Aunque no fue el factor principal del golpe del ’76, la cuestión de la deuda externa jugó, entre sus causas, un papel de importancia generalmente subestimada: a mediados de 1975, las reservas eran de U$S 500 millones, y los vencimientos a afrontar entre 1975- 76, sumaban U$S 2 mil millones. ¿Cómo encaró el problema el gobierno peronista de Isabel ? ¿Y cuál fue el papel del FMI?
Por Luis Brunetto/
Antonio Cafiero se hizo cargo del ministerio de economía de Isabel Perón a fines de julio del ’75, luego de la huelga general de la CGT del 7 y 8 de julio, que derrotó al rodrigazo y obligó a la renuncia del ministro de economía Celestino Rodrigo y del tristemente célebre José López Rega, ministro de Bienestar Social y jefe de las Tres A. Aquella huelga de la CGT fue simplemente la coronación de la huelga general de hecho desarrollada desde principios de junio por las Coordinadoras Interfabriles: “la CGT adhirió a la huelga”, decía la gente en chiste.
Cafiero encaró el problema de la deuda buscando nada menos que negociar un stand by con el FMI, lo que implicaba reformas estructurales: “…el ministro Cafiero se expidió por una vía eminentemente práctica, que no descarta la gestión ante el FMI”, destacaba favorablemente La Nación (26- 08- 75). Pero en Washington enfrentaría al rechazo del staff, que su viceministro Guido di Tella (el futuro canciller de las “relaciones carnales” de Carlos Menem) explicó como consecuencia de que el plan que llevó Cafiero “…no contemplaba ninguna reducción salarial drástica y mantenía como meta el pleno empleo, a la vez que sólo apuntaba a reducir el déficit a un 6%” (Perón- Perón, Sudamericana, 1983). El mismo FMI de siempre…
Cafiero apenas obtuvo U$S 250 millones en fondos de asignación automática por compensación de caída de los precios de las exportaciones, pero en cambio le fueron negadas las llamadas “facilidades petroleras”, que si exigían la presentación de un plan, aunque de menor alcance que el exigido para un stand by. Se llevó la promesa de otros desembolsos progresivos por el resto del año, que sirvió para obtener financiación de grupos nacionales. Pero, a partir de octubre, “las crecientes dificultades políticas y el tibio apoyo del Fondo indujeron a retirarse a algunos de los grupos prestamistas” (Di Tella).
Es que el alivio había estado ligado a las crecientes presiones del establishment para lograr el alejamiento de Isabel, cuya incapacidad era notoria. La licencia del 13 de septiembre, a pocos días del retorno de Cafiero, alentó las esperanzas en una normalización de la convulsa situación social: Italo Lúder, que asumió la presidencia en reemplazo de Isabel, endureció la política represiva contra la guerrilla y el activismo obrero, en la vía reclamada por la burguesía y las fuerzas armadas. Pero el alivio que la burguesía duraría poco: a principios de octubre, Isabel puso fin a su licencia.
A partir de entonces, la actitud de los organismos internacionales fue la de un abierto retiro de apoyo cuyo objetivo claro era ayudar al desarrollo de la crisis política, apostando a la salida militar. Ya al anunciarse el acompañamiento sindical al viaje de Cafiero a Washington en agosto, un editorial de La Nación había señalado que el conocer la opinión de las Fuerzas Armadas “…concierne a la gestión que comienza a realizar el Dr. Cafiero en el exterior porque el conocimiento [de la opinión militar NdelA] interesa a los acreedores del país tanto o más que la integración de una comitiva en la cual acompañan al ministro de Economía nada menos que el secretario general de la Central Obrera” («Poder formal y poder real», 31- 08- 75).
Por eso, en enero del ‘´76, Cafiero suspendió su viaje a la reunión anual del FMI en Jamaica. Sabía que no obtendría ya apoyo y, además, que su reemplazo era cuestión de tiempo. Su sucesor, Emilio Mondelli, intentaría obtener ese apoyo intentando aplicar un plan similar al que Rodrigo había intentado imponer poco menos de un año antes.
Las burócratas sindicales de la CGT, cuyo peso era por entonces decisivo, se mostraron paradójicamente menos renuentes a aceptar las negociaciones con el FMI de Mondelli que las de Cafiero, como al mismo Plan Mondelli. Querían prestar consenso para evitar otra rebelión como la de junio y julio. Por eso, apuraron un apoyo que las bases obreras no habían dado, tratando infructuosamente de contener las movilizaciones de rechazo. Adalberto Wimer (de Luz y Fuerza y adjunto de la CGT), declararía luego de entrevistarse con el ministro y conocer su propuesta de pedir tres nuevos créditos al FMI, que “La CGT no se opone a las negociaciones con el FMI, a menos que lesionen la dignidad nacional” (La Nación, 13- 02- 76). La dirección cegetista abandonaba así su oposición a la injerencia del FMI en el país.
A fin de febrero llegaría al país una misión del Fondo para resolver acerca de los créditos pedidos por Mondelli, mientras desde las usinas golpistas las Fuerzas Armadas hacían saber que “… si bien no consideraban cumplidas todas las instancias político- institucionales para salvar al régimen constitucional, también tienen el ánimo templado para asumir responsabilidades mayores en la República, responsabilidades no buscadas ni deseadas, pero que acaso sean ineludibles” (La Nación, 25- 02- 76). Con tales datos políticos, la misión retornó a Washington a principios de marzo.
El 5 de marzo, Mondelli anunció su plan, una especie de nuevo rodrigazo: devaluación de entre un 80 % y un 30 % del peso (según el tipo de cambio), aumento de alrededor del 80 % de los combustibles y tarifas de servicios públicos, flexibilización de la ley de inversiones extranjeras, privatización de empresas del estado, reducción del gasto público y del despido de 800 mil empleados estatales, y un aumento salarial de apenas el 12 %. Se rumoreaba que el plan había sido informado al FMI antes que al país: “…si lo hubiera redactado directamente el staff del FMI, no sería demasiado diferente” (La Opinión, 07- 03- 76).
La burocracia, aunque mucho más predispuesta al acuerdo de lo que había estado un año antes, debió enfrentarse otra vez a un panorama de rebelión obrera en el país entero, con la revitalización de las Coordinadoras que amenazaba repetir las jornadas de 9 meses antes. El 10, Mondelli debió ceder y otorgar un 20 % de aumento salarial. Esto, que representaba un cambio ínfimo en el programa ministerial, mostraba que el gobierno debía continuar cediendo a la presión obrera.
Fue aquí que el FMI terminó de soltarle la mano a Isabel, y la decisión coincide con sus días finales. Sin dudas, así como el artículo de La Nación acerca del viaje de Cafiero en agosto del ’75, sostenía que el FMI estaba más interesado en la opinión militar que en la sindical, la decisión del FMI fue uno de los elementos que Videla y sus secuaces tuvieron en cuenta para intervenir finalmente y derrocar al gobierno: “…el problema estaba centrado en la falta de estabilidad política del gobierno argentino, que inducía al Fondo a no comprometerse, a pesar de que uno de los créditos solicitados, el de compensación por caída de exportaciones, era automático (…) El Fondo Monetario dejó en claro que hasta que no hubiese una definición en el país no se podía pensar en préstamos.” (Kandel y Monteverde: Entorno y caída, 1976).
La deuda y el FMI: ¿un problema que empezó con la dictadura?
En el conjunto de elementos que constituyeron los motivos del golpe de 1976, el problema del endeudamiento externo no es el más importante, pero si es prueba de la voluntad del establishment financiero internacional de acompañar la salida golpista. La burguesía imperialista comprendía que, para aumentar su influencia en el país, debía estimular la reestructuración social y económica de la Argentina.
Tal reestructuración era, por supuesto, una necesidad objetiva impuesta por el agotamiento definitivo del proceso de desarrollo capitalista nacional apoyado en el mercado interno, y estaban dadas las condiciones para que se hiciera en un sentido o en otro, es decir: en el sentido de una salida revolucionaria dirigida por la clase obrera o por la contrarrevolución. Los organismos internacionales, como elemento fundamental del dominio imperialista, no podían más que pesar sobre esta disyuntiva en un sentido reaccionario.
Las interpretaciones que, incluso desde la izquierda, consideran al problema de la deuda y de la injerencia del FMI como un producto de la dictadura, no se ajustan, como se ve, a los hechos. Disculpan, además, al nacionalismo burgués peronista que, como hemos visto, pretendió resolver la urgencia de los vencimientos impagables del 75- 76 negociando un stand by. Así, se lo absuelve injustamente de su responsabilidad histórica en el proceso que condujo al desarrollo de la deuda y del control del FMI sobre la economía nacional, una absolución que contribuye a apreciar equivocadamente la capituladora naturaleza de sus continuadores.
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