Ni una semana transcurrió desde la caída del decreto presidencial que prohibía los desalojos y las consecuencias ya comienzan a sentirse: En Avellaneda, 40 personas, entre ellos más de 20 niños, quedarán en la calle cuando se efectivice una orden de desalojo dictada a principios de marzo, en una causa en la que el ex periodista del Grupo Clarín y actual dirigente de la UCR local Luis Otero ejerce la representación de los desalojadores. Las familias, algunas de las cuales viven en el lugar hace veinte años, sostienen que hay intereses inmobiliarios tras la causa, y denuncian que en los pagos del ministro Ferraresi ninguna instancia estatal, ni siquiera de minoridad, ha intervenido aunque más no se sea para garantizar a los niños un lugar a donde ir.
Por Redacción/
“Es un pasillo que cruza desde la avenida Hipólito Yrigoyen hasta el otro lado, todas las viviendas están ahí, viven 40 personas, entre ellos 25 niños”. Así describe al lugar que será desalojado Yanina Labollita, integrante del Centro Cultural “A cielo abierto” que funciona en un pequeño triángulo descampado sobre Yrigoyen, al costado de la subida a Puente Pueyrredón. “Trabajamos con los chicos del barrio desde hace unos años, tenemos un vínculo muy estrecho con los vecinos y hace poco nos enteramos que estaban por desalojarlos”, cuenta Labollita a Estación Finlandia.
“Yo entré a vivir acá hace 22 años, en ese momento tenía a mi hija de dos años. Entré a la parte del fondo y adelante estaban los dueños de la parte del frente, que eran hermanos, tenían máquinas de coser y una mueblería. A mí siempre me dijeron que el terreno donde estoy yo pertenece a la autopista, otros les pagaban alquiler a ellos. Allá por el año 2006 los hermanos empezaron a querer vender su propiedad, pero no pudieron y cerraron el negocio”, relata a este medio Cristina, una de las vecinas más antiguas del “pasillo”.
“Presentamos escritos en la Municipalidad, en Desarrollo Social, en Hábitat, en Minoridad, nadie atendió el reclamo”
Años después empezó el conflicto judicial con uno de los hermanos, que se profundizó a partir de 2018. “Adelante, una vecina alquiló a una chica que estaba en situación de calle, eso llegó a los oídos del dueño y ahí lo llevó a tribunales”, explica Cristina. En 2018 llegó la primera notificación para que todos los vecinos abandonaran el lugar. 2019 trajo dos más, y a principios de 2020, cuando la notificación se transformó en orden de desalojo, llegó la pandemia y con ella el decreto presidencial que prohibió los desalojos.
El 31 de marzo de 2021 cayó el decreto. Hoy, lunes 5 de abril, era la fecha pautada para efectuar el “lanzamiento” ordenado por el Juzgado en lo Civil y Comercial N°2 de Avellaneda. Sin embargo, el operativo se postergó aún sin fecha definida. En el medio, los vecinos se organizaron y, patrocinados por una abogada oficial, presentaron diversos recursos para lograr la suspensión, al menos por un tiempo que les permita conseguir otro lugar para no quedar en la calle.
“Presentamos escritos en la Municipalidad, en Desarrollo Social, en Hábitat, en Minoridad, nadie atendió el reclamo”, sostiene Cristina. En casos de desalojos en los que se ven afectados los derechos de niños y niñas, la Justicia está obligada por protocolo a dar intervención a alguna instancia de minoridad que garantice una respuesta para los menores luego de ser expulsados de sus hogares.
Según los documentos a los que tuvo acceso este medio, hasta la abogada de las familias presentó un escrito ante el Servicio Zonal de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, solicitando medidas que garanticen a los menores “el derecho a la vivienda y demás obligaciones alimentarias”. Los vecinos confirmaron que, hasta el momento, no hubo ninguna respuesta oficial a este requerimiento.
«Es una zona super valorada. Es un terreno muy grande, creemos que va a ser el primer desalojo de varios»
“La gente está desesperada, necesita una ayuda al menos. Yo tengo un ahorrito, trabajo por hora y mi esposo es albañil. Ahora vivimos solos y tenemos para alquilar una piecita por dos meses ¿Después de dónde saco plata?”, se pregunta Cristina, que agrega que “hay familias con hijos y sin trabajo que no saben qué van a hacer”.
Tanto los vecinos como quienes trabajan en el centro cultural coinciden en que la zona donde se ubica el “pasillo” es una zona muy codiciada. Solo en esa manzana se encuentra el Bingo de Avellaneda y el Teatro Colonial, y Cristina cuenta que a su hermana, que vive a la vuelta de su casa, sobre la calle Maipú, también le llegó una orden de desalojo que sería parte de la misma red de litigios.
“Estos terrenos que están al lado del puente vienen muy complicados. Nosotros en un baldío quisimos construir y no nos dejaron, en otra ocasión habíamos hecho un ‘guardacosas’ y vinieron a sacarlo. Es una zona super valorada. Donde viven estos vecinos es un terreno muy grande, creemos que va a ser el primer desalojo de varios”, señala Labollita.
Dato curioso: según pudo confirmar Estación Finlandia, el abogado que representa al “propietario” del “pasillo”, es ni más ni menos que Luis Alberto Otero, el ex periodista de TN, candidato a intendente de Avellaneda por Juntos por el Cambio en las últimas elecciones y recientemente electo presidente de la UCR Avellaneda.
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