Leandro Aparicio es, junto a Luciano Peretto, abogado de Cristina, la mamá de Facundo Astudillo Castro, en la causa que investiga su desaparición forzada seguida de muerte, el 30 de abril de 2020, hace exactamente dos años. Conversamos con él acerca del estado de la investigación, la actuación de la Bonaerense y las responsabilidades políticas involucradas.
Por Brian Magnaghi* para Estación Finlandia/
EF: A dos años de la desaparición seguida de muerte de Facundo: ¿en qué estado se encuentra la causa?
LA: Se encuentra en un escenario distinto al que se encontraba hace un año. El fiscal Ulpiano Martínez renuncia en febrero del año pasado, después de que desde la querella pedimos su apartamiento en dos ocasiones. Él alegó cansancio moral o algo por el estilo, no me puedo acordar bien en este momento, pero lo que pasó realmente es que advertimos, desde la querella, su complicidad al momento de la desaparición de Facundo, esto junto a distintos policías federales, a quienes también hemos denunciado y para quienes, también, los fiscales que intervienen ahora en la causa solicitaron su apartamiento en la investigación. De hecho, no trabaja más la Policía Federal en la causa de Facundo, únicamente Gendarmería. Y, el segundo hecho, en este contexto, y lo más trascendente, fue a fines del año pasado la recusación de la jueza Gabriela Marrón, cuyo apartamiento habíamos pedido las querellas y también los fiscales, habiéndose ella rehusado a apartarse, y la Cámara de Apelaciones Federal de Bahía Blanca había confirmado su permanencia en la causa. Por esa situación, recurrimos a la Cámara de Casación, recurso que nos fue denegado por la misma Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca, y tuvimos que recurrir en queja. Es en ese momento, cuando la Cámara de Casación toma la causa y señala dos cuestiones fundamentales: primero, que la actitud de la jueza Marrón no era la de un Juez o una Jueza imparcial y objetiva, que no hizo lugar a medidas de prueba que evidentemente deben ser desarrolladas en una causa en donde lo que se investiga es una desaparición forzada. Entonces, en ese contexto con un nuevo magistrado, el Juez Walter López da Silva, con quién ya nos hemos reunido y quien ha tomado distintas resoluciones, a criterio de la querella aceptables, vamos a pedir una nueva ronda de testimonios que hemos diferido hasta tanto el nuevo juez esté en contacto con la causa, aunque creemos que ya la conoce de manera pormenorizada. Y también vamos a solicitar una serie de medidas de prueba de carácter integral, básicamente con situaciones que, si bien las tenemos dispersas, necesitamos un informe oficial. Me refiero al teléfono de Facundo, del cual sabemos que fue utilizado por él, por última vez, en la casilla de la celda de Mayor Buratovich, cuando habla con su madre. Posteriormente hay unos mensajes, escritos con terminologías que él no utilizaba, de los cuales no se puede aún determinar desde qué lugar fueron enviados. Y, por otro lado, tenemos que el teléfono de Facundo se activa en una celda, una antena, en Bahía Blanca, muy cerca de la estación de policía comunal, que es en donde se secuestra el Toyota Etios que estuvo, un tiempo después, en el lugar donde se encontró el cuerpo de Facundo. O sea, el teléfono de Facundo se activó el 1° de Mayo al mediodía en una celda cercana a la comisaría. Además tenemos un informe de la Gendarmería, de donde surge no sólo que las prendas de Facundos han sido prendidas fuego, sino que han sido prendidas con un elemento ígneo, estando puestas en el cuerpo de Facundo. Queremos una especificación o detalle más claro de estas situaciones, solo por nombrar dos situaciones concretas. Obviamente que estamos muy satisfechos de que hayamos apartado al fiscal y a la Jueza, que fueron partícipes de todo este encubrimiento y que han sido denunciados en la Procuración y en el Consejo de la Magistratura.
EF: ¿Estos manejos de Ulpiano Martinez, de la Jueza Marrón y de policías federales, podrían considerarse cómo algo sistemático?
LA: Bueno, los manejos del Fiscal Ulpiano Martínez no son novedosos. Ya ha sido denunciado por HIJOS, por las Abuelas y por las Madres de Plaza de Mayo y por el CELS, debido a su nefasta actuación en los juicios de lesa humanidad y en los juicios por la Triple A. Todas las medidas que tomó en la causa Facundo, se experimentan en los otros expedientes, como por ejemplo el hecho de desfragmentar las causas para facilitar la impunidad de los genocidas en esos casos. Y en el caso de Facundo son inumerables las irregularidades que se encuentran. Primero, pedir una detención mal ordenada a los policías, sin brindar explicaciones acerca del por qué los quería detener. Y, luego de pedir esas detenciones mal ordenadas, nunca más las solicitó cuando tenía realmente muchos más elementos. A esto se le suma la connivencia con la policía bonaerense, la connivencia con algunos oficiales de la Policía Federal, el destrato a la víctima, la interpretación arbitraria e irracional de las pruebas. A esto se le suma su enfrentamiento con los otros dos Fiscales, que fue lo que, a la postre, derivó en su renuncia. Porque en definitiva el Fiscal se apartó de la Causa después de que nosotros, como querella, lo habíamos recusado, y él no se había querido ir. En lo que respecta a la jueza Marrón, no solamente ella, sino otros jueces en Bahía Blanca, tienen mucha vinculación con la Armada. De hecho, el papá de la Jueza Marrón era superior de Astiz. Y así como nombro este vínculo de la Jueza, otros jueces que han estado acá también tienen mucha relación con la Armada, o con el poder que tiene la Armada en Bahía Blanca, siempre omnipresente. Y obviamente que la Justicia Federal y Provincial en Bahía Blanca tiene la misma postura que en la época de la dictadura. No ha cambiado nada acá, en estos lugares.
EF: Respecto a las figuras políticas que eran parte del Gobierno Provincial y Nacional cuando se produjo la desaparición de Facundo y continúan, en su mayoría, siéndolo hasta la fecha: ¿tuvieron algún apoyo, alguna colaboración institucional para agilizar la investigación? O, incluso, desde lo humano: ¿han llamado a la familia para saber acerca de su situación personal en todo este tiempo?
LA: No, en absoluto. De hecho, tuvimos una reunión sobre fines del año pasado con la ministra Sabina Fréderic, donde le reclamamos respecto de la denuncia que hemos hecho contra el comisario Ricardo Juri, el Sub Comisario José Pérez y dos agentes de la Policía Federal por su actuación delictiva en la no investigación de la desaparición de Facundo Astudillo Castro. En esa reunión escucharon atentamente, pero después se cambió de Ministro, ahora en ese lugar está Aníbal Fernández, al cual le enviamos una carta la semana pasada, pidiendo precisiones respecto de lo que en su momento fuimos a reclamar. Hasta el momento, no hubo respuesta.
EF: Este silencio de las autoridades gubernamentales: ¿a qué se lo atribuís?
LA: Realmente, no lo sé. En todo sentido lo digo. Primero, tenemos la figura de la vicepresidenta Cristina, a quien he visto con muchas fotos de [Santiago] Maldonado porque desapareció durante el macrismo y, no sé por qué, más siendo que Facundo era un chico que militaba en su movimiento, a Facundo no lo nombró nunca, ni una sola vez. Después, respecto del Gobernador Axel Kicillof y de su Ministro de Seguridad Sergio Berni, les atribuyo un rol de cómplices y encubridores. Y, respecto de la falta de las respuestas oficiales del Ministerio que ahora está en manos de Aníbal Fernández, no me parece nada incoherente. Más tomando en cuenta la trayectoria y su rol en los homicidios de [Maximiliano] Kosteki y [Darío] Santillán, o su rol encubridor en los episodios, por ejemplo, de otros casos de desaparición como el de Jorge Julio López. Así que, no me queda ninguna duda de que ese silencio es coherente con la política de doble vara que han tenido durante los años de gobierno del kirchnerismo. De tener una conducta activa en la lucha para juzgar el genocidio cometido en el período ’76- ’83, pero, también, cómo ocultaron distintas desapariciones dentro de su gobierno, como la de Jorge Julio López, la de Luciano Arruga, la de Daniel Solano. Y, ahora en este caso, la de Facundo.
EF: Muchas veces, casos como los de Facundo quieren explicarse desde el exceso de parte del personal policial, a responsabilidades individuales de los agentes de policía, tratando de deslindar la responsabilidad de la institución policial, que nada tendría que ver. Sin embargo la abundancia de casos hace difícil pensar que se trate de una especie de desbande de algún “mal policía”, y que se explicaría más como una especie de accionar sistemático, hasta de tipo político, de las diversas fuerzas de seguridad.
LA: Bueno si, esto pasa por ejemplo, desde mi experiencia con el caso de la desaparición de Daniel Solano, en la provincia de Río Negro, exactamente igual que en otros lugares. El actual Ministro de Justicia Martín Soria no dijo ni “mu” en todo el tiempo que la causa estuvo en Rio Negro. De hecho, durante los cuatro meses del juicio en Gral. Roca en 2018 tampoco dijo una palabra. Y esto solo por hablar del Ministro de Justicia actual: es su provincia, con la deaparición de Daniel todavía impune, con los siete policías en actividad con armas y cobrando. Ni que hablar de lo que pasó durante el macrismo, con los grupos Albatros en Bariloche, ni que hablar lo que pasó con Gendarmería con Santiago Maldonado. Entonces, no solamente son esas fuerzas seguridad, sino los fiscales y los jueces que los encubren. Además, están los periodistas, que ofician de operadores, y que forman parte junto con los políticos, de los cuales no tenemos que olvidarnos, sosteniendo toda esta situación de impunidad de la policía, en donde todo esto solamente es juzgado en aquellos casos en donde la evidencia es incontrastable y la opinión pública se hace sentir. Ahí, es recién en donde optan por sacrificar lo menos posible y entregan algo, para aparentar que se va hasta las últimas consecuencias.
EF: Hablando de medios de comunicación, se ha atacado mucho, desde ese lugar, a la prueba presentada por ustedes, tanto en lo relativo al uso del celular de Facundo, como al reconocimiento canino, a la ropa y pertenencias encontradas, lo cual podría parecer ser una estrategia para desvirtuar la investigación. Con esta reconfiguración que me mencionabas en la Fiscalía y el Juzgado: ¿qué cree que puede pasar con esa prueba?
LA: Considero que este Juez es muy minucioso y muy detallista. Entiendo que, si las cuestiones que estamos pidiendo son fundadas, nos va a dar lugar a las distintas medidas de prueba. Además de que también hay muchísimas pruebas recogidas específicamente de los mensajes y llamadas borradas encontradas en los teléfonos de los policías, que también nos permiten avanzar en cuestiones importantes para la investigación, independientemente de lo que digan los operadores de los distintos medios de comunicación, porque se encuentran clarísimas en el expediente. Mensajes borrados, declaraciones de WhatsApp sacadas el día 8 de mayo, como en el caso de Xiomara Flores. Y quiero hacer hincapié en esto: no son muchas las causas en las que yo he visto que se puede recusar, lógicamente con mucho trabajo, tanto al fiscal como a la jueza, que también han sido denunciados ante los organismos correspondientes, llámese Procuración o Consejo de la Magistratura. Por eso, entendemos que este es un nuevo escenario, con Fiscales que no están empeñados en encubrir, como pasaba con Ulpiano Martinez. Y, con un Juez que, hasta el momento, entendemos de acuerdo a lo que ya ha resuelto, va por ese mismo camino. Por ejemplo, ha rechazado el pedido de nulidad de lo actuado por Marcos Herrero [Adiestrador canino que realizó varios peritajes clave para la investigación] y que va a resolver cuestiones con un criterio totalmente distinto al que tuvo la Dra. Marrón. Y más aún con lo que expresó Casación, que dejó una vara muy alta en lo atinente a las actividades que tiene que realizar la justicia para investigar exhaustivamente delitos tan graves como la desaparición forzada de personas.
EF: Desde lo estrictamente procesal, y para resumir: ¿cuáles son las acciones que van a llevar adelante desde la querella y qué expectativas tienen respecto al avance de la causa?
EF: Desde lo estrictamente procesal, por ahora tenemos previsto una serie de entre diez y quince declaraciones. Y digo entre diez y quince por ahora, porque si recibimos algún tipo de información por otro lado, no te podría precisar cuantas en total. Estos testigos van a declarar sobre distintas cuestiones relacionados al momento de la desaparición de Facundo y a aspectos posteriores relacionados con el encubrimiento. Es muy complejo, hemos tenido reuniones con la Fiscalía para depurar y fijar las fechas de agenda respecto a sus necesidades y las nuestras, así como exhortarlos a actuar con la inmediatez y a la celeridad que pidió la Comisión Interamericana Derechos Humanos. Tiene que quedar en claro que los tiempos de las víctimas no son los tiempos de los funcionarios judiciales, menos los de los funcionarios federales. Y eso, desde lo estrictamente procesal, pero no tenemos descartado pedir, si tenemos buen resultado con las medidas periciales que estamos solicitando, informes integradores de las distintas pericias. Estas pericias, si bien nos dan información muy importante, fragmentadas no tienen el mismo peso que tendría un informe integral que nos permita, entre otras cosas, establecer qué pasó con el teléfono de Facundo en base a los distintos informes parciales o fragmentarios, que nos dicen que estuvo en distintas circunstancias y lugares que lo vinculan, a mi entender, en lo que hace a la responsabilidad, con la Bonaerense. Y, entendemos que también, de acuerdo a lo que dijo Casación, que como dije puso una vara bastante alta en cuanto a las medidas de investigación, se pueden volver a pedir distintos tipos de secuestros de elementos importantes para la causa. Aunque, pasados ya dos años, hay que ver si tendrían la misma efectividad que cuando se pidieron.
EF: Desde lo personal, a dos años: ¿cómo te encontras? ¿Y cómo están Cristina y la familia de Facundo?
LA: Los abogados que acompañamos a Cristina hemos sido golpeados fuertemente. En lo que es Bahía blanca, se nos ha vinculado con el narcotráfico, a Lucho [Luciano Peretto] lo denunció la jueza, a mi me denunció el fiscal. Me han denunciado periodistas que ofician de operadores, pero creo que es parte del compromiso que uno toma y por supuesto no es nada al lado de lo que le pasa a la familia, a los allegados y a muchos testigos que han declarado, que han sido apretados, amenazados y a los que, incluso, se les han infiltrado. Pero estamos esperanzados. Creo que siempre hay que rescatar lo positivo, como el hecho de que conseguimos en su momento de quién menos esperábamos, que era el Procurador Julio Conte Grand, la designación de dos fiscales independientes, sin lo cuál no hubiéramos podido avanzar como avanzamos. Entonces, estamos en una causa en donde, también, se juegan otros componentes, como es la importancia del delito que estamos investigando. Esto pone el foco de la Argentina en los organismos internacionales de derechos humanos y es como como un faro que nos permite seguir aunque parezca que estamos en la oscuridad. Tenemos bien claro que para el stándard de prueba que exige la Comisión Interamericana o la Corte Interamericana derechos humanos, los policías ya tendrían que estar detenido, que es lo que esperamos. Así que vamos a seguir acompañando a Cristina y creemos que vamos a llegar, no sé cuándo, pero creemos firmemente que vamos a llegar a la verdad.
* Abogado, Profesor de la Facultad de Derecho de la UBA.
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