Por Patricia Jure, diputada provincial del Frente de Izquierda- Unidad en Neuquén
El informe de Gendarmería recientemente publicado en diversos medios, y que delata tareas de espionaje respecto a la lucha que desarrollaron los mineros de Andacollo, no debe entenderse como expresión de un hecho aislado, sino como parte de un conjunto represivo llevado adelante por los gobiernos nacional y provincial contra este reclamo.
Deben ubicarse en este marco ilegal, los allanamientos que esa misma fuerza realizó durante la madrugada del 13 de mayo, en pleno conflicto, sobre las viviendas de los mineros. Tarea que la misma Gendarmería informó que realizó con «la inestimable colaboración de la policía provincial». No era un acto de “constatación de domicilio”, como infantilmente pretendieron dibujarlo, sino parte de la tarea salvajemente represiva que Gendarmería en todo momento desarrolló contra esta lucha, desde los bloqueos que realizó para impedir el paso de las caravanas, hasta el hostigamiento constante al piquete en Arroyito.
Por eso hay que entender estas acciones dentro de un plan represivo más general. No son “excesos” descolgados de algún comandante díscolo, como pretenderán presentarlos desde el oficialismo.
Por eso es que, junto a mi compañera diputada nacional Romina del Plá pediremos la comparencia de las ministras Sabina Frederic en el Congreso nacional, y Vanina Merlo en la Legislatura neuquina, para que rindan cuenta de estas tareas ilegales de espionaje. En éste último caso, aprovecharemos también para exigir respuestas respecto al secuestro durante más de trece horas de dos militantes del Partido Obrero de Chos Malal, cuando llevaban nuestra solidaridad con la lucha minera.
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