Las medidas de protección sanitaria contra la pandemia no han hecho más que poner de manifiesto un panorama social devastador. Ese panorama preexistente, producto de la persistencia de la crisis capitalista en el país y en el mundo, se ha agudizado como consecuencia de la cuarentena. Néstor Pitrola desarrolla en esta nota la crítica de la Izquierda a la política económica del gobierno de Alberto Fernández, cuyo eje es la satisfacción de los reclamos de los acreedores de la deuda nacional, y no la soluci´ón de los gigantescos problemas sociales profundizados por la situación sanitaria.
Por Néstor Pitrola* para Estación Finlandia/
La crisis del coronavirus impacta en una Argentina quebrada e inmersa en una crisis social, económica y sanitaria preexistente. Esa crisis se inserta en un cuadro mundial de crisis capitalista también previa a la aparición de este virus, caracterizada por las guerras comerciales, la fuga de capitales de los países emergentes, la tendencia a la recesión, las crisis de deudas soberanas, las guerras de monedas mediante devaluaciones en cadena y aún enfrentamientos bélicos en distintos escenarios que son resultado de disputas globales de las potencias. En ese cuadro, 2019 estuvo marcado en América Latina por rebeliones populares con Chile a la cabeza, pero también con expresión en Ecuador, en Haití, en Colombia y en la resistencia al golpe en Bolivia. El peronismo se jacta de haber evitado que la Argentina durante Macri y después, siguiera ese rumbo. Pero no ha resuelto ni una de las condiciones que pusieron a nuestro país al tope de la crisis capitalista mundial en el período previo a la epidemia.
La pandemia y sus cuarentenas -y aún sin ellas-, ha sido el pasaporte a la depresión económica, tanto en el mundo como en la Argentina del default. Los datos recientes del Indec han desnudado que la caída del PBI argentino en el primer trimestre del año, afectado apenas diez días por la cuarentena, fue del 5,4 por ciento. En ese período también se perdieron 300 mil empleos respecto del último trimestre de 2019. Es decir que al derrumbe macrista le ha seguido una política que lejos está de haber “encendido la economía” como prometió la coalición pejotista que asumió el 10 de diciembre pasado. Entender la Argentina de hoy requiere de este punto de partida.
Antes de asumir, Alberto Fernández sostuvo que su Gobierno tendría como prioridad la renegociación de la deuda, aunque no se privó de prometer que aumentaría “un 20 por ciento a los jubilados con la plata de las Leliqs”. No es lo que ha ocurrido. Los jubilados han sido víctimas de un robo a la movilidad que superó al de Macri que, recordemos, desató la mayor revuelta obrera y popular contra su gobierno y contra la represión de Bullrich. La mitad de la movilidad ¡del año pasado! le ha sido usurpada a los jubilados, mientras las Leliqs han trepado a la friolera de $ 1,7 billones, que sumados a los “pases” del Banco Central, totalizan un pasivo “ad hoc” al de la deuda, agravando la quiebra nacional. Esa especulación financiera nos cuesta a los argentinos unos $ 70 mil millones mensuales, más que la IFE. Atención: ¡Sólo las Leliqs! Por el lado de la deuda en pesos, por afuera de la reestructuración que hoy se negocia, vencen hasta fin de año $ 1,04 billones.
Conviene recordar que diversos bloques políticos de oposición en el Congreso nacional, votaron la ley de emergencia que le otorgó poderes especiales a Alberto Fernández para hacer todo esto. Casi de inmediato toda la oposición, con la sola excepción del FIT, le votó el apoyo a la “restauración de la sustentabilidad de la deuda”, un eufemismo “nacional y popular” que, en sintonía con el FMI, ha servido para marcar la ruta de la reestructuración que se proyecta en estos días como un formidable rescate al capital financiero. Como contracara arrancó una ofensiva en regla contra jubilados, trabajadores y desocupados, porque además del mencionado robo a la movilidad vino el fin de las “cláusulas gatillo”. Y se impulsó un ‘pacto social’, con el objetivo de concretar la subordinación de las organizaciones obreras a los intereses patronales y a la ruta del ajuste. No olvidemos que la coalición de los Fernández y Massa, gobierna con el presupuesto 2019, redactado por Macri y con un 50% de inflación en el medio, lo cual les permite ejecutar en enorme ajuste contra la salud, la educación y la obra pública.
Con la llegada del Covid 19 y el desarrollo de la cuarentena estos ataques a los trabajadores se fueron profundizando: suspensiones con rebaja nominal de salario y exención de aportes previsionales, suspensión de paritarias, aguinaldo en cuotas, inflación, armonización de cajas provinciales (Córdoba, Entre Ríos, etc.). Mientras se financia a empresas sin siquiera reclamar la apertura de sus libros, mediante subsidios que paga el Anses, quedan en la nada medidas como el impuesto a las grandes fortunas para financiar el equipamiento del sistema de salud, o la expropiación de Vicentín…
Fueron las bancadas del Frente de Izquierda en el Congreso las únicas que hasta el momento presentaron proyectos de ley por un impuesto progresivo a las grandes rentas y fortunas, a los bancos, a la propiedad terrateniente de más de 5000 hectáreas y a las propiedades ociosas. También fue del FIT el único proyecto para expropiar los activos de Vicentín, sin indemnización, colocando sus deudas en cabeza de las fortunas personales de los dueños del grupo que ha vaciado la empresa y fugado sus patrimonios. Nuestro objetivo es la continuidad de cada puesto de trabajo de los obreros y empleados de Vicentín, de sus salarios y condiciones laborales, lo que supone la estatización bajo control y gestión de los trabajadores.
En relación a los fondos necesarios para enfrentar la pandemia sólo el no pago de la deuda y un impuesto progresivo como el propuesto por Romina Del Pla y Nicolás Del Caño, que permitiría recaudar al menos U$S 15 mil millones, pueden ser el punto de partida de una cuarentena “sin hambre”, con salarios y con el sistema de salud en capacidad de afrontarla.
Cuarentena sin hambre
Desde que se decretó el aislamiento obligatorio, el Partido Obrero lo defendió, pero levantando un programa de los trabajadores para combatir la propagación del virus, enfrentar sus consecuencias sanitarias y sociales y evitar la caída del país en un cuadro de desorganización y bancarrota económica: avanzar en la centralización de todo el sistema sanitario en un único sistema público, duplicación los presupuestos de salud, comités de seguridad e higiene electos por los propios trabajadores en todos los hospitales y lugares de trabajo, paralización de las tareas en todas aquellas actividades no esenciales. Planteamos que se garantice “el derecho a cuarentena” con licencias sin reducción salarial y que se prohíban los despidos y las suspensiones con garantía de estabilidad laboral, seguro equivalente al costo de la canasta familiar básica para los 12 millones de trabajadores desocupados, informales y precarizados, que se multiplicaron desde el mes de marzo y para quienes el Gobierno solo otorgó la miseria del IFE: ¡$10 mil para sobrevivir tres meses! De la mano de ello, reclamamos alimentos para los comedores populares, elementos de higiene y el agua potable para la población de las villas.
Con la consigna “con hambre no hay cuarentena”, el Polo Obrero salió a las calles a reclamar por respuesta a estas necesidades inmediatas que el Gobierno aún hoy, a más de 100 días de aislamiento, no se dispone a garantizar. Del mismo modo actuaron las organizaciones sindicales nucleadas en el Plenario del Sindicalismo Combativo al movilizarse denunciando el pacto UIA-CGT-Gobierno, porque el DNU de prohibición de despidos es cartón pintado, y los salarios siguen perdiendo contra la inflación, se multiplican los congelamientos y recortes salariales y los trabajadores siguen siendo obligados a retomar actividades no esenciales sin contar con las condiciones de salubridad para hacerlo.
También planteamos la necesidad de medidas urgentes ante el aumento de los casos de violencia de género y de los femicidios, agudizados por el cuadro del encierro, y que requieren una acción de protección estatal inmediata, como pusimos de manifiesto en la campaña hacia el 3 de junio, en un nuevo #NiUnaMenos. El aborto clandestino sigue cobrando vidas durante la cuarentena, y por eso Romina Del Plá ha vuelto a plantear la necesidad de la aprobación del proyecto de aborto legal en el Congreso. Y qué Alberto Fernández no presente el proyecto que prometió, solo puede explicarse como producto de un pacto con los cleros reaccionarios.
La población trabajadora paga la crisis que se ha agudizado producto de la cuarentena y ante la ausencia de medidas para soportarla. En paralelo, siguen mejorando la oferta a los bonistas y al FMI, entregando los recursos nacionales al pago de una deuda usuraria e ilegítima, cuando el sistema de salud sería incapaz de hacer frente a un boom de pacientes graves por Coronavirus. El país debe concentrar sus ahorros y recursos para volcarlos enteramente a la lucha contra la pandemia, contra la miseria social y, a su turno, para una reactivación económica. Para ello es necesaria otra orientación social: una reorganización económica nacional bajo la dirección de los trabajadores.
La cuarentena agudiza todas las contradicciones sociales precedentes al desembarco de la pandemia. Para el Partido Obrero y el Frente de Izquierda se trata de defender un programa orientado por los intereses de los trabajadores, los únicos capaces de revertir no solo la debacle social y las consecuencias de la crisis, sino el empantanamiento económico general y el quebranto en el que se encuentra el país. Nuestra acción política y parlamentaria está al servicio de un rumbo de movilización política y organización de los trabajadores y el conjunto de los explotados.
Para que la crisis la paguen los capitalistas y se abra paso una salida de los trabajadores.
* Dirigente del PO- FIT, ex secretario Adjunto del gremio Gráfico y ex Diputado Nacional.
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