El pasado sábado 30 de mayo Sebastián Romero, militante del PSTU, fue detenido en Uruguay tras una larga persecución política y judicial que comenzó el 18 de diciembre de 2017, en la jornada de lucha contra la reforma previsional impulsada por el gobierno de Mauricio Macri. Tras ser detenido, Romero solicitó su extradición y ahora aguarda el proceso en el Penal de la ciudad uruguaya de Libertad. Estación Finlandia dialogó con su abogado, Mario Villarreal, quien junto a sus compañeros del PSTU reclama la inmediata libertad del militante y llama a movilizar este viernes 12 de junio al edificio de Cancillería a las 11 horas.
Por Redacción /
Estación Finlandia: Sebastián Romero ha sido estigmatizado por los medios de comunicación burgueses como el “loco del mortero» ¿Podés contarnos quién es Sebastián Romero?
Mario Villarreal: Sebastián es un obrero metalúrgico de la General Motors de Rosario. Allí trabajó durante 12 años, donde además fue delegado entre 2014 y 2016 en representación de la oposición al oficialismo de SMATA. Es un militante socialista y también un representante de su barrio, un barrio comunitario FONAVI que cuenta con un montón de problemas estructurales. En su barrio se puso al frente de varias peleas por mejoras en las condiciones de vida, como el mejoramiento de las calles, el servicio de agua potable o cambios de escaleras. Sus vecinos están angustiados por la situación de Sebastián y piden su libertad. Esa es la realidad de Sebastián aunque se lo haya demonizado por los medios como si fuera una persona agresiva o un delincuente, con una captura nacional e internacional que implicaba una recompensa de un millón de pesos.
E.F: ¿Y cuál es la realidad de la famosa imagen donde se lo ve lanzando pirotecnia?
M.V: En esa imagen que se viralizó Sebastián solo posee una rama de árbol que se cortó ese mismo día, con pirotecnia legal atada en la punta y sin ninguna capacidad de dañar a nadie. Nosotros defendemos el derecho a la autodefensa contra la represión policial, pero lo cierto es que esa pirotecnia no dañó ni podía llegar a dañar a nadie, solo provocó un estruendo. En este sentido no hay nadie, ninguna persona que haya denunciado o esté denunciando ahora que fue dañada por Sebastián.
E.F: ¿Cómo se inició la persecución policial entonces?
M.V: La Fiscalía Federal y el Juzgado Federal N° 12, del juez Sergio Torres, lo acusaron por el delito de intimidación pública, de atentado y resistencia a la autoridad. Ahí empezó la persecución. Pero la realidad es que con la acusación de la Fiscalía el delito es excarcelable, porque cualquier persona de nuestro país que no tenga antecedentes y esté acusado de un delito con una peña máxima de ocho años tiene que ser excarcelado. Este es el caso de Sebastián, que no tiene antecedentes, que el delito que se le imputa tiene una pena máxima de seis años y que en el caso de ser condenado habría tenido una pena de dos años, en el peor de los casos. Sin embargo se le negó la eximición de prisión, aunque fuimos a la Cámara de Apelaciones Federal del Juez Irurzun.
«El juez que tiene la causa de Sebastián es Canicoba Corral, un hombre con cinco pedidos de juicio político, todos ligados a cuestiones de corrupción»
E.F: ¿En qué pruebas se asienta la acusación contra Sebastián?
M.V: En ninguna prueba. La verdad es que a él se lo acusa por haber participado en la movilización contra una reforma que el gobierno de Macri pactó junto a los gobernadores peronistas para reducir jubilaciones y pensiones. Junto con otros compañeros del PSTU, Sebastián viajó desde Rosario hasta Buenos Aires y estuvo en la primera línea en defensa, al lado de la reja que dividía a la policía de los manifestantes. Lo cierto es que, como todos recuerdan, ese día lo que hubo fue una brutal represión, con la policía descargando balas de goma en cuerpo y cara de los manifestantes, algunos hasta perdieron la vista de alguno de sus ojos. Para ser claro: ese día le pasaron con la moto por encima a una persona indigente, por el solo placer de hacerlo.
E.F: ¿Y por qué Sebastián tomó la decisión de no entregarse?
M.V: Yo pongo el ejemplo de lo que ocurrió con nuestro compañero Daniel Ruiz porque el caso es exactamente igual. Como el de Sebastián, el delito que le achacaron a Daniel era excarcelable, pero igual fue detenido durante trece meses en una prisión de máxima seguridad, con presos comunes, con personas condenadas a 15 o 20 años de prisión. No estaba en ningún sector de presos políticos ni nada por el estilo, razón por la cual Daniel tuvo que vivir cuestiones muy tensas. Salió airoso, pero tuvo que estar trece meses preso, aislado de su familia. Sebastián sabía todo esto, si se entregaba iba a ser sometido a lo mismo.
E.F: ¿La persecución de Sebastián y la prisión de Daniel fueron parte de una decisión política?
M.V: Totalmente, hubo una persecución política. El día que se votó la reforma previsional fue un antes y un después en el gobierno de Macri, desde ese día la imagen de su gobierno empezó a caer en picada. Desde entonces el gobierno comenzó a presionar a la justicia para que tome decisiones en este sentido, pero lo cierto es que la justicia que investiga estos casos deja mucho que desear. El juez que tiene la causa de Sebastián es Canicoba Corral, un hombre con cinco pedidos de juicio político, todos ligados a cuestiones de corrupción. Se lo acusa de enriquecimiento ilícito, de recibir sobresueldos de servicios de inteligencia, de aumentar su patrimonio de modo injustificado y hasta de haber viajado en aviones de empresarios de forma gratuita. Si el gobierno kirchnerista no lo salva del juicio político tiene que ser destituido. Esa es la justicia que pide la detención de nuestro compañero y por ese motivo él no confía en la justicia.
«Es un joven luchador que peleaba para defender los derechos de los jubilados, por eso luchar por los jubilados es luchar por Sebastián y luchar por Sebastián es luchar por los jubilados»
E.F: ¿Cómo fue la detención de Sebastián en Uruguay? Se dijo que hubo un gran operativo…
M.V: No, nada de eso es verdad. El sábado 30 de mayo Sebastián, por decisión propia, intentó pasar por Migraciones con su documento, sabiendo el riesgo que corría. Quería volver a Argentina porque está preocupado por el tema de la pandemia, su padre es mayor y a sus hermanas no las ve hace más de dos años. Probó pasar por Migraciones e Interpol lo agarró, no es cierto que la policía hizo un trabajo de investigación y lo fue a buscar a un campo o que estaba escondido. Actualmente él está en el Penal de Libertad de Uruguay, un penal donde estuvieron ni más ni menos que los presos políticos de la dictadura.
E.F: ¿Y cómo sigue su situación judicial?
M.V: Bueno, en principio el domingo 31 se hizo la audiencia preliminar donde se le comunicaron los motivos de su detención. En Uruguay él está siendo representado por Pablo Giraldo, abogado de DD.HH., con quien se pusieron en contacto nuestros compañeros integrados a la Liga Internacional de los Trabajadores. En la audiencia Sebastián pidió ser extraditado, lo cual facilita el proceso, y nosotros desde acá ya solicitamos la extradición al Juzgado Federal. En esta semana el Juzgado sacó el exhorto y ahora Cancillería lo estaría girando a Uruguay el lunes. Ese proceso tiene un plazo máximo de treinta días, en menos de ese tiempo suponemos que Sebastián tendría que estar en Argentina.
E.F: ¿Están llamando a movilizar a Cancillería?
M.V: Sí, mañana viernes 12 de junio a las 11 horas se hace una concentración en Cancillería, vamos a presentar una serie de firmas para manifestar nuestro apoyo a Sebastián y solicitar el pedido de su libertad cuando llegue a la Argentina. Llamamos a participar a todas las organizaciones y a todos los partidos políticos que crean que Sebastián tiene que estar libre. Es un joven luchador que peleaba para defender los derechos de los jubilados, por eso luchar por los jubilados es luchar por Sebastián y luchar por Sebastián es luchar por los jubilados. El gobierno actual también tiene previsto empeorar la ley actual del aumento de jubilados y está mandando un proyecto al Congreso para reducir la movilidad jubilatoria, por lo que creemos que la lucha de Sebastián en 2017 tiene que seguir bajo el gobierno de Alberto Fernández.
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