¿Cómo fue posible que la Convención Constitucional chilena diera inicio a su actividad incumpliendo su promesa de no sesionar hasta que fueran liberados los presos de la Rebelión de 2019? Desde Chile, Roque de Primera Línea Revolucionaria describe en esta nota el proceso político que condujo a la salida convencional, su composición políticamente conservadora y los límites que la ley establece a su poder. La voz de quienes luchan por la continuidad revolucionaria del levantamiento iniciado el 18 de Octubre de 2019, enfrentando a la reacción burguesa y desenmascarando las trampas políticas con que el progresismo pretende desviar la energía movilizada de las masas trabajadoras.
Por Roque de PLR/
Desde PLR creemos que el objetivo de la rebelión popular que se inició en octubre de 2019 es el cambio de todo el sistema político, económico y social que ha hundido en la miseria al pueblo chileno en los últimos 30 años. De ese régimen son y han sido parte, por igual, los gobiernos de la Concertación como también los gobiernos de la derecha, que establecieron un verdadero «duopolio» de poder impenetrable.
En noviembre de 2019, las fuerzas políticas que son parte del Congreso y que no eran parte de la rebelión, acordaron la realización de un plebiscito para preguntarle a la gente sí quería un cambio de Constitución, con el fin de sacar a las masas de la calle. En ese plebiscito, propagandizado por todos los medios de comunicación tanto del centro como de la derecha, y al que apoyaron varias organizaciones sociales que abandonaron las demandas y las plataformas de lucha levantadas a partir del 18 de octubre, participó menos del 50 % de la población.
El establecimiento en marzo del 2020 del estado de emergencia con la excusa de la pandemia permitió golpear y encerrar al pueblo en rebelión, y sobre esa base pudieron imponer la elección a esta Convención Constitucional, que no es una Asamblea Constituyente, pues solamente puede proponer un texto constitucional que deberá ser aprobado o rechazado en un plebiscito de salida. A diferencia de una Asamblea Constituyente, la Convención no poseé el carácter soberano que le permitiría sancionar por sí misma una Constitución.
¿Quiénes son los que componen esta Convención Constitucional de 155 miembros, surgida de una elección realizada en mayo de la que participó menos del 40 %? Por una parte hay 37 convencionales de la derecha extrema, que vienen sosteniendo este modelo capitalista desde la dictadura de Pinochet. Otros 30 convencionales son parte de la Concertación de Partidos por la Democracia, los partidos que cogobernaron durante estos últimos 30 años de democracia profundizando el modelo de la dictadura, los principales de los cuáles son el Partido Socialista y la Democracia Cristiana.
Hasta aquí, como vemos, la derecha dura y la derecha «democrática» agrupan directamente 67 convencionales, el 43 %. A eso hay que agregarle los 10 convencionales de Independientes No Neutrales, que claramente están alineados con el bloque derechista, que de este modo ya representan 77 sobre 155, a un escaño de la mayoría. Pero a eso hay que sumarle parte de los 17 convencionales que ingresaron en los lugares reservados para los pueblos originarios, muchos de los cuales son miembros de partidos políticos de la Concertación o de la derecha. La propia Presidenta de la Convención, Elisa Loncón, elegida en representación del pueblo Mapuche, es hermana de Lautaro Loncón, dirigente del Partido por la Democracia fundado por el fallecido ex Presidente Ricardo Lagos.
En resumen, ronda los 90 el número de convencionales alineados con la derecha y la conservación del sistema, frente a los cuales tenemos fuerzas supuestamente progresistas, como el Frente Amplio o la llamada Lista del Pueblo, que tienen críticas al sistema pero concuerdan en lo sustancial con mantenerlo. Entonces nos encontramos con un resultado bastante previsible del trabajo de la Convención: Se va a cambiar algo para que nada cambie, para que siga todo exactamente igual en esencia. Y eso se empezó a ver desde el inicio mismo de las actividades de la Convención: Los convencionales habían prometido no sesionar hasta que no se liberara a los presos políticos, pero esta proclama era solamente una proclama de campaña, y la Convención apenas sacó una declaración tibia que excluye a una parte importante de las presas y presos políticos que se encuentran en las cárceles de Chile.
Todo esto comprueba lo que nosotros venimos denunciando desde siempre: Que el Pacto del 15 de Noviembre de 2019 se hizo para salvar el sistema y a los partidos políticos que forman parte del duopolio y encontrar una salida negociada por arriba a la grave crisis que se abrió con la rebelión. Esta Convención es la coronación de esas maniobras que apuntan a hacer creer a la gente que se va a producir un cambio profundo, un cambio de régimen. La verdad es que, al terminar la gestión de esta Convención habrá algunos cambios cosméticos, pero se mantendrá la esencia del sistema.
PLR ha levantado con fuerza tres demandas inmediatas. Primero, el juicio y castigo a todos los responsables de las violaciones a los derechos humanos a partir del 18 de octubre. La segunda demanda es la libertad de todas y todos los presos políticos que hay en Chile, y el fin de los procesos políticos. Hoy hay cerca de 600 presos, pero judicializados con medidas de libertad vigilada domiciliaria existen más de 2500 compañeros, y por lo tanto hemos levantado la consigna y la demanda de libertad sin exclusiones de las presas, presos y procesados políticos. Y la tercera demanda es la de la reparación para las víctimas que sufrieron a partir de esa fecha por una política de sistemática violación de los derechos humanos por parte del gobierno y del estado, donde se confabularon fuerzas policiales, militares y políticas.
En este momento hay una toma impulsada por la Asamblea Cooordinadora de Estudiantes Secundarios y otras organizaciones, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que ha cumplido un papel encubridor de las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes contra la humanidad que se producido. A partir de esta toma se está desarrollando un acampe alrededor de la Convención Constitucional para exigirle que cumpla su palabra. Solamente la movilización de obreros, estudiantes y pobladores en alianza con los sectores del pueblo mapuche y los pueblos originarios que hoy se han levantado en contra de la política de depredación de la naturaleza desarrollada por las empresas forestales que arrasan con sus tierras, con el agua, con el bosque nativo, puede abrir un camino para resolver los problemas de fondo.
PLR está impulsando la unidad del pueblo por abajo, está impulsando la lucha y la movilización de todos los sectores para poner en pie en conjunto con las asambleas y organizaciones sociales un Referente Político y Social del Pueblo, que levante su propia alternativa política frente a la Convención constitucional. A través de esta institucionalidad podrida no se puede construir absolutamente nada, no se va a poder establecer ninguna Constitución legítima porque no habrá paz sí no hay justicia. Y eso no porque lo digamos nosotros, sino porque el pueblo chileno está harto de gobiernos criminales, de ladrones y corruptos vendidos al imperialismo, comprometidos incluso con el narcotráfico.
En eso estamos, luchando por la unidad del pueblo por abajo desde las asambleas territoriales, desde los sindicatos, los centros de estudiantes, promoviendo la movilización y el debate para conformar un verdadero y auténtico proyecto popular que abra un nuevo cauce, la nueva esperanza no solamente para Chile, sino para todos los pueblos latinoamericanos y del mundo que miran con mucha atención lo que aquí está pasando. Nosotros y nosotras no los abandonaremos, avanzaremos por ese camino así nos cueste lo que nos cueate.
Ya hemos dado muestras de que nosotros somos persistentes. Esta generación que se ha levantado y encabeza este proceso no se va a rendir.
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