Tres años se cumplen de la aparición del cuerpo de Anahí Benítez, la estudiante del ENAM de Banfield desaparecida días antes, en la Reserva de Santa Catalina. Un juicio denunciado como irregular por la comunidad educativa y una condena a cadena perpetua a Marcos Bazán, resuelta sin que se hayan siquiera aclarado las circunstancias del asesinato. Un reclamo de justicia que no cesa.
Por Santiago Brunetto para Estación Finlandia/
El viernes 4 de agosto del año 2017 el cuerpo de Anahí Benítez era hallado sin vida en un foso de la Reserva Santa Catalina de Lomas de Zamora. El 29 de julio por la tarde, tras salir de su casa ubicada en el barrio Parque Barón, Anahí había sido vista por última vez por su madre, Silvia Pérez Vilor. Durante los seis días en los que la joven de 16 años estuvo desaparecida, las cámaras de los principales medios televisivos estuvieron puestas en ese pequeño barrio, hasta el momento desconocido para las grandes audiencias, y en la fiscal Fabiola Juanatey, que cada día anunciaba haber descubierto un culpable nuevo.
De los tres hombres detenidos durante las primeras semanas de investigación, el primero, Leonardo Agostino, profesor de matemáticas de Anahí, debió ser liberado de inmediato por falta de pruebas, el segundo, Marcos Bazán, fue condenado tres años después a prisión perpetua en un juicio que no arrojó pruebas de que él y la víctima se hubieran conocido alguna vez, y que fue cuestionado tanto por los familiares del condenado, como por organizaciones feministas y de derechos humanos, que denunciaron que Bazán era un «perejil» víctima de una causa armada. El tercer detenido, Marcelo Villalba, quien confesó su culpabilidad y cuyo ADN fue encontrado en rastros de semen en el cadáver de Anahí, nunca fue juzgado por alegar problemas psiquiátricos.
En el medio, a fines de 2017, un testigo se acercó a la casa de la madre de Anahí para contarle que a la joven la habían llevado entre al menos cinco hombres «a la casa de un tal ‘gordo mani’, donde fue drogada, violada y llevada a la Reserva. Villalba estuvo en esa casa”, según el testimonio brindado por la propia Pérez Vilor en el juicio a Bazán. Según el testigo, entre aquellos hombres no estaba Bazán.
Este testigo fue incorporado en carácter de protegido a una causa abierta en la UFI 2, también a cargo de Fabiola Juanatey, causa que se tramita paralelamente a la de Bazán y Villalba pero de la que hasta el momento no se conocen novedades. Sumado a esto, en diciembre de 2017, la Comisaría Novena de Parque Barón fue allanada en el marco de una investigación vinculada a una red de trata y narcotráfico que operaba en la zona, investigación por la que, entre otros, cayó Damián Lozano, por entonces jefe del distrito de Lomas de Zamora Norte de la bonaerense.
Villalba fue señalado como el dealer de Parque Barón en los testimonios de la causa por el femicidio de Anahí y la Novena estuvo a cargo de todo el operativo de búsqueda de la joven, búsqueda que Pérez Vilor se encargó de criticar y denunciar por ineficiente durante los seis días que la joven estuvo desaparecida.
El cadáver de Anahí apareció el 4 de agosto de 2017 en un lugar de la Reserva Santa Catalina que ya había sido rastrillado el día anterior, en un foso de 40 centímetros, «a flor de tierra», según palabras del abogado de Bazán, Eduardo Soares, en su alegato final. Las cámaras de seguridad de la zona estuvieron apagadas durante los seis días en que Anahí estuvo desaparecida.
Si bien en un principio se aseguró que Villalba sería revisado cada tres meses para comprobar si estaba en condiciones psíquicas de ser juzgado, pasados casi seis meses desde que el imputado declaró sufrir «delirios místicos» no hay novedades de que se haya efectuado tal revisión. Tampoco hay novedades de la causa que, en teoría, debía seguir la pista del «gordo maní».
Mientras tanto, familiares y amigos de Anahí, sus compañeros del Centro de Estudiantes de la Escuela Normal Antonio Mentruyt de Banfield, organizaciones políticas, de derechos humanos y feministas, continúan exigiendo que se reabra la investigación de un femicidio que, otra vez, parece esconder las responsabilidades de la policía bonaerense.
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