A tres años de la desaparición de Facundo Castro a manos de la bonaerense, un intento de reflexión de fondo respecto a la lucha contra el sistema estatal del gátillo fácil y la represión social a la población trabajadora.
Por Redacción/
Cuando en diciembre de 2021 la Sala 1 de la Cámara de Casación Penal dio lugar a la recusación de la Jueza María Gabriela Marrón en el caso en que se investiga la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro, terminó de quedar probada la complicidad de la justicia en el encubrimiento de su desaparición y su muerte.
Aquella recusación resuelta a pedido de Leandro Aparicio y Luciano Peretto en nombre de Cristina Castro, representó un golpe mortal al operativo montado desde el ministerio de Sergio Berni para garantizar la impunidad policial e impedir que se esclarezcan las circunstancias que explican la desaparición y muerte de Facundo.
Ese camino hacia la impunidad que la lucha incansable de Cristina y sus abogados han logrado enderezar se construyó desde el primer día, cuando se construyó un relato basado en hipótesis policiales que luego se transformaron en las líneas de investigación que siguieron a rajatabla, para embarrar la cancha, los ministros, fiscales y jueces corruptos, garantes del gatillo fácil, Berni, Martínez y Marrón.
Así, por ejemplo, Berni habría financiado y provisto las fuentes del engendro periodístico del bahíense Germán Sasso Operación Facundo, un título que por otra parte bastardea cínicamente al clásico de Rodolfo Walsh. El libro de Sasso expone detalladamente la hipótesis defendida por Berni, por la jueza Marrón y el fiscal Martínez, todavía a cargo del caso cuando se publicó, y según la cuál la policía nunca retuvo a Facundo, que habría muerto en forma accidental en su periplo a pie hacia Bahía Blanca. De aquella hipótesis hoy sólo queda en pie el testimonio de la Testigo H que, introducida en la causa por dos de las acusadas, Jana Curruhinca y Mario Sosa, se contradijo en numerosas oportunidades y se encuentra al borde de un procesamiento por “falso testimonio”.
Pero, ahora bien: ¿acaso, al menos en el caso de la investigación sobre Facundo, este éxito de Cristina y sus abogados probaría que es posible obtener justicia en el marco de este sistema? No. El estado sólo garantiza justicia, y limitada, como concesión a las luchas de los familiares, luchas que se emprenden en un ínfimo porcentaje de los casos reales de lcrímenes de estado contra la población trabajadora, que normalmente quedan en la impunidad y el anonimato.
Plantear las cosas en otros términos naturaliza al estado represor, al estado del gatillo fácil. Un sistema en el que la justicia es arrancada con la lucha es un sistema que no garantiza la justicia. Está claro que esas luchas implican perturbaciones para el sistema con las que se consiguen imprescindibles condenas para los ejecutores, pero siguen permaneciendo en la impunidad los responsables políticos que garantizan el funcionamiento de conjunto del régimen del gatillo fácil.
Efectivamente, a excepción de casos como el de Mariano Ferreyra, donde la lucha se encaró con una clara perspectiva política y las condenas treparon hasta el propio secretario general de la Unión Ferroviaria José Pedraza, en la mayoría de los casos en que como consecuencia de la lucha de los familiares y las organizaciones antirrepresivas se juzga la actividad criminal del estado o de los empresarios la línea de corte es clara, y se establece alrededor de los autores materiales.
Algunos abogados de larguísima trayectoria en resonantísimos casos de gatillo fácil y represión estatal sostienen la hipótesis de que, al menos en la provincia de Buenos Aires, eso se facilita porque el estado está “de todos los lados del mostrador”. Plantean que la actividad de la Comisión Provincial por la Memoria, organismo del estado provincial que generalmente acompaña o directamente se constituye en querellante en este tipo de causas, contribuye a fijar esta línea de corte.
Así por ejemplo, en el caso de la Masacre de Monte, cuyo juicio se inicia el próximo lunes 8 de mayo en la ciudad de La Plata, van a juicio los policías ejecutores de los asesinatos y los que colaboraron en el encubrimiento. Sin embargo, está excluida del proceso la ex intendenta de Monte Sandra Mayol, actual Presidenta del INTI, de gran cercanía política y personal del ministro Sergio Massa. Mayol no fue incluida en la denuncia origin, y recién fue denunciada por la CPM en agosto de 2019, por lo que no tendrá que afrontar el juicio que se inicia el 8. Además, la denuncia que para varios abogados expertos en el tema debía haberse formulado por el delito de “encubrimiento agravado”, fue realizada por el delito mucho más liviano de “violación de los deberes de funcionario público”. Y el fiscal ha pedido que se la archive…
Lo cierto es que, para los familiares de las víctimas del estado burgués represor, el camino a la justicia es un camino plagado de espinas que se sortean con una tenacidad y una voluntad sobrehumanas, como la de Cristina y sus abogados. Ese esfuerzo de los familiares y de sus abogados personales alcanza generalmente para mandar a la cárcel a asesinos y encubridores policiales, pero no para poner en el banquillo a los responsables políticos.
Ese esfuerzo es, por supuesto, condición sine qua non para abrir un camino en el que las luchas de los familiares se asocien a una perspectiva política que impugne al estado represor en su conjunto.
Y que esté apoyada en un sólido movimiento independiente y de lucha capaz de quebrar cualquier intento de limitación impuesto por las instituciones con las que, más allá de las buenas intenciones de algunos de sus funcionarios, el estado represor pretende autoinvestigarse, juzgarse y absolverse a sí mismo.
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