“Fuera del ‘prime time’: ¿Hacia la impunidad en el caso Facundo?”, por Brian Magnaghi

La noticia sobre la desaparición seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro ya no es tema de agenda en los grandes medios de comunicación. Aquellos días en que  la noticia de la búsqueda del paradero y de respuestas ante los interrogantes que despertó la intervención de la Policía Bonaerense, parecen corresponder a otro momento histórico. Cómo intervienen los medios en el encubrimiento de los crímenes estatales.

Por Brian Magnaghi* para Estación Finlandia/

El caso de Facundo no es único ni excepcional, sino un nuevo ejemplo de un accionar sistemático por parte del aparato represivo del estado, que encuentra en las fuerzas de seguridad al brazo ejecutor de los crímenes más atroces, y ante cuya violencia juega un papel claramente encubridor.

Sin embargo, las contradicciones políticas dentro de las clases dominantes hacen que estos casos se vuelvan objetos de aprovechamiento político. De un lado o del otro del mostrador, las disputas dentro del régimen burgués son las que hacen de un caso u otro un crimen a encubrir o, por el contrario, un bastión a reivindicar, con los grandes medios de comunicación como el escenario privilegiado en el que se despliegan esas luchas.

Así, comunicadores que otrora justificaban el accionar criminal de las fuerzas de seguridad, por ejemplo en el caso de Santiago, se ubican ahora como paladines de los DDHH, mientras que aquellos que se indignaban por el accionar policial durante la gestión de Cambiemos, ahora buscan suavizar, minimizar e incluso despegar a la policía de cualquier responsabilidad en la muerte de Facundo.

Victimizando a victimarios, criminalizando víctimas, cuestionando familiares, bregando por una institucionalidad de cartón, los replicadores comunicacionales del discurso dominante ofrecen las más delirantes salidas a la hora de abordar problemáticas tan significativas para la vida social. Para eso se replican los casos sin cesar, se los banaliza hasta el hartazgo, se masifican las opiniones de quienes dicen llamarse expertos, se suman las apreciaciones sin rigor alguno de figuras mediáticas y hasta de personajes esotéricos, en pos de sacarle un poco más de jugo a la noticia. 

Sin embargo, en todo este devenir comunicacional es clave el papel del Estado. La filtración de hipótesis judiciales –que en su mayoría son “carne podrida” -, de fotos que sólo persiguen despertar el morbo del público, la aparición de testigos falsos y demás cuestiones, surgen del propio aparato estatal, sea desde el poder judicial, desde personas ligadas a la policía o desde las carteras ministeriales de seguridad. 

Lo grave es que este mecanismo no sólo es el producto de un intercambio de favores económicos con el fin de explotar el cholulismo que garantiza el circo mediático, sino uno de los elementos con los que se ponen en práctica las maniobras de encubrimiento. Que Santiago estaba en Chile, que Facundo se escondía de represalias de la familia de su novia, que un testigo vio a Santiago en Entre Ríos, que una señora trasladó a Facundo hasta quien sabe dónde, son noticias que se instalan con el solo fin de desviar el foco de la verdadera investigación, y más aún, de quienes aparecen como sospechosos de las desapariciones. 

Y en ese devenir encubridor, juega un papel también la decisión de desplazar del “prime time” un caso como el de Facundo que, hasta hace poco tiempo, prácticamente monopolizaba la pantalla. La disconformidad con la cuarentena, las revueltas policiales, las tomas de tierras, el precio del dólar, y alguna que otra noticia de momento, se convierten en el pretexto para correr el eje de atención de la población.

Y en esto, no hay mayor beneficiado que el propio Estado, encubridor histórico del accionar de sus “fuerzas del orden”. Dependiendo del discurso y de las políticas macro de su gestión, o simplemente de la coyuntura, ese estado lleva adelante estas tareas de encubrimiento de modo solapado, como ocurre con esta gestión, o con un discurso legitimante, como se dio durante la experiencia de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Así, si el crimen de Santiago representó un quiebre en la política represiva del macrismo, que forzó un cambio en la actitud pasiva de algunos, en el contexto de un ciclo que se inició con el repudio a la cúpula de la CGT el 7 de marzo y que culminó con los acontecimientos del 18 y 19 de diciembre de ese mismo 2017, muchos de aquellos que en ese momento repudiaron el accionar represivo de Macri y Bullrich, hoy relativizan el mismo tipo de accionar respecto al caso de Facundo.

Que la autopsia haya arrojado que falleció producto de una asfixia por sumersión (ahogamiento), tuvo para amplios sectores del progresismo, el mismo efecto que para aquellos que pregonaban la impunidad de Gendarmería respecto a Santiago. Casi como un acto de fe, no interesan las circunstancias que derivaron en esa muerte, el hecho de que una persona se introduzca en circunstancias anómalas en aguas heladas, la presencia policial en un rol coactivo al momento de los hechos. Sólo parecería importar que no murió producto de un disparo de arma de fuego, único factor que para estos sectores incriminaría a la policía.

María Gabriela Marrón, Jueza Federal de Bahía Blanca, a cargo del caso Facundo

Y la cosa se agrava en el plano institucional. Desde la cartera de Seguridad nacional, más allá de algunos gestos en privado con la familia, poco y nada se realizó para esclarecer este hecho. Ni hablar desde la provincial, en donde el Ministro Berni, responsable político por el accionar de la bonaerense, lejos de mostrarse al menos preocupado por la situación en la que estaba involucrada la fuerza que está bajo su mando, desde un primer momento jugó el rol de defensor, en consonancia con la doctrina de la ex ministra Bullrich, que predicaba “No voy a tirar a ningún gendarme por la ventana”, en relación a la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado.  

El Poder Judicial ha mostrado, también, una y otra vez su complicidad para garantizar la impunidad de aquellos que cometen crímenes amparados en su uniforme. Son incontables los malabares que se tienen que hacer desde los organismos de DDHH para obtener alguna condena, o incluso a veces una investigación mínima, respecto a casos de gatillo fácil, tortura o desapariciones. Ni siquiera los casos con repercusión mediática masiva escapan a esta realidad. Para muestra alcanza con ver el accionar del ex Juez de la causa de Santiago Maldonado, Guido Otranto, o la actuación posterior del Juez Gustavo Lleral, en una investigación que, con la intervención del nuevo Juez Hugo Sastre, ya pasó por las manos de tres magistrados distintos, lo que denota a las claras el mal manejo judicial. 

En los últimos días la Jueza María Gabriela Marrón, rechazó las medidas solicitadas por los fiscales en la investigación del crimen de Facundo, entre ellas el secuestro de teléfonos de policías, y el allanamiento al puesto de vigilancia de Teniente Origone, donde se halló el amuleto que la familia reconoció. El argumento de la magistrada para rechazar dichas medidas que podrían echar luz sobre un hecho tan oscuro es insostenible: “El reclamo social es entendible. Es fácil para la sociedad creer que haya sido la policía. Pero el juez del caso necesita prueba. Perseguir a esas personas o invadir su intimidad sin pruebas, porque son policías, por su condición, es aplicar el Derecho Penal de Autor. Ser policías no los vuelve delincuentes ni culpables. De este modo se reeditaría una persecución de clase inaceptable en la evolución democrática de nuestro país”.

Con una maquinaria represiva por demás aceitada, que cuenta con factores que articulan todo el tiempo entre sí de manera más que efectiva –fuerzas de seguridad, aparato político, aparato judicial, medios de comunicación, poder económico -, el único camino que parece viable por el momento, es el de visibilizar los mecanismos de creación de sentido y legitimación de sus prácticas. Básicamente, hacer que nuestra intervención política sea de construcción de sentido, y no solamente declarativa y de denuncia. No caer en el simple rol de denunciantes, y operar, desde la organización, como transformadores de una realidad por demás compleja y apremiante, es la mejor forma de contribuir para que los casos como los de Santiago y Facundo, no sigan encontrando paralelismos de impunidad con víctimas en el futuro.   

* Abogado de Correpi, Profesor de la Facultad de Derecho de la UBA.

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