En esta nota, escrita a tres años de una de las masacres policiales más tremendas de entre la multitud a la que nos tienen acostumbradas las fuerzas de seguridad del país, Luis Brunetto, quien cubrió la masacre para El Furgón, portal de noticias de la Revista Sudestada, describía el entramado político destinado a salvar las responsabilidades de la flamante Subsecretaria de Asuntos Institucionales Sandra Mayol, estrechísima colaboradora de Sergio Massa, y contra la que existe una causa abierta por «Incumplimiento de los deberes de funcionario público».
Por Luis Brunetto, 20- 05- 2022/
«Monte, tres años»
Aníbal Suárez (22), Camila López (13), Danilo Sansone (13), Gonzalo Domínguez (14) y Rocío Quagliariello (13), fueron las víctimas de la masacre de la madrugada del 20 de mayo de 2019. Sólo Rocío pudo sobrevivir, después de luchar durante semanas con la muerte. Los chicos, que iban en el viejo 147 de Aníbal, fueron atacados a balazos por policías de la bonaerense, perdieron el control y se estrellaron contra un acoplado estacionado. A Gonzalo, sentado en el asiento trasero, le había entrado uno de los balazos.
¿Por qué los policías de la bonaerense Rubén García, Leonardo Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Ibañez, dispararon a mansalva contra el 147? Las hipótesis, que deberían dilucidarse en el juicio, varían. Los chicos habrían pasado por la ahora cerrada “Cueva del Oso”, y los policías creyeron que habrían visto “algo”, un algo que pudiera ser la descarga de un cargamento de drogas. La llegada inmediata al lugar de la masacre del oficial Héctor “Pipi” Angel (preso, acusado de encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público), a quien en la ciudad se sindica como ligado al narcotráfico, abona esa explicación de los hechos.
Pero también existe la hipótesis de un ensañamiento con el joven trabajador de la construcción Aníbal Suárez. Llegado hacía poco tiempo de Misiones, semanas antes de la masacre había sido detenido junto a su hermano Emanuel por no tener en orden los papeles del auto, y el subcomisario Franco Micucci (Jefe de Policía de Monte) le cobró una coima de $ 4 mil para devolvérselo, que Aníbal tuvo que pagar con la plata que estaba juntando para la transferencia. Los policías habrían reconocido al 147, habrían intentado pararlo para volver a sacarle plata, pero Aníbal huyó y los policías dispararon a matar.
La trama política: salven a Mayol…
En cualquier caso, la masacre fue reveladora del carácter sistemático de la represión social que ejercen las fuerzas de seguridad sobre los jóvenes de clase trabajadora. Es evidente que, en pleno gobierno macrista, reivindicadas explícitamente desde el estado nacional y provincial las prácticas conocidas como “doctrina Chocobar”, un desmadre policial de este tipo era inevitable. Pero la intendencia municipal, en manos de la massista Sandra Mayol, era también una activa promotora del control social policial al estilo del macrismo, tal como lo documentó el informe de la Comisión Provincial por la Memoria realizado poco después de los hechos, que recoge numerosos casos de represión estatal previos en los que estuvieron involucrados varios de los policías perpetradores de la masacre.
El papel encubridor de la Intendenta y su equipo, que desde un primer momento sostuvieron la hipótesis del accidente, es indudable. Mayol sostuvo esa hipótesis todo lo que pudo, incluso después de que Fabián Zarzoso, abuelo de Camila, le dijera que le constaba que había habido disparos. Fue sólo la difusión de las imágenes por un empleado municipal rebelde, Alexis Rodríguez, la aparición de un testigo presencial de los hechos, Rodrigo Masías, y el hallazgo de vainas por parte de una vecina lo que desmoronó la hipótesis del accidente que defendían Mayol y la policía. Valientemente, el pueblo de Monte hizo salir la verdad a la luz.
Pero la totalidad del régimen político le lavó la cara a Mayol. A pesar de la masacre, fue la candidata a Intendenta del Frente de Todos, cuando Sergio Massa impuso a Cristina y Alberto, como condición para el acuerdo del que surgió el FDT, conservar las intendencias del Frente Renovador. A pesar del descontento del kirchernismo local, en las PASO hubo lista única. Y así como, aun después de la masacre, ni la gobernadora María Eugenia Vidal ni el ministro de Seguridad provincial Cristian Ritondo, se privaron de sacarse una foto con la abogada empresaria lechera y jefa comunal de Monte, tampoco lo hizo Massa, que visitó Monte durante la campaña de 2019 para apuntalar a su seguidora, ni el «izquierdista» Axel. Mayol fue, por supuesto, derrotada en aquellas elecciones, y Monte fue una de los pocos distritos en que ganó Cambiemos, a pesar de la ola de rechazo general a la reelección de Mauricio Macri.
El castigo político de sus vecinos y el haber sido denunciada por “incumplimiento de los deberes de funcionario público», no fue suficiente sin embargo para impedir que Mayol fuera inexplicablemente nombrada por Alberto Fernández en enero de 2020, a instancias de Sergio Massa, Directora Titular de SOFSE, con un jugoso salario, y tercera en la línea de mando de la empresa estatal de ferrocarriles que dirige el también massista Martín Marinucci.
¿Incumplimiento o encubrimiento?
De que Mayol y allegados pretendieron hacer sobrevivir la hipótesis del accidente hay varios indicios. Por ejemplo, las represalias contra Alexis Rodríguez, el empleado municipal que difundió las imágenes de la masacre. O el comportamiento de Mayol, de su recientemente fallecido secretario de seguridad municipal Claudio Martínez y del Concejal Abel Blencio, comisionado por Mayol para apersonarse en el Centro de Monitoreo de la Municipalidad horas antes con amplios poderes, como surge de la Interpelación que le hizo el Concejo Deliberante. Según Fabián Zarzoso, abuelo de Camila, había policías que desde la madrugada explicaban que el choque se había producido por disparos contra unos chicos “que estaban robando”, algo que no podía no saber Martínez, y que no podía haberle ocultado a Mayol. Zarsoso se los recriminó personalmente a primeras horas de aquella mañana a Mayol, a Martínez y a Blencio.
Ismael Jalil, ex abogado de Correpi, cuenta que el 21 de mayo alrededor de las 14:30 fue al CM, dónde se encontraban Mayol y Martínez, que “pretendían demostrar que el 147 iba a alta velocidad y que la imagen de García asomado y disparando era una linterna para ver la patente. Ambas cosas falsas: el 147 entró a velocidad normal y la patrulla le hacía ‘sombra’, la patente se veía sin problemas y lo que portaba el cana era un elemento oscuro que manipuló un par de veces, sin luz ni reflejos que hicieran presumir que se tratara de un foco” (Ver https://bit.ly/3NxzaeV).
Semanas después de la Audiencia pública que organizara a principios de agosto de 2019 la diputada nacional por el FIT Romina Del Plá (ver https://bit.ly/3wBTk1O y Sudestada N° 158), en la quedó claramente expuesta la resposabilidad de Mayol, la Comisión Provincial por la Memoria la denunció, junto al jefe de Bomberos Nelson Barrios. La causa lleva la caratula de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y, según nos confirmara la abogada de la CPM Margarita Jarque, “fue girada a la UFI 3 de La Plata, y tiene un trámite bastante más lento que la causa principal”.
Consultado por EF sobre la figura de «incumplimiento» que estableció la fiscalía, un abogado penalista experto en causas de Gatillo Fácil y profundo conocedor de los hechos de Monte opinó: “No sé en qué se basa la figura del incumplimiento. En el caso del bombero entiendo que es por haber levantado los cuerpos en la escena del crimen, pero en el de la Intendenta no: para mí ella encubrió.”
La diferencia entre “Incumplimiento” y “Encubrimiento agravado” no es menor. El primer delito prevé una pena de entre 15 días y 2 años de prisión, excarcelable, inhabilitación de 4 años para ejercer cargos públicos y un plazo de prescripción que vence el 20 de mayo de 2023, ya que en la causa no se ha tomado medida procesal alguna. En cambio, el máximo de la pena por encubrimiento, agravado en este caso por tratarse de una funcionaria pública y por la gravedad del delito presuntamente encubierto, es de 6 años, no excarcelable hasta los 4 años, 12 años de inhabilitación, y prescribiría el 20 de mayo de 2031…
¿Se acabó la rabia..?
De pasada, hay que decir que Abel Blencio habia tenido mejor suerte que Claudio Martínez: no fue acusado en ninguna de las causas, a pesar del papel que, según admitió la propia Mayol en la interpelación en el CD, jugó como interventor “de hecho” en el CM.
Martínez, ex secretario de Seguridad del municipio, murió a principios de mayo luego de ser atacado por un perro rottweiler que algunas versiones aseguran era de su propiedad, mientras otras afirman que se trataba de un animal que le habían entregado en custodia.
Martínez estuvo preso desde el 27 de mayo de 2019 hasta abril de 2020, cuando fue liberado por la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata entre los presos con riesgo de vida por el coronavirus, a pesar de que no cumplía con los requisitos establecidos por la medida que posibilitaba las liberaciones. Finalizada la pandemia continuó sin embargo en libertad.
Interrogada por EF sobre el impacto de la muerte de Martínez en el desarrollo de la causa, Jarque afirmó que “el ex secretario de seguridad tuvo un rol fundamental y articulador entre la policía y el encubrimiento que se efectúa desde diversos lugares, fundamentalmente el ocultamiento de cámaras del municipio, desde el ocultamiento de la verdad a las familias, desde las diversas versiones que se echaron a correr, así que es importante desde ese lugar, pero nada que no pueda reconstruirse con la prueba tan contundente que tendrá también la causa del encubrimiento”.
Repasemos: además de los 4 bonaerenses imputados por «homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales calificado por el empleo de armas de fuego, y violación de los deberes de funcionario público» (García, Ecilape, Monreal e Ibáñez); el subcomisario Franco Micucci (jefe de la Policía de Monte al momento de los hechos), y los policías Mario Mistretta, Florencia Stankevicius, Julieta Aguilera Rearte, Nelson Rodríguez, Evelin Van Monleghey, Camila Galarza, Marisol Rizzo, Sergio Servia, Raúl Mauregui y el tristemente célebre Héctor “Pipi” Ángel, irán a juicio por delitos ligados al encubrimiento de la masacre.
Martínez engrosaba esa lista como imputado por encubrimiento. Tal como afirma Jarque, su muerte no complica, según el experto penalista que citamos antes, la probanza de los delitos de quienes estaban “por debajo” de su autoridad, pero puede complicar la de las presuntas responsabilidades de Mayol o Blencio en el juicio posterior y derivado del principal, ahora en trámite de ofrecimiento de prueba y de presentación de testigos: “¿Se hubiera dejado hundir sólo, sin contar toda la verdad?: tengo mis dudas, puede haber secretos que ahora se va a llevar a la tumba”.
En todo caso, entre la gente de Monte comprometida con la verdad cunde la desconfianza: “Muerto el perro se acabó la rabia. Esperemos que en este caso el refrán no aplique”, nos dice una vecina en la marcha organizada por los familiares para conmemorar tres años de dolor y, por ahora, de injusticia.
Foto: Monte 24 Noticias.
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