La derrota del fascista José Kast fue, principalmente, resultado del voto de repudio a su abierto pinochetismo más que de algún tipo de entusiasmo popular por el electo «izquierdista» Gabriel Boric. De los 2,8 millones de votos que Boric sumó entre la primera y la segunda vuelta, 1,35 millones fueron votantes nuevos, votantes de «la revuelta». Paradójicamente, muchos de los presos políticos están detenidos en virtud de leyes represivas que impulsó Sebastián Piñera para derrotar la rebelión, y que fueron votadas por el propio Boric. Sin embargo, en relación al reclamo de libertad para todos los presos políticos, principal reivindicación del Chile rebelde al que debe su triunfo electoral, el ex dirigente estudiantil se ha limitado a prometer el retiro de las querellas del estado contra los presos de la revuelta.
Por Primera Línea Prensa de Chile/
Francisco Hernández Riquelme, joven de 21 años de la población Los Navíos, también conocido como Tablón en su entorno cercano por su amor al fútbol, fue detenido el 10 de diciembre del 2019 a las 21 horas, acusado de lanzamiento de bombas molotov en el puente Pío Nono a las 21:15, hora en la cual él ya se encontraba detenido por carabineros. A punta de una golpiza que le dejo cuatro dedos y la nariz quebrada, Francisco fue obligado a firmar una declaración, e ingreso a la cárcel-empresa Santiago 1 en calidad de imputado con prisión preventiva. Fue condenado oficialmente el 1 de septiembre del 2020 a cinco años y un día de cárcel efectiva, a pesar de una falta absoluta de pruebas conclusivas más allá de testimonios de carabineros infiltrados en la manifestación.
Recientemente, fue trasladado a Colina 1 para cumplir su condena. Francisco podría estar cumpliendo condena mixta – es decir, cumpliendo su condena bajo una medida no privativa de libertad como el brazalete – pero gendarmería fue negligente al entregar el primer informe de su caso, entorpeciendo el proceso. Todo esto, atravesado por una situación de precariedad económica de su familia, donde él era el sustento económico principal después de un accidente en locomoción colectiva de su madre. A la fecha, Francisco lleva entonces más de dos años en el sistema penitenciario.
El caso de Francisco fue emblemático dentro de los casos de la revuelta, al ser el primer condenado por un testimonio de la brigada intramarchas de carabineros, pero está lejos de ser único. Desde que estalló la revuelta popular el 18 de octubre del 2019, hemos vivido en este territorio una explosión de la prisión política a un nivel que no se había visto desde hace muchos años. Los procesos judiciales en curso asociados a la revuelta llegaron a los miles de casos, y hasta hoy en día – a los dos años ya cumplidos del inicio de la revuelta –, se encuentran en prisión preventiva o efectiva muchas y muchos que fueron perseguidos por las fuerzas represivas y el sistema judicial; inclusive, utilizando leyes que fueron votadas por el nuevo presidente electo.
La mayoría de ellas y ellos son jóvenes de origen popular, cuyas familias deben costear la dura realidad de la prisión con escasos recursos – abogados que pueden llegar a cobrar varios millones de pesos por llevar un caso, encomiendas semanales que pueden llegar a costar más de 50 mil pesos (sin contar lo que puede cobrar un manillero en la fila de encomiendas de Santiago 1 para no perder el puesto en la fila), días de trabajo (y, por ende, de sueldo) perdidos en esa misma fila de encomiendas, dinero para comprar artículos necesarios adentro de la cárcel donde por supuesto los precios son mucho más altos, dinero para reponer artículos de ropa, comida o aparatos telefónicos robados o destruidos por gendarmería en los recurrentes allanamientos. Y esto solamente es el costo monetario. Ni hablar del costo psicológico del aislamiento carcelario, de las torturas de gendarmería, del permanecer a tan largo plazo en un ambiente penitenciario de violencia, sin autonomía alguna.
Actualmente, es urgente actuar respecto a la prisión política. Las respuestas institucionales han sido inexistentes en la práctica: el proyecto de ley de indulto general propuesto por algunas y algunos senadores de oposición se encuentra estancado tras el fervor electoral que ha dejado en pausa todo lo que no equivale a votos. Además, es un proyecto de ley que deja fuera a todas y todos los presos políticos encarcelados antes de octubre 2019 – incluyendo al comandante Ramiro, a Juan Aliste Vega, a Marcelo Villarroel, y a muchos otros más – , detenidos después de diciembre del 2020 – incluyendo a las y los detenidos este año en la Villa Francia el 29 de marzo, en Renca por la marcha por el segundo aniversario del incendio de Kayser y a lo largo del país por el segundo aniversario del 18-O –, a quienes están perseguidos por percusión de armas de fuego, y a las y los presos mapuche.
Nada hace tampoco para dejar inhabilitadas las leyes represivas que condenaron al encierro a quienes luchan, asegurando que caerán siempre más personas a alimentar el ecosistema carcelario, beneficiando a las empresas que concesionan masivas cárceles como Santiago 1, La Gonzalina de Rancagua, Puente Alto, y muchas más. Ni mucho menos busca cambiar en nada las condiciones carcelarias que violentan a todas y todos los pobres que viven tras los barrotes.
La respuesta efectiva que podemos dar desde nuestros espacios de lucha, es la acción solidaria y directa de las organizaciones populares y territoriales que se han alzado en las calles en apoyo a las y los presos políticos. El aporte de estas organizaciones en agitar permanentemente respecto al tema, costear los gastos asociados con la cárcel, armando encomiendas, gestionando rifas para pagar los millonarios costos de los abogados, y el acompañamiento que se ha dado a las familias, significa un avance tangible en la lucha por la dignidad. Mientras el Estado se niegue a dejar en libertad a las y los presos políticos, tenemos el deber de organizarnos para no soltar las calles y apoyar a todas y todos quienes vayan cayendo en manos de la represión y de la cárcel, ya sean de la revuelta, mapuche, anarquistas y subversivos, de la dictadura o de la democracia. Solo así podremos seguir luchando. Olvidarnos de las y los presos es olvidar la lucha misma; la memoria es algo que vive en la acción, y en este momento demanda la solidaridad activa con las y los que están encarcelados por luchar.
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