueron femicidios, mientras que es mucho menor la incidencia de la violencia de género como factor determinante en las demás modalidades:

En algunos casos, que han crecido en estos últimos años, es la mujer, perteneciente a una fuerza de seguridad, la que mata a su pareja, hombre o mujer, o a sus familiares, incluso hijos e hijas.

El notable el incremento de los casos de femicidio y femicidio relacionado cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, especialmente en los últimos años, nos llevó a comparar nuestros datos con las estadísticas generales de femicidios. Estimamos, tomando como base los registros existentes a nivel nacional que, hasta fin de 2020, una de cada cinco mujeres asesinada en un contexto de violencia de género es a la vez víctima de la violencia estatal, encarnada generalmente en el arma reglamentaria. Ello da cuenta de cómo se potencian, cuando se cruzan, la violencia represiva estatal con la violencia machista y patriarcal.

Una muerte cada 20 horas

Al término de 2019, cuando presentamos el balance final del período de gobierno de Mauricio Macri, destacábamos que, por primera vez desde 1983, una gestión había superado la marca de una muerte diaria a manos del aparato estatal. Hoy, con la inclusión de registros de 2019 ocurridos o conocidos después de esa publicación, se ratifica que la administración Cambiemos fue la más letal, con un promedio de 1,31 muertes por día. Dicho de otra forma, una muerte cada 18,34 horas.

Con el gráfico que sigue se advierte que la gestión iniciada en diciembre de 2019 muestra un leve descenso, con 1,19 muertes por día –una cada 20,09 horas-.

Es razonable presumir que uno de los factores que permitieron que, en apenas un año, las muertes a manos del estado retrocedieran de una cada 18 horas a una cada 20, radique en la menor letalidad comprobada en estos meses de las fuerzas federales. Como se señala en el apartado correspondiente, no se registraron en este período casos de responsabilidad de Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria, y sólo tres de Gendarmería Nacional. En el caso de la Policía Federal, el descenso de su intervención proporcional ya se había notado a partir de la transferencia del personal de comisarías a la Policía de la Ciudad en enero de 2017, pero en los restantes casos no se puede obviar el efecto positivo que pudieron tener las reformas normativas de la actual gestión, concretamente la derogación de la Res. 956/2018 que habilitaba en disparo por la espalda a personas desarmadas, así como, en el caso de la PSA, la prohibición de portar el arma reglamentaria fuera de servicio. No es menor reparar en que, aunque no faltaron en el año las represiones a situaciones de protesta y conflicto social, con multiplicidad de detenciones y de personas heridas, no se produjeron muertes en esas circunstancias.

En el mismo sentido, es posible relacionar el incremento de muertes en lugares de detención, que es el dato más destacable, por su profundización, en 2020, con las decisiones políticas tomadas por los gobiernos nacional y provinciales frente a la crítica situación carcelaria durante la pandemia, así como la promoción de facultades para detener personas arbitrariamente. Finalmente, la subsistencia del gatillo fácil, que debió tener un descenso muy superior ante la marcada disminución de la presencia de personas en la vía pública, es directamente atribuible a la ampliación de facultades que, a contrapelo de aquellas decisiones relacionadas con las fuerzas federales, se dio a las provinciales y de la ciudad en el marco de la emergencia sanitaria.

Este dato empírico ratifica la indudable pertinencia y utilidad de las medidas que promovemos como parte de la Agenda Antirrepresiva urgente, que permitirían mejorar sensiblemente la protección de la vida y la integridad física de las personas frente a la violencia descargada por el aparato represivo estatal.

Por eso, cerramos este informe con la actualización de esa Agenda, que no requiere la previa transformación profunda del sistema social –única vía para terminar de cuajo con las prácticas represivas como política de estado-, sino que puede tomar, aquí y ahora, cualquier gobierno con la decisión política de poner un mínimo freno a las detenciones arbitrarias, las muertes en lugares de detención, el gatillo fácil y las desapariciones forzadas.

Las muertes en la represión a la protesta

Desde 1983, se registran 91 muertes en la represión a manifestaciones, movilizaciones y reclamos por trabajo, tierra y vivienda. En este rubro, sigue llevando la delantera el gobierno de la Alianza radical-peronista, entre diciembre de 1999 y diciembre de 2001, con un total de 45 asesinadxs, de lxs cuales 39 cayeron el 19 y el 20 de diciembre o murieron posteriormente por las heridas recibidas. Lo escolta el gobierno de Cristina Fernández, con 20, y Alfonsín, con 16 en los saqueos de mayo de 1989. Menem, Duhalde y Néstor Kirchner empatan con dos casos cada uno, superados Mauricio Macri, que sumó a la desaparición y muerte de Santiago Maldonado en Chubut y el fusilamiento de Rafael Nahuel en Río Negro, ambos en el marco de la represión descarnada contra los pueblos originarios en lucha por la recuperación de su territorio, el fusilamiento del niño Ismael Ramírez en Sáenz Peña, Chaco, en la represión a un piquete de desocupados, y a Rodolfo “Ronald” Orellana, militante de la CTEP, en el ataque a una toma de tierras para vivienda en La Matanza.

Agenda antirrepresiva urgente

Detenciones arbitrarias:

Cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH en el Caso Bulacio vs. Argentina, del 18/09/2003, que ordenó la derogación de todas las facultades normadas y la eliminación de todas las prácticas no normadas de las FFSS federales y locales para detener personas fuera de las hipótesis constitucionales y de los convenios internacionales de orden judicial previa o delito flagrante.
Cese inmediato del permanente y sistemático hostigamiento a las personas que se ven obligadas a sobrevivir con tareas precarias en la vía pública, como la venta ambulante, el arte callejero o servicios como el cuidado de autos, limpieza de parabrisas, etc.

Legislación y justicia:

Derogación de las reformas regresivas que se llevaron adelante en los últimos años en toda la legislación represiva nacional, de las provincias y de la Ciudad, y de las incorporadas al Código Penal por las leyes antiterroristas entre 2004 y 2010.
Retiro inmediato del proyecto de reforma del Código Penal elaborado por la comisión presidida por el juez Borinsky, revisado y presentado por el Poder Ejecutivo en marzo de 2019 en el Senado, que incrementa la criminalización de la pobreza y la protesta, consagra la impunidad de los represores y universaliza la prisión preventiva.
Derogación del Decreto 489/2019 que creó el RePet (Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento).
Anulación del DNU 70/2017 que habilita la deportación exprés de migrantes.
Derogación de la Resolución nº 144/2020 del Ministerio de Seguridad que establece el protocolo de actuación para que las fuerzas de seguridad hagan “tareas de prevención” (espionaje) sobre plataformas y fuentes digitales públicas.
Gratuidad para el acceso a la justicia de víctimas y familiares de víctimas de hechos represivos.
Aplicación estricta de las medidas internas de suspensión del servicio de funcionarios de las fuerzas implicados en causas penales por hechos represivos.

Actuación de las fuerzas:

Eliminación de los protocolos de lógica bélica para la actuación de las fuerzas ante movilizaciones y manifestaciones.
Prohibición de la portación y uso del arma reglamentaria fuera de servicio.
Prohibición de requisas personales y de pertenencias por mera sospecha.
Eliminación de los “Comandos Unificados” para la intervención conjunta de fuerzas federales y locales en las provincias y la Ciudad.
Prohibición de la asunción de la defensa técnica de miembros de seguridad acusados por hechos represivos por los cuerpos profesionales de los ministerios de Seguridad nacional, provinciales y de CABA.
Fin de la reestructuración de comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad, que dilata entre 8 y 10 horas que los organismos de DDHH, las organizaciones antirrepresivas y hasta la Defensoría Oficial de la Justicia de la Ciudad y abogadxs particulares puedan confirmar una detención y ubicar a la persona arrestada para asistirla.
Cese de la militarización de los barrios populares, con presencia masiva de fuerzas federales y locales, con su correlato de hostigamiento, detenciones arbitrarias y muertes por gatillo fácil.

Cuestiones presupuestarias:

Derogación del Programa de Fortalecimiento de Seguridad para la provincia de Buenos Aires que destinó $38.000 millones de pesos para fortalecer el poder de fuego de la bonaerense.
Retiro del “Plan de Infraestructura Penitenciaria” presentado a la Legislatura Bonaerense por el ministro de Justicia Julio Alak y el gobernador Axel Kiciloff para la construcción de más cárceles.
Redirección de las partidas destinadas a esos planes y programas para mejorar las condiciones de habitabilidad en los lugares de detención.

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