En los últimos meses, la consigna ¡Absolución a los 27! comenzó a ganar espacio en la agenda pública nacional. A fuerza de asambleas y movilizaciones, los 27 procesados por la toma del Pabellón Argentino de la UNC en 2018, durante la lucha contra el recorte presupuestario macrista, lograron hacerse escuchar de cara al juicio al que serán llevados por el delito de «usurpación».
Por Redacción/
El 30 de agosto del año 2018, la docencia y el estudiantado universitario nacional confluían en Buenos Aires en lo que hasta el día de hoy se recuerda como la “gran marcha universitaria”, una de las más grandes de la historia del movimiento estudiantil. Bajo una lluvia torrencial, representados por las gremiales docentes y los centros de estudiantes, miles de manifestantes colmaban la Plaza de Mayo contra el recorte presupuestario encabezado por el Gobierno de Mauricio Macri.
Era el cierre de un mes y el inicio de otro signados por procesos de lucha que en la base habían pasado por la organización asamblearia para confluir en un punto en común: entre agosto y septiembre, 57 sedes universitarias, terciarias y secundarias estuvieron tomadas por sus estudiantes. Filosofía y Letras, Ciencias Sociales, Psicología, Ciencias Exactas, entre otras, en la UBA. Río Negro, Santa Fe, Rosario, Río Cuarto, Luján, Córdoba, La Plata, Mar del Plata. Y más.
Dos años y medio después, 27 estudiantes de la Universidad de Córdoba (UNC) enfrentan una causa judicial por “usurpación” del Pabellón Argentina de esa casa de estudios, delito por el que serán llevados a juicio con penas de entre seis meses y tres años de prisión. Organizados en el “Encuentro por la Absolución de los 27 Estudiantes de la UNC”, llevan adelante una campaña que en los últimos meses fue tomando fuerza para hacerse lugar en la agenda pública nacional, con movilizaciones de apoyo tanto en Córdoba como en diversos lugares del país.
“La pelea por la absolución es técnica-jurídica desde los abogados, pero no puede ser sólo eso, la pulseada se ganará abrazando a los 27, desde todos los sectores. La Córdoba de la Reforma Universitaria no puede permitir que se instale tal precedente”, señala, en diálogo con Estación Finlandia, Blanca Barreiro, abogada que, desde la Gremial de Abogados, representa a nueve de los procesados.
El pasado 13 de mayo, en el centro de la capital cordobesa, se llevó a cabo una importante movilización que contó con la adhesión de más de 40 organizaciones sociales, políticas y sindicales. Ese mismo día, en Buenos Aires se realizó una marcha a la Casa de la Provincia de Córdoba para pedir la absolución de los estudiantes.
Si bien el juicio aún no tiene fecha definida de inicio, el pasado 2 de junio la Justicia notificó a las defensas y a la acusación la apertura de un plazo de cinco días para presentar pruebas y testigos de cara al debate. En un comunicado, el Encuentro señaló que “hoy no hay juez que quiera agarrar la causa, pero la carrera contra el tiempo frente el juicio sigue”, y agregó que “el único lenguaje que conocen y les importa es el de la lucha y la organización que venimos conquistando”.
«Pretenden criminalizar el derecho humano a la protesta»
Blanca Barreiro, abogada de los estudiantes.
“Al comienzo, la pelea contra la judicialización de la protesta fue más sectorial. Pero en la actualidad el nivel de adhesión a marchas y acciones de estudiantes, más las expresiones de repudio en contra de autoridades de la UNC y el Poder Judicial de Córdoba, se han extendido a otros sectores como sindicatos, organizaciones sociales, culturales, políticas, etcétera”, subraya Barreiro en este sentido y remarca que la lucha ya “ha salido del ámbito exclusivo de la UNC, porque se entiende que es una afrenta contra la lucha, la organización y la militancia a todo nivel”.
En el plano legal, la abogada explica que “desde la defensa negamos que se den los supuestos establecidos en el tipo pena, porque los estudiantes no estuvieron allí para transformarse en poseedores o tenedores del lugar, que además es público, y tampoco lo hicieron mediante violencia y/o amenazas”. Según concluye Barreiro, la causa pretende “ser ejemplificadora para todos los estudiantes del país, pero sobre todo a quienes luchan. Pretenden criminalizar el derecho humano a la protesta”.
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