“Cuba: Burocracia y socialdemocracia dos caras de la misma moneda” por Marcos Guzmán

Por Marcos Guzmán para Comunistas Blog de Cuba/

A medida que las tensiones alrededor de los sucesos de San Isidro y la sentada del 27 de noviembre fueron descendiendo, se suscitó un debate sobre el problema de fondo, a la sombra de la incertidumbre generada por las medidas llamadas a realizar la Tarea Ordenamiento. Algunos de los momentos más notables del mismo se pueden encontrar en un dossier de la web Sin Permiso bajo el título de Republicanismo ySocialismo. Un debate global para la Cuba de ahora.

El mismo ha girado alrededor de la defensa o crítica de determinadas posturas que salieron a la luz con respecto a la realización de la democracia y el carácter de nuestra república. Una de las posiciones más defendidas es continuidad de una tradición republicana ligada a la socialdemocracia liberal, fácilmente detectable, y demolida en disímiles ocasiones desde el marxismo. Aunque sería ridículo tildar de pequeño-burgués a todos aquellos que sostienen esta posición, la misma está inspirada en la faceta aparentemente “revolucionaria” de las reivindicaciones democráticas propias de la pequeña burguesía. Lenin, en un contexto diferente, había advertido que “la pequeña burguesía es progresista por cuanto presenta reivindicaciones democráticas de carácter general. Pero es reaccionaria por cuanto lucha por el mantenimiento de su situación, procurando detener y aún retroceder el desarrollo de las fuerzas productivas, incluso dentro de los límites del régimen burgués”*.

En el contexto de la Cuba de hoy, esta ideología pequeño burguesa no busca detener y mucho menos hacer retroceder unas fuerzas productivas, cuyo desarrollo requiere para afianzar la propia condición social que le da cuerpo. En cualquier caso, sus aspiraciones discurren en el mismo sentido en que Marx afirmaba que “la pequeña burguesía democrática tiende a un cambio del orden social que pueda hacer su posición dentro de las relaciones burguesas lo más estable posible, y no le interesa la transformación revolucionaria de la sociedad en beneficio de la clase trabajadora”*.

Una de las ideas centrales manejadas desde tal postura, es la de la “realización plena de la república democrática y el Estado de derecho”. Contradictoriamente, intelectuales ligados a la oficialidad, han criticado duramente a quienes defienden esos principios, obviando, que el propio gobierno ha adoptado esa idea en su discurso, plasmándola incluso en nuestra Constitución.

Es decir, el tipo de razonamiento atacado de manera implacable desde la institucionalidad y los medios oficiales, o no oficiales, subordinados a la burocracia del Partido  –a través de una matriz comunicacional que gira alrededor de la 3ra vía o “centrismo”, “golpes blandos”, y conspiraciones manejadas por Soros–, es similar a las ideas consagradas en la actual Constitución y redactada por funcionarios del gobierno. ¿Acaso alguien se atreve a decir que los redactores de la Carta Magna fueron pagados por Soros?

Ambos discursos tienen matices e interpretaciones diversas, ya que responden a los intereses de sectores sociales diferentes. Pero la similitud no es gratuita, ya que, además de compartir determinados ideales de justicia social, ambos son funcionales a un proceso de restauración capitalista en Cuba. Una prueba de que esta es la dirección a la que apunta la burocracia del Estado, es el carácter liberal de muchas de las medidas tomadas en función de la llamada Tarea Ordenamiento. Medidas impropias de un gobierno que se hace llamar socialista, con las que, incluso una parte de los llamados “centristas”, han sido muy críticos.

Pareciera que con la Tarea Ordenamientola justicia social que promueve el gobierno debe esperar a que el ajuste dé sus frutos. La burocracia, desde su posición privilegiada, llama constantemente al pueblo a sacrificarse en pos del “ordenamiento”, cuyos frutos supuestamente se verán más temprano que tarde. Por su parte, la socialdemocracia históricamente se ha dedicado a parchar el sistema capitalista, salvándolo del colapso mediante reformas y políticas sociales que garanticen a las clases trabajadores un mínimo de mejoras en sus condiciones de existencia.

Esta es la razón por la cual, en el contexto cubano, la socialdemocracia se ha negado a aceptar el retroceso en las políticas sociales conquistadas por la revolución cubana. Sin embargo, como socialdemocracia insta a acelerar las reformas liberales aplicadas por burocracia. De ese modo, tanto la socialdemocracia atacada por la burocracia, como la burocracia, ven pasar la solución a los problemas de Cuba por la liberación de las fuerzas productivas en favor del sector privado, cuestión que se apoya y complementa a través de la defensa del “Estado de derecho” y la “república democrática”.

Algún que otro autor, como Carlos Fernández Liria, romantiza el ideal republicano, asociado a los conceptos de “Estado de derecho” y “democracia”, declarando tales principios como incompatibles con el modo de producción capitalista. En un plano superficial de análisis, podríamos afirmar estar de acuerdo con esto, y desde un lenguaje compartido entre militantes, no pasaría de una burda cuestión terminológica. Sin embargo, este enfoque pasa por alto algunos elementos que nos parecen esenciales: el desarrollo histórico del concepto de Estado de derecho, ligado al carácter clasista tanto de la democracia como del Estado en general. Estos términos están popularmente asociados a conceptos abstractos propios de la sociedad burguesa, de modo que abordarlos en un discurso socialista es una tarea más compleja que negar su relación histórica con el desarrollo del sistema capitalista.

Manifestación de intelectuales cubanos frente al Ministerio de Cultura

El Estado de derecho, como producto histórico del liberalismo, no solo es perfectamente compatible, sino que es inseparable del modo de organización social capitalista. Si lo rastreamos en la historia nos lleva directamente al modelo político republicano francés, que establece como fuente del derecho – y único límite del poder del Estado – al derecho mismo, siendo este en última instancia la legitimización de las relaciones sociales de producción existentes y que le dan contenido a sus disposiciones formales. El Estado, subordinado a la noción burguesa del derecho, se desempeña como garante y defensor de esas relaciones de producción. Cierto que la existencia del Estado socialista en la transición al comunismo, es también debida a la necesidad de configurar, legitimar, y defender el tránsito hacia nuevas relaciones sociales; pero las mismas deben dirigirse a desmontar el carácter impersonal del derecho, que sanciona y encubre las relaciones de dominación de un orden establecido.

Por otra parte, el derecho se levanta sobre la noción burguesa de libertad, sobre todo de libertad política. Muy vinculada a la idea de la voluntad general de Rousseau,  en la que cada individuo enajena sus derechos en un cuerpo colectivo, del cual emanan las leyes como condiciones para realizar el bien público, con el beneficio de recibir la cualidad de miembro con plena igualdad dentro del todo. Al no plantearse desde una perspectiva clasista, no puede tener en cuenta el despliegue de las contradicciones reales en las que se desenvuelven los seres humanos.

La condición de la libertad, por tanto, será una igualdad formal ante la ley, por parte de un ser humano abstracto e inexistente en la práctica. Los seres humanos reales, los sujetos concretos del derecho, no son iguales en la práctica, unos son propietarios y otros no pueden serlo sino a condición de despojar a los primeros, unos cuentan con todas las condiciones para una capacitación plena y otros están demasiado volcados en la supervivencia para siquiera preocuparse por su capacitación. No son iguales ni siquiera naturalmente, ya que unos son más fuertes que otros, y tienen capacidades físicas e intelectuales diferentes. De modo que la igual consideración hacia sujetos determinados por condiciones esencialmente desiguales, no puede ser otra cosa que la legitimación de la desigualdad.

Así, la libertad de los individuos desiguales, basada en su igualdad ante la ley, es relativa y engañosa, sirviendo para crear la apariencia de que el Estado responde a todos los miembros de la sociedad,  cuando en realidad las relaciones de producción sancionadas por el derecho permiten que solo la clase – o la casta ­– beneficiada por ellas disponga de tiempo y recursos para dedicarse a la actividad política. Esta libertad, permite a los miembros de la clase, o sector social, dominante turnarse en defensa de sus propios intereses, creando una ilusión de democracia dada por un aparente pluralismo político.

Y aquí entramos en la cuestión del carácter clasista del Estado y la democracia como mecanismo político. La democracia en abstracto, que no tiene en cuenta el carácter clasista de la sociedad, parte también de una individualidad abstracta y absoluta. En este sentido, el orden social se nos presenta en sus propios términos como derivado de los individuos que la componen. Por ello el enfoque moderno de la democracia parte de que la comunidad de individuos aislados solo es posible mediante al sometimiento a una norma común de la que participan como si fueran iguales de antemano. Esta norma común, que parte de una multiplicidad de individuos aislados, solo podría concretarse desde la representatividad, la cual supuestamente debe obedecer al mandato de la ciudadanía que la dota de su autoridad mediante su libre elección.

Ahora bien, existen dos grandes tipos de representación que resumen las diversas formas que esta puede presentar: la representación con mandato obligatorio, en la cual el representante debe atenerse estrictamente al mandato delegado en él por la comunidad de individuos;  y la representación libre, en la cual el representante es libre de actuar y decidir en nombre de quien lo designa sin tener que ceñirse al mandato.

Pero  en la sociedad de individuos aislados y abstractos, no existe una comunidad de intereses colectivos y concretos bien definidos capaz de determinar de manera imperativa el mandato del representante. Sin una perspectiva clasista, la representación política solo puede ser libre. Es decir, la falta de concreción de los intereses colectivos, que no son otros que los intereses de clase, otorgan al soberano la misma “libertad” de la que están dotados los individuos abstractos, capacitándolo para operar, en su nombre, por encima e independientemente de ellos. La presunta sujeción del soberano al orden impersonal de la ley, que supondría el Estado de derecho, no es más que el velo que encubre esta relación, teniendo en cuenta, que el derecho parte de la misma concepción abstracta del individuo, legitimándola por otra parte.

Al ignorar el carácter clasista del Estado, el soberano se presenta como el representante del todo en abstracto y no de ninguna parte. El antagonismo social, acaba desapareciendo detrás de la fórmula “democrática” de “un individuo=un voto”, en la que todos son aritméticamente iguales ante la ley. Se trata de una ilusión fetichista, donde las relaciones de dominación, determinadas por la desigualdad de clase realmente existente, se presentan como relaciones libres, suerte de “contratos legales” entre individuos que gozan de idénticos derechos y libertad. Ya sea en el campo económico, mediante la libre compra-venta de fuerza de trabajo, o en el ámbito político, mediante el libre voto de cada individuo particular, aislado y enajenado respecto a su clase, por los potenciales representantes designados por las élites dominantes. La representatividad resultante de esta “democracia”, al encubrir el antagonismo social, acaba privando a las mayorías excluidas de la dominación económica, de la posibilidad de una participación política efectiva.

El ideal martiano de la “república con todos y para el bien de todos”, tiene sus límites, y más allá del fetichismo nacional con la figura del Apóstol, hay que dejarlos bien claros. La lucha de clases no es una teoría, es un hecho. La libertad e igualdad plenas para todos solo será posible con la desaparición definitiva de las clases sociales. En tanto estas persistan, la libertad, el Estado, la democracia y el derecho se inclinarán a favor de un lado y en detrimento del otro. No tenemos más opción que coincidir con Lenin al decir: “Mientras existe el Estado no existe libertad. Cuando haya libertad no habrá Estado”. Este, representa en la práctica los intereses de una clase u otra, por tanto, la democracia como forma funcional a este mismo Estado, será siempre democracia para algunos, pero nunca para todos.

COMUNISTAS

Sin embargo, esto no significa que debamos renunciar a ese ideal martiano, sino entender que el mismo solo es alcanzable en toda su plenitud por el camino del socialismo. La sustitución de la democracia burguesa, por la democracia obrera, no hace otra cosa que ampliar la base social con acceso a la participación política efectiva, a través de una representatividad bajo un mandato imperativo, responsable ante la base social que la empodera. Por otra parte al superar la igualdad meramente formal dispuesta en el derecho, mediante la socialización económica, se avanza hacia la igualdad efectiva, sentando las bases para la realización de una libertad donde quepan realmente todos los miembros de la sociedad.

El pluralismo político, en sí mismo, no es necesariamente negativo, ya que solo a través de la lucha política, y la resolución de las contradicciones que se le van planteando, puede la política tener un carácter vivo y transformador. Es evidente que con todas las ideas y decisiones fluyendo unilateralmente desde la cúpula de una élite dirigente, es muy difícil, sino imposible, una renovación dialéctica y realmente superadora del proceso revolucionario cubano. Pero este pluralismo político beneficioso y necesario, no puede ser canalizado a través de la organización de otras élites políticas, capaces de secuestrar la energía e impotencia de las masas en beneficio de sus propios intereses. En este sentido, el pluripartidismo nunca ha representado, ni representará, la solución a los problemas específicamente políticos de Cuba. 

Hay que democratizar la política entre la clase trabajadora, y para ello, es necesario empoderarla  más efectivamente. Un primer paso fundamental y de vital importancia para el proceso de la transición socialista sería liberar las fuerzas productivas de la gestión centralizada de la burocracia estatal – que no es el sentido en el que se habla hoy de liberarlas en beneficio de la propiedad privada –, abriendo paso a nuevos mecanismos de gestión obrera y democratizando el proceso de producción social. Esto forjaría una mayor conciencia política en la clase trabajadora, capacitándola para hacer frente de manera organizada a muchas cuestiones que la política desde arriba se ha mostrado incapaz de resolver.

En resumen, tanto la burocracia como la socialdemocracia atacada por la burocracia tienen en común quequieren dar plenitud de derechos a la burguesía. Tanto la burocracia como la socialdemocracia (la primera al estimular el sector privado y la segunda por su propia línea ideológica) apuestan por la reconciliación de clases en nombre de una patria de todos. Un todos donde cabe tanto la clase trabajadora como la burguesía y; tanto la socialdemocracia como la burocracia anhelan la expansión del sector privado de la economía.

Cabe entonces la pregunta: ¿ataca la burocracia a la socialdemocracia? no: la burocracia no ataca a la socialdemocracia en sí, sino a los representantes de la socialdemocracia. ¿Y por qué la burocracia ataca a los representantes de la socialdemocracia? Porque la socialdemocracia cuestiona el poder de la burocracia: no por diferencias ideológicas de fondo.

La mejor respuesta a la consigan “Cuba es de todos” -promovida inicialmente por el 27 de noviembre y después monopolizada por la derecha-, hubiese sido: “Cuba para les trabajadores”. Pero la burocracia no puede excluir a su propio engendro: el sector privado, o sea, la burguesía. Y no lo puede hacer porque todos sabemos que muchos de sus familiares tienen restaurantes, bares y las falsas “cooperativas”.

La burocracia no previó que con sus medidas liberales crecería, desde el sector privado una sociedad civil que respondería a los intereses del sector privado. La burocracia no previó que esta sociedad civil, por demás, exigiría los derechos civiles postergados o limitados por la censura. Esos derechos civiles: libertad de expresión, eliminación de la censura, expansión y eliminación de trabas para nuevos espacios de participación, son legítimos reclamos de la clase trabajadora, sin embargo, la burocracia, con sus prácticas coercitivas los ha dejado caer en manos –en el mejor de los casos- de la socialdemocracia, y en el peor de los escenarios, ha provocado que la contrarrevolución manipule y haga suyas la libertad y la democracia; obvio, en ese caso deformándola hacia los intereses burgueses: o sea libertad de mercado, libertad para quienes ejercen la libertad de mercado y poder político para quienes ejercen la libertad de mercado: es decir, poder para la burguesía, que es el reclamo solapado de los Alcántaras y compañías, la variante tropical de los Vlacav Havel.

Por tanto: ¿República? ¡Claro! ¡Pero República Socialista! ¿Democracia? ¡Por supuesto! ¡Pero democracia obrera! De lo que se trata en Cuba no es de crear dos, tres, muchos partidos que se disputen periódicamente el poder. No es de dar rienda suelta a la (re)naciente clase burguesa, ni de ceder poder ante ella, en aras de una aparente “inclusividad”, y en nombre del desarrollo económico.  Esto a la larga solo significaría un retroceso respecto a los logros históricos de la revolución cubana. De lo que se trata es de avanzar hacia la socialización económica efectiva, impulsando un desarrollo basado en la cooperación y no en la competencia. De forjar conciencia política a través de nuevos espacios de participación ciudadana desde donde la clase trabajadora pueda disputarle al sector privado la hegemonía de la sociedad civil. Pues solo desde la democracia trabajadora se logrará renovar una institucionalidad socialista corroída por décadas de malas prácticas burocráticas.

De alcanzar una democracia que libere a las clases trabajadoras del imperio de una ley impersonal que idealiza al individuo, obviando su realidad. De desburocratizar y construir un gobierno de las mayorías trabajadoras, donde la ley se someta al imperio de las necesidades colectivas. Es decir: La superación del Estado de derecho, mediante la construcción del Estado socialista.

* Lenin, ¿Quiénes son los “amigos del pueblo” y cómo luchan contra los socialdemócratas?, 1973, pág. 75.

* Marx, Circular del ComitéCentral a la Liga Comunista, 1980, pág. 92.

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