En todo el país se discute la vuelta a la presencialidad educativa. En CABA, los docentes rechazan la condiciones para el retorno que impone el gobierno de Larreta con 3 días de paro dispuesto por Ademys. En Salta, esa complejísima operación pretende ser llevada a cabo según las pautas que establece el “Plan jurisdiccional para el retorno”, documento que elaboró el gobierno del ex massista y ex macrista Gustavo Sáenz y que fue aprobado el viernes 12 en la reunión del Consejo Federal de Educación que se realizó en Olivos. Un documento «plagado de contradicciones, vaguedades y vacíos«, según el análisis del Profesor Ignacio Boasso.
Por Ignacio Boasso¨*, desde Salta/
El «Plan jurisdiccional para el retorno a clases presenciales en contexto de pandemia», con el que el gobierno de Gustavo Sáenz pretende organizar el proceso de retorno a la presencialidad es un documento plagado de contradicciones, vaguedades y vacíos, que trataremos de detallar y explicar en este artículo. Veamos.
El plan establece un criterio de mínima para garantizar la continuidad de las labores docentes presenciales, previendo la eventualidad de que se diera un caso positivo en el aula: “El docente que haya mantenido el distanciamiento adecuado (más de 2 metros con uso de tapabocas y mascarilla de acetato) con el grupo podrá seguir dando clases al otro grupo.”
No obstante, ese criterio de mínima se contradice con la propia norma que dice, en un párrafo posterior, que se debe “Asegurar el máximo de personas permitidas dentro de un mismo espacio cerrado, limitado por la distancia entre cada una de ellas, 1.5 metros como mínimo”. Entonces, si los docentes nos encontramos en espacios cerrados a una distancia de 1,5 m de los alumnos no cumpliremos con la condición de mínima para la continuidad de la presencialidad.
¿O es que debiéramos entender que la norma apunta a plantear una situación “diferenciada”, donde los alumnos deben encuentrarse a 1,5 m entre sí y los docentes a un mínimo de 2 m de ellos? Si es así, la normativa propone entonces, con completo desdén, tener alumnos “apiñados” por debajo de las condiciones de mínima, con el objeto de maximizar la cantidad de personas que ocupen un mismo espacio cerrado.
Observemos un poco más en detalle las posibilidades de implementación de la normativa en relación al espacio físico: el docente tiene que preservar una distancia mínima de 2 m a la primera fila de bancos, pero el docente ocupa un cierto espacio y se desplaza para escribir en el pizarrón, ello implica despejar
un corredor de 1 m adicional contra la pared del pizarrón, es decir que desde el pizarrón a la primera fila de bancos deberá existir una distancia de 3 m.
Ahora, si los alumnos tienen que estar separados por un mínimo de 1,5 m entre ellos, tomando en cuenta el espacio que ocupan con su banco, ocuparán más
de 3,5 m, a lo ancho, para una fila con 3 bancos. Como cada fila debe preservar una distancia de 1,5 m se necesita un aula de 4 m de ancho por 6 m de largo para atender a 9 alumnos (1 docente + 9 alumnos = 10 personas), en consonancia con lo dispuesto por la Resolución del Consejo Federal de Educación 370/ 20.
Pero un aula de esas dimensiones seguramente atenderá una matrícula de 30 alumnos, como mínimo, con lo que entonces deberán distribuirse los alumnos de ese curso en por lo menos 3 grupos de participación presencial. Es decir que la normativa, en sí misma, propone una enorme fragmentación ya que, como
menciona en otro párrafo, se deberá atender en particular, además, los casos de aquellos estudiantes no puedan participar de la presencialidad por cuestiones personales. Y la fragmentación y heterogeneidad se multiplican cuando consideramos la nada despreciable masa de Docentes que no podrán atender la presencialidad por enfermedades preexistentes. Al respecto, el Ministerio se lava las manos, dejando la resolución práctica de este problema a criterios discrecionales de los Directivos, descargando sobre ellos toda la responsabilidad.
Veamos, pues, algunas de las posibilidades que pueden presentarse, que por otra parte no son tantas. Una sería la de distribuir la asistencia de los grupos por semanas, lo cual acarrea el inconveniente de que deberá repetirse el desarrollo de los mismos contenidos para cada grupo, ralentizando enormemente el dictado de la materia. Otra alternativa sería acudir a un sistema dual, lo cual acarrea un problema aún mayor, ya que un docente atenderá presencialmente a un grupo minoritario y no dispondrá del suficiente tiempo, aunque se reduzca su dedicación horaria en el aula, para atender adecuadamente a los alumnos de la modalidad no presencial, sea virtual u otras (como expresa el documento), propiciando tal situación relaciones de baja intensidad que redundarán en la profundización de la desigualdad de condiciones y en un desarrollo errático de la asignatura. Cómo se lo plantée, las pretensiones del Gobierno son imposibles de atender.
En el párrafo 4.2.1 de las “Orientaciones para la contextualización curricular 2020 – 2021”, según la cuál deberemos planificar nuestras labores, se indica “…que se considera los ciclos 2020 y 2021 como una unidad pedagógica”. Sucintamente, pretenden que demos dos años en uno, planificando las tareas para la bimodalidad, que como se vio presenta múltiples variantes, en un contexto de enorme incertidumbre, fragmentación y heterogeneidad, lo cual, además de ser humanamente imposible, vulnera de cuajo el derecho al acceso a una la educación en igualdad de condiciones.
El gobierno pretende zanjar esta imposibilidad esencial con la peregrina idea de “Articular con organizaciones, centros de estudiantes, sectores de la sociedad civil con inserción territorial y otras instancias de los Estados nacionales y provinciales que puedan colaborar con los trayectos formativos de las personas jóvenes y adultas”, procurando “Habilitar la escuela o espacios comunitarios (por ejemplo, un salón municipal) los fines de semana para la atención a estudiantes que requieren profundización de aprendizajes”.
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Entiéndase: ¡Qué se abran las escuelas, centros vecinales, etc., los fines de semana, para que los chicos de los centros de estudiantes, y vaya uno a saber quien más, se encarguen de dar algún apoyo! Y digo «algún apoyo» por que en un párrafo posterior el documento aclara que “Las instancias de apoyo y tutoría no necesariamente deben seguir la estructura curricular por asignatura». Lamentable intento de salvar una imposibilidad fundamental…
Elementos de bioseguridad, infraestructura y… salarios
El plan de retorno abunda en imprecisiones y vacíos, por ejemplo cuando sostiene, en las “Pautas que deben conocer y seguir los estudiantes en las instituciones educativas”, que ellos deben “Prever los elementos de cuidado personal y los necesarios para las actividades escolares a fin de evitarel intercambio de los mismos”. Nótese que dice prever no proveer. ¿Cómo harán aquellos estudiantes que no puedan hacerse de los elementos exigidos, qué serán miles como inevitable corolario de la crisis? ¿No asistirán o relajaremos las medidas y que vengan como puedan, con barbijos de fantasía que, en términos de bioseguridad, son meramente decorativos, o con un pañuelo o lo que sea?
En el mismo sentido: ¿quién proveerá de los elementos de bioseguridad para los trabajadores, las máscaras de acetato, barbijos bacteriostáticos y demás? En este punto se presenta una nueva contradicción en cuanto a la continuidad de la presencialidad, pues el documento dice “Si el caso sospechoso se confirma, el grupo de estudiantes será considerado contacto estrecho del caso confirmado y, en consecuencia, deberá permanecer aislado durante catorce días a partir de la última exposición con el caso confirmado”, pero en cambio, como hemos visto, “El docente que haya mantenido el distanciamiento adecuado (más de 2 m con uso de tapabocas y mascarilla de acetato) podrá seguir dando clases al otro grupo. El resto de los cursos, grupos, secciones y la totalidad de docentes y no docentes podrán seguir con las tareas establecidas”.
En blanco sobre negro, nos dicen que si se da un caso positivo entre los alumnos ellos deberán permanecer aislados por contacto estrecho, pero el docente no. Para el Gobierno una máscara y medio metro más de distanciamiento son suficientes para sostener que el docente no cuenta como contacto estrecho, lo cual, además de ser intrínsecamente absurdo, puede promover crisis tanto entre los docentes afectados por la presencia de un caso positivo en un grupo, como entre los padres de los alumnos de los otros grupos, que deberán mandar a sus hijos a permanecer en un mismo espacio cerrado con un docente que ha estado expuesto al virus.
Hasta el día de hoy, la mayor parte de las instituciones siguen en el mismo estado
edilicio deplorable que más de un año atrás, sin el suficiente personal de maestranza – un déficit mínimo de 1600 trabajadores – y sin la provisión de los elementos de higiene y bioseguridad básicos, que vienen siendo adquiridos desde los fondos de cooperadora y los bolsillos de los Docentes.
Resulta alarmante como, a pesar de la evidente imposibilidad de garantizar la presencialidad, el Plan deja en el aire la no presencialidad, dejando librada dicha instancia al azar al no definir lineamientos claros ni garantizar el acceso a los recursos mínimos necesarios. Ahora bien, el problema del retorno a la presencialidad no termina en las contradicciones del Plan, sino que abreva de las diferentes vertientes que provienen desde las otras dimensiones del problema. Por un lado no queda claro cómo se garantizará la movilización segura de los cientos de miles de personas que implica el proceso. Por otro lado, el Gobierno tampoco se hace cargo de la urgente atención de la deficiencias edilicias, de personal y de los elementos de bioseguridad necesarios.
Según los datos oficiales del INDEC, la inflación del período 2020 arroja un promedio del 36,1 % a nivel nacional pero, al desglosarla por regiones, da un promedio del 38,1 % para el NOA. Es decir que, tomando el valor nominal del acuerdo salarial del año pasado, hubo una caída del 8,1 % del salario contra la inflación durante el año pasado, y, si adicionamos la inflación del mes de enero del 2021, que es un 4 %, el desfasaje total corresponde aproximadamente al aumento de la masa salarial que previó el Gobierno en el presupuesto para todo 2021: ¡Un 14 %! En consecuencia, y tomando en cuenta las proyecciones inflacionarias del mes en curso, si se aplicara ese porcentaje completo en los haberes de febrero, el aumento total para el 2021 no llegaría a cubrir el desfasaje total del salario contra la inflación, tomando en cuenta las proyecciones inflacionarias del mes en curso.
Se trata de la consagración de la caída del salario contra la inflación, por cuarto año consecutivo según datos oficiales, que se inscribe en un contexto de extrema pauperización de los trabajadores del sector. El cargo testigo está apenas por encima del salario mínimo vital y móvil, que marca la línea de la indigencia, siendo escasamente superior a la mitad del valor de la canasta básica familiar y quedando muy por debajo de la línea de la pobreza. Un cargo testigo es un salario de indigencia que, no importa la carga horaria que adquiera el docente que recién se inicia, nunca llegará, ni remotamente, a cubrir el costo de vida de una familia tipo, que ronda los $ 100 mil.
* Docentes Autoconvocados de Salta Capital
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