La violencia represiva de las fuerzas de seguridad parece haberse incrementado en las condiciones del aislamiento social resuelto para combatir la pandemia. Además de esas prácticas, emergen discursos destinados a justificarlas y estimularlas desde el propio ministerio de Seguridad bonaerense, dirigido por Sergio Berni. Esos discursos incongruentes, sin embargo, encuentran su lógica en su propia incoherencia, como vehículos de la naturalización de la violencia estatal contra la población trabajadora.
Por Brian Magnaghi* para Estación Finlandia
“El mundo no está amenazado por las malas personas, sino por aquellos que permiten la maldad”. Con estas palabras, Albert Einstein resumía mucho de lo que estamos viviendo durante lo que el Gobierno denomina Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO).
Según datos de Correpi, desde el 20 de marzo se han producido al menos 71 muertes producidas por el aparato represivo estatal. De ese total, 36 ocurrieron en cárceles (22) y comisarías (14), y 24 mediante la modalidad de gatillo fácil, a los que se le suman femicidios y asesinatos “intrafuerza” (uno de ellos durante un hecho de criminalidad policial).
El silencio ante esto, hace a una práctica que he denunciado en otra nota, cuando finalizaba el gobierno de Cambiemos, y que denominé, apoyándome en la noción de pedagogía del miedo de Rodríguez Molas, “Pedagogía represiva”. Tanto los dirigentes oficialistas como la oposición derechista (salvo algo de caranchismo ligado a las desapariciones de Luis Espinosa y Facundo Astudillo Castro), junto a los grandes medios de comunicación, han hecho un silencio cómplice de las reiteradas situaciones represivas que se suscitaron en estos más de cien días de cuarentena.
Esta pedagogía represiva viene a garantizar un disciplinamiento respecto a las medidas regresivas, en materia económica y de derechos en general, que empezó el macrismo, y que parecen sostenerse, pese a las diferencias discursivas, con la gestión de los Fernández. Lejos quedaron las promesas de campaña que prometían reactivación económica, creación de miles de puestos de trabajo, construcción de viviendas, aumentos a los jubilados, entre otras.
Aunque la irrupción de la pandemia provocó un estado de incertidumbre general en el plano económico, político y social, la represión estatal, sin embargo siguió siendo tan previsible y corriente como siempre. l accionar de las fuerzas de seguridad nacionales y distritales. No sorprende que la mayoría de las muertes se hayan dado a manos de la Policía Bonaerense (27 muertes), responsable además de la desaparición de Francisco Valentín Cruz, en Florencio Varela, y de Facundo Astudillo Castro: En ambos casos, lo último que se supo de ellos, es que fueron detenidos por miembros de la policía provincial.
Y digo que no sorprende, porque el responsable político de esa fuerza, es alguien que se presenta ante la sociedad con una imagen de tipo recio, duro, que no tiene problemas en mostrarse fusil en mano en el marco de un operativo para detener a dos supuestos jóvenes que habrían participado del tiroteo en el que perdió la vida un gendarme en Zárate, o arengando cual general de película de acción norteamericana a un grupo de agentes de policía, al grito de que en la fuerza “no hay lugar para tibios”.
Con una lógica de superhéroe de cómic, en donde el apego a las normas no corre al momento de enfrentar a “peligrosos delincuentes”, Sergio Berni intenta instalar, al igual que la ex Ministra Bullrich, una lucha contra enemigos inexistentes, respaldando el “vale todo” como premisa de justicia, en esa lucha imaginaria. En la práctica, la acción “eficaz” de Berni no termina siendo más que una persecución “para hacer número” al delito menor, al narcomenudeo, o el simple “verdugueo” a los jóvenes de las villas y barrios populares.
En ese afán de mostrar su imagen de mano dura, Berni no tuvo reparos en enfrentar a la “garantista” Ministra Frederic, a los jueces que “liberaban delincuentes” ante la amenaza de un brote de coronavirus en los lugares de detención, y en defender a capa y espada a un sujeto que asesinó a sangre fría en plena calle a otro que minutos antes había intentado robar en su domicilio. Y en este último punto me quiero detener.
El ministro bonaerense, en un primer momento, se mostró como un fiel defensor de la idea de que el jubilado que asesinó a quién había intentado robarle, actuó en legítima defensa. Y luego, con la evidencia fílmica y testimonial que acreditaba lo contrario, viró a la legitimidad de acción, en este caso de asesinar a sangre fría, de alguien que sufrió un ilícito, contrariando su propia función, y poniendo en carga de la ciudadanía, el hecho de velar por la seguridad que, en teoría y por mandato legal, debe brindar el Estado, con él como responsable.
El nivel de incongruencia de este discurso es notorio. Pero, justamente, estos discursos represivos no persiguen una lógica coherente, sino que son la excusa para imponer la naturalización de las prácticas que llevan a detenciones arbitrarias, torturas, maltratos y muerte, en pos de la protección general, de los “ciudadanos de bien”. Y con esto, permiten disfrazar procesos de ajuste y pérdida de conquistas sociales, contracara de las grandes ganancias y concesiones a los sectores más poderosos locales y trasnacionales.
Mientras esta semana “el jubilado justiciero” se erigía como héroe y mártir nacional, con rebote en todas las grandes cadenas informativas, diarios y portales de internet, la CGT y los empresarios más poderosos del país se reunían de manera virtual, para definir cambios en las relaciones de trabajo post pandemia (una forma elegante de hablar de reforma y flexibilización laboral), el Ejecutivo cedía nuevamente con una oferta que volvió a ser rechazada por fondos especulativos que se regocijan con el servilismo que están demostrando nuestros representantes a la hora de negociar el pago de una deuda espuria, y la desaparición de Facundo pasaba a ser una nota marginal, dentro del conglomerado de noticias.
La pedagogía represiva necesita de tres patas aceitadas y que trabajen en un tándem casi perfecto. Una de ellas es el uso represivo del monopolio de las fuerza del Estado, cuya crudeza se ha mostrado con horror durante estos cuatro meses de aislamiento social; la segunda es el miedo a ese uso de la fuerza por quienes la padecen o pueden padecerla; y la tercera, la legitimación de aquellos que son sujetos pasivos de esa fuerza, pero que la naturalizan entendiendo que los favorece.
Nuevamente, tenemos que cuestionar y poner en debate todo el tiempo este tipo de prácticas, para evitar que lo atroz se vuelva corriente. Luchar para que lo irracional, lo inhumano, no se naturalice en la opinión de nuestros vecinos, amigos, conocidos. Y desmontar la imposición de discursos de odio que recalen de lleno en el conjunto de la sociedad.
Porque como bien señalaba el psicólogo Hans Jürgen Eysenck, “La gente que cree en absurdos, cometerá atrocidades”.
* Abogado de Correpi. Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
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“El mundo no está amenazado por las malas personas, sino por aquellos que permiten la maldad”. Con estas palabras, Albert Einstein resumía mucho de lo que estamos viviendo durante lo que el Gobierno denomina Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO).
Según datos de Correpi, desde el 20 de marzo se han producido al menos 71 muertes producidas por el aparato represivo estatal. De ese total, 36 ocurrieron en cárceles (22) y comisarías (14), y 24 mediante la modalidad de gatillo fácil, a los que se le suman femicidios y asesinatos “intrafuerza” (uno de ellos durante un hecho de criminalidad policial).
El silencio ante esto, hace a una práctica que he denunciado en otra nota, cuando finalizaba el gobierno de Cambiemos, y que denominé, apoyándome en la noción de pedagogía del miedo de Rodríguez Molas, “Pedagogía represiva”. Tanto los dirigentes oficialistas como la oposición derechista (salvo algo de caranchismo ligado a las desapariciones de Luis Espinosa y Facundo Astudillo Castro), junto a los grandes medios de comunicación, han hecho un silencio cómplice de las reiteradas situaciones represivas que se suscitaron en estos más de cien días de cuarentena.
Esta pedagogía represiva viene a garantizar un disciplinamiento respecto a las medidas regresivas, en materia económica y de derechos en general, que empezó el macrismo, y que parecen sostenerse, pese a las diferencias discursivas, con la gestión de los Fernández. Lejos quedaron las promesas de campaña que prometían reactivación económica, creación de miles de puestos de trabajo, construcción de viviendas, aumentos a los jubilados, entre otras.
Aunque la irrupción de la pandemia provocó un estado de incertidumbre general en el plano económico, político y social, la represión estatal, sin embargo siguió siendo tan previsible y corriente como siempre. l accionar de las fuerzas de seguridad nacionales y distritales. No sorprende que la mayoría de las muertes se hayan dado a manos de la Policía Bonaerense (27 muertes), responsable además de la desaparición de Francisco Valentín Cruz, en Florencio Varela, y de Facundo Astudillo Castro: En ambos casos, lo último que se supo de ellos, es que fueron detenidos por miembros de la policía provincial.
Y digo que no sorprende, porque el responsable político de esa fuerza, es alguien que se presenta ante la sociedad con una imagen de tipo recio, duro, que no tiene problemas en mostrarse fusil en mano en el marco de un operativo para detener a dos supuestos jóvenes que habrían participado del tiroteo en el que perdió la vida un gendarme en Zárate, o arengando cual general de película de acción norteamericana a un grupo de agentes de policía, al grito de que en la fuerza “no hay lugar para tibios”.
Con una lógica de superhéroe de cómic, en donde el apego a las normas no corre al momento de enfrentar a “peligrosos delincuentes”, Sergio Berni intenta instalar, al igual que la ex Ministra Bullrich, una lucha contra enemigos inexistentes, respaldando el “vale todo” como premisa de justicia, en esa lucha imaginaria. En la práctica, la acción “eficaz” de Berni no termina siendo más que una persecución “para hacer número” al delito menor, al narcomenudeo, o el simple “verdugueo” a los jóvenes de las villas y barrios populares.
En ese afán de mostrar su imagen de mano dura, Berni no tuvo reparos en enfrentar a la “garantista” Ministra Frederic, a los jueces que “liberaban delincuentes” ante la amenaza de un brote de coronavirus en los lugares de detención, y en defender a capa y espada a un sujeto que asesinó a sangre fría en plena calle a otro que minutos antes había intentado robar en su domicilio. Y en este último punto me quiero detener.
El ministro bonaerense, en un primer momento, se mostró como un fiel defensor de la idea de que el jubilado que asesinó a quién había intentado robarle, actuó en legítima defensa. Y luego, con la evidencia fílmica y testimonial que acreditaba lo contrario, viró a la legitimidad de acción, en este caso de asesinar a sangre fría, de alguien que sufrió un ilícito, contrariando su propia función, y poniendo en carga de la ciudadanía, el hecho de velar por la seguridad que, en teoría y por mandato legal, debe brindar el Estado, con él como responsable.
El nivel de incongruencia de este discurso es notorio. Pero, justamente, estos discursos represivos no persiguen una lógica coherente, sino que son la excusa para imponer la naturalización de las prácticas que llevan a detenciones arbitrarias, torturas, maltratos y muerte, en pos de la protección general, de los “ciudadanos de bien”. Y con esto, permiten disfrazar procesos de ajuste y pérdida de conquistas sociales, contracara de las grandes ganancias y concesiones a los sectores más poderosos locales y trasnacionales.
Mientras esta semana “el jubilado justiciero” se erigía como héroe y mártir nacional, con rebote en todas las grandes cadenas informativas, diarios y portales de internet, la CGT y los empresarios más poderosos del país se reunían de manera virtual, para definir cambios en las relaciones de trabajo post pandemia (una forma elegante de hablar de reforma y flexibilización laboral), el Ejecutivo cedía nuevamente con una oferta que volvió a ser rechazada por fondos especulativos que se regocijan con el servilismo que están demostrando nuestros representantes a la hora de negociar el pago de una deuda espuria, y la desaparición de Facundo pasaba a ser una nota marginal, dentro del conglomerado de noticias.
La pedagogía represiva necesita de tres patas aceitadas y que trabajen en un tándem casi perfecto. Una de ellas es el uso represivo del monopolio de las fuerza del Estado, cuya crudeza se ha mostrado con horror durante estos cuatro meses de aislamiento social; la segunda es el miedo a ese uso de la fuerza por quienes la padecen o pueden padecerla; y la tercera, la legitimación de aquellos que son sujetos pasivos de esa fuerza, pero que la naturalizan entendiendo que los favorece.
Nuevamente, tenemos que cuestionar y poner en debate todo el tiempo este tipo de prácticas, para evitar que lo atroz se vuelva corriente. Luchar para que lo irracional, lo inhumano, no se naturalice en la opinión de nuestros vecinos, amigos, conocidos. Y desmontar la imposición de discursos de odio que recalen de lleno en el conjunto de la sociedad.
Porque como bien señalaba el psicólogo Hans Jürgen Eysenck, “La gente que cree en absurdos, cometerá atrocidades”.
* Abogado de Correpi. Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
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