Ayer 12 de abril se realizó la audiencia de apelación a pedido de las defensas de César Arakaki y Daniel Ruiz, condenados políticos en primera instancia por el Juez Javier Ríos, como consecuencia de haber participado en las jornadas del 18 de diciembre de 2017 contra la reforma jubilatoria macrista. Miles de compañeros se manifestaron en Comodoro Py para reclamar la absolución. El veredicto de la Cámara se dará a conocer la semana próxima. Aquí, el alegato de las defensoras de César, las Dras. Liliana Alaniz y Claudia Ferrero.
Por Liliana Alaniz y Claudia Ferrero/
Señores jueces: en esta audiencia queremos destacar que acompañan a César una gran cantidad de personalidades que nos parece muy importante que ustedes tengan conocimiento. No voy a poder nombrar a todos pero sí vamos a destacar algunas personalidades que están con nosotros Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, está Horacio Roca de la Asociación Argentina de Actores, dirigentes de la Asociación Japonesa de la Argentina y miembros de la colectividad japonesa, hay referentes de organismos de derechos humanos, también están presentes diputados nacionales y diputados de CABA, referentes sindicales, de agrupaciones políticas y de la Unidad Piquetera.
Señores Jueces: entendemos que esta es una causa política, una causa que implica una persecución política, que se inició durante el gobierno de Mauricio Macri y que hoy, 6 años después, continúa bajo este gobierno. Es la represión el método que todos los que gobernaron y gobiernan utilizan para intentar seguir sosteniendo un sistema de hambre y opresión. Este caso es una punta de lanza en un proceso de criminalización enorme que alcanza hoy en día a cientos de procesados por salir a defender sus derechos a lo largo y ancho del país No importa si es por trabajo, por la miseria reinante, en defensa de agua. El espectro es infinito: frente a todo lo que nos dicen desde el estado es “si protestás, represión”.
Este proceso, este juicio, estuvo plagado de prejuicios, discriminación y una clara obstinación en atacar a una fuerza política y en particular a uno de sus militantes. Esta afirmación no es menor, aunque puede sonar fuerte: creemos nosotros que se ha demostrado en nuestro alegato y hoy otra vez venimos a poner blanco sobre negro, y remarcarlo con colorado, como hacían con los videos de César en las audiencias del juicio, en las que lo señalaban con un circulito rojo para que se lo pudiera identificar.
Qué es lo que ocurrió aquel 18 de diciembre es de público conocimiento, pero igual no podemos dejar de recordar los hechos que se pretenden criminalizar, criminalización que estamos enfrentando hoy y que justamente tuvo que ver con un proceso de ajuste fuertísimo que sufría la clase trabajadora en 2017. Nos encantaría decir que ya no estamos atravesando un ajuste, pero lamentablemente seguimos sufriéndolo.
Aquella reforma previsional que impulsaba el gobierno era realmente un asalto a mano armada a los jubilados y generó un repudio total en la población, que se manifestó masivamente contra su sanción. Las dos movilizaciones masivas fueron reprimidas salvajemente por las fuerzas del estado. En la primera, la del 14 de diciembre, la represión estuvo a cargo de la Gendarmería, la misma Gendarmería responsable de la desaparición de Santiago Maldonado pocos meses atrás.
El 18 de diciembre, y a pesar de la represión salvaje del 14, 300 mil personas nos movilizamos, la plaza de los Dos Congresos estaba repleta de manifestantes que rechazaban esa ley previsional absolutamente reaccionaria. El clima de descontento popular había ganado las calles y la clase trabajadora y del pueblo se manifestaron masivamente, demostrando cual era la voluntad popular. La CGT, para salvar las papas, llamó a un paro testimonial sin movilización, para intentar encubrir su complicidad no solo con esta reforma anti jubilatoria sino también con la reforma laboral que planeaba impulsar el gobierno.
En el Congreso, a 200 metros a la redonda se había dispuesto un operativo de más de mil efectivos de la policía de CABA, y cuando los manifestantes intentaron avanzar comenzaron las arremetidas, los gases y balas de goma.
Las multitudes avanzaban y retrocedían en el radio que va desde la plaza de los Dos Congresos hasta Avenida de Mayo y 9 de julio. El hecho más extraordinario fue la presencia de grandes columnas obreras participando activamente de la protesta, a pesar de la agresión policial. Los propios trabajadores fueron los que defendieron su derecho movilizarse y a protestar. La diputada Romina del Plá planteó en el recinto que se llamara a un referendum para que el pueblo pudiera manifestar su voluntad, planteo que contó con el apoyo de 108 diputados, pero que fue rechazado por el bloque macrista y sus aliados. También se rechazó la moción de detener la sesión atento a la represión que estaba ocurriendo afuera
Durante la tarde los policías avanzan con hidrantes, con motos, con gases y balas de gomas sobre la multitud. Y empiezan con una cacería que fue impresionante. Se había presentado un amparo por el uso de armas durante la represión del 14 de diciembre y había gente que le reclamaba a la jueza Vergara había prohibido ese uso, la aplicación de ese fallo.
Atento a eso, nos preguntamos: ¿querían una masacre? No podemos dejar de destacar que los policías disparaban con postas de gomas apuntando a los ojos de los manifestantes, y que al menos cuatro de ellos perdieron sus ojos entre las decenas de personas que debieron ser atendidas en los servicios de urgencia del Santa Lucía. Cuando las columnas se trataban de retirar por las calles laterales, la policía arrojaba gases para sembrar terror, ¿y nos quieren hacer creer que los manifestantes provocaron intimidación pública, cuando la verdadera intimidación pública la ejerció el estado?
Las redes sociales explotaron de videos denunciando la brutalidad policial y la presencia de infiltrados de civil. Se difundieron las imágenes de motociclistas policiales arrollando a un manifestante después de haberle disparado una perdigonada, también una moto con un policía golpeando ferozmente a un jubilado, y una patota de la policía echando gas pimienta a los periodistas y especialmente a los fotógrafos, que fueron un objetivo deliberado de la represión.
Por la noche, la reacción popular en virtud de todo esto se transformó en una marea de gente que bajaba de los barrios de CABA haciendo cacerolazos, y en en todos los barrios de Gran Buenos Aires, de Rosario, Córdoba, Mendoza. Con la población llegando de los barrios se volvió a llenar la plaza, ya hasta la madrugada. Mientras adentro los diputados sesionaban, esta protesta se extendió hasta las 3 de la mañana cuando, sin que hubiese mediado ningún tipo de incidentes, nada que sirviera de excusa para la represión pero claro, lo importante era que la plaza estuviera vacía, volvieron a reprimir, En esas condiciones la sesión en el parlamento finalmente se extendió hasta las 6 de la mañana y el macrismo, para ese momento, ya había logrado su objetivo, que era justamente perpetrar un nuevo robo a los jubilados.
En aquel momento, y para justificar la represión, Elisa Carrió en su intervención denunció como golpistas a las movilizaciones, habló de una conspiración, para sentar las bases para lo que podía ser una declaración del estado de sitio. Pero el estado de sitio ya se estaba dando de hecho, porque se estaba atacando nuestro derecho a movilizarnos, a manifestar, el derecho a circular por la ciudad de Buenos Aires.
Lo que decía Carrió, que después constituyó la base del relato del fiscal que finalmente acogió el juez Ríos, los videos y los testimonios demostraron que no fue más que una impostura. Nadie tenía la intención de entrar al Congreso, sino la de que se escuchara nuestra voz para que esa ley rechazada por el pueblo no se aprobara. No hay mejor muestra del carácter represivo del estado que el uso del código penal para criminalizar la protesta social como medio de aleccionar al pueblo trabajador para evitar futuras protestas.
Queremos señalar que el hecho de que el gobierno nacional durante la campaña haya negado que se iba a colocar en la agenda legislativa la cuestión jubilatoria generó una conmoción. La movilización del 14 de diciembre hizo peligrar la sanción de la ley y forzó una serie de reuniones en las que debieron intervenir los gobernadores para garantizar los votos para su aprobación.
Hubo una situación extraordinaria después del 14 de diciembre, porque la Gendarmería hizo desmanes y eso obligó a cambiar de fuerza de seguridad. Pero la orden era la misma: reprimir a todo aquel que se manifieste. Eso fue una “confesión de parte” del estado.
Yo no sé si alguno de ustedes estuvo presente el 14 de diciembre, los que están acá atrás mío seguro que sí, pero cuando se levantó la sesión se escuchaban los aplausos que bajaban de los edificios. Porque realmente este robo a mano armada no estábamos dispuestos a santificarlo subiendo un nuevo escalón en la miseria al que nos estaba llevando el gobierno. Obviamente era necesario lo que decía antes: que el 18 de diciembre la plaza más temprano que tarde fuera desalojada. A partir de las 6 de la tarde iba a seguir llegando más gente, la gente que salía de trabajar y tenía que bajar a la plaza porque era lo que se sentía, lo que vibraba en el aire de la ciudad de Buenos Aires y en el resto del país.
Por eso es que decimos que la intimidación pública la ejerció el estado y no César, y que el estado lo hizo con sus voces de alarma. Y ustedes me preguntan ¿cómo voces de alarma del estado? ¿Cuáles? La demonización mediática que hubo de las personas que se movilizaban, los dichos de Carrió por ejemplo, la implementación de vallados que impedían el libre tránsito, los que trabajábamos en la zona de Congreso no podíamos llegar a trabajar, no porque había una movilización, sino porque estaba absolutamente todo vallado.
El derecho a la protesta fue ejercido por más de 300 mil personas que se hicieron presentes en la plaza, y ese número iba a seguir creciendo Y eso es lo que había que evitar. Con esta condena el juez Ríos lo que pretende justamente es el escarmiento para que no sigan movilizándose. Entonces queremos destacar que no hubo coordinación alguna entre Arakaki y otros manifestantes, ni siquiera con Ruiz a quien conoció el día que tuvimos que sentarnos por primera vez frente al juez. Esa es una hipótesis fabricada por el estado para poder sostener una imputación a un militante del Partido Obrero y en defensa de intereses contrarios al pueblo trabajador, sobre la base de la represión primero y la criminalización pública después.
No puede imputársele a César el delito de intimidación pública. Esto realmente es un inventó de Ríos, porque decir que alguien que fue a una movilización a oponerse a la sanción de una ley quería impedir que el resto de sus compañeros y compañeras se movilizaran por la misma causa es un absurdo que no reviste mayor análisis, ni posee sentido común ni jurídico de ningún tipo. Asombra pensar además teniendo en cuenta la historia de este país que cuando la gente se moviliza con su organización no lleve pancartas, banderas, bombos, redoblantes y es más ridículo su pensar que esas son armas o “señal de alarma”. Esto no tiene nada que ver con la preparación previa para actuar de modo violento a causar desmanes.
Entonces acá no hay intencionalidad alguna. Tomamos lo que dijo Núñez: si no existe dolo no se puede configurar ese tipo penal.
Insisto en que fue el gobierno, fue el estado quien provocó esa situación para evitar que el pueblo se manifieste. Lo demuestra el vallado y el cercado de cuadras y cuadras para que nadie pueda llegar a la plaza de los Dos Congresos, Guardia de Infantería alrededor del Congreso y mucho más allá.
S las 6 de la tarde, comonñ ya dije, siguió llegando gente, eran las 3 de la mañana y la gente seguía reclamando y repudiando no solo por lo que había pasado sino también pidiendo la libertad de las personas que habían sido detenidas en el marco de esta cacería que habían llevado adelante los policías. Es necesaria una creación intelectual muy importante y que escapa de todo marco de razonabilidad para inferir que quien arrojaba una piedra o empuñaba una bandera o una pancarta cometía alguno de los delitos que se tratan de atribuir a nuestros defendidos. Pero además ni siquiera se precisó la descripción del hecho que le atribuyen, el tiempo, modo, lugar, de qué es lo que hicieron César y Daniel, que parece que fuera la misma acción durante una cantidad de horas indeterminadas porque no se describe absolutamente nada.
No existió durante la jornadas del 18 ningún tipo de delito que pudiese ser invocado en el modo que lo hizo el juez Ríos No hubieron personas intimidadas o amedrentadas por César. En consecuencia, pedimos se absuelva a César Javier Arakaki, subsidiariamente se reduzca la pena conforme a los argumentos vertidos en el recurso.
Finalmente tenemos que dejar sentado que la elección de los tipos penales utilizados no es caprichosa ni arbitraria, constituye una elección reiterada en la criminalización de la protesta social. No pueden señores jueces consentir que se violen los derechos humanos más elementales, de defensa, de debido proceso, de peticionar, de manifestar, qué es lo que se está haciendo desde el 18 de diciembre de 2017 hasta hoy mismo en que estamos acá sentados, 6 años después, reiterando que César y Daniel son inocentes, y que deben ser absueltos. Gracias.
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