El debate sobre la aprobación del acuerdo con el FMI puso en evidencia, según el Director de la Consultora Circuitos, varios problemas intrínsecamente relacionados. El primero refiere al mayoritario pero fragmentado consenso político sobre la necesidad de aprobar el acuerdo, frente al temor a una caída en default; el segundo, a las tensiones respecto a las condiciones para llevarlo adelante, sobre todo en el oficialismo; el tercero, al consenso, la legitimidad y el conocimiento social del contenido del pacto con el FMI.
Por Pablo Romá*/
La discusión del acuerdo con el FMI puso de manifiesto distintas posiciones respecto a la confianza en que se cumplan las pautas de crecimiento que plantea el “Plan Guzmán”. Al interior del gobierno, la figura de Máximo Kirchner fue el centro de las diferencias. Su renuncia a la presidencia del bloque oficialista y su voto en contra tendieron un manto de duda sobre los beneficios del acuerdo para la economía nacional, para la población en general, y para la performance electoral de la alianza gobernante.
La división interna del oficialismo se mantiene desde la elección de medio término del año pasado, cuando los resultados desfavorables derivaron en crisis de gabinete con amenaza de renuncia de ministros incluida, y la carta pública de la vicepresidenta con críticas a la política económica comandada por Martín Guzmán. Ya antes de la renuncia de Máximo Kirchner, el hecho de que el presidente tuviera que apoyarse en Juntos por el Cambio para conseguir una mayoría amplia para la aprobación del acuerdo en Diputados, había tensionado todavía más al Frente de Todos.
Una de las conclusiones de aquellas elecciones al interior del oficialismo fue la de que la lista única en las PASO hizo perder competitividad, mientras que la disputa entre UCR y PRO potenció a JXC. Es por eso que, más que un escenario de fractura, parece dibujarse un proceso de perfilamiento de dos sectores que pretenderían dirimir, dentro del FDT, quién y en qué condiciones competirá por la fórmula presidencial en 2023. Sin embargo, el acuerdo con el FMI potencia las tensiones internas, y está claro que el destino de unidad del FDT no está escrito en las estrellas, sino sometido a la evolución del proceso político.
La separación de los artículos en el proyecto de ley intentó oficiar como salvoconducto para que oficialismo y oposición pudieran aprobarlo en general y discutirlo en particular. Pero ese vericueto procedimental se truncó porque los objetivos políticos de sus diseñadores trascendieron las formas: el articulado hacía responsable del endeudamiento al gobierno de Mauricio Macri, y adosaba las políticas económicas que implica el entendimiento con el staff del FMI. De aprobarse de este modo, JXC suscribía su culpabilidad en la crisis económica, y legitimaba el programa económico de Guzmán.
Como el escenario hacía necesario el apoyo mayoritario de la bancada de JXC, el gobierno tuvo que abandonar el objetivo político de cargarle el costo del acuerdo resaltando la responsabilidad de Macri en el retorno del FMI, en pos de garantizar su objetivo económico: cerrar con el Fondo pesó más. Sin embargo, dentro de la oposición mayoritaria tampoco las posiciones eran homogéneas. Mientras el sector del radicalismo alineado con el gobernador Gerardo Morales y la Coalición Cívica estaba convencidos de que había que aprobar el acuerdo de cualquier modo, los sectores alineados con Macri proponían imponerse en la discusión de la comisión parlamentaria.
Así, todos pujaron por su interés inmediato y pueden decir que ganaron algo: el Poder Ejecutivo tiene el acuerdo aprobado y los sectores de la oposición que temían un default ven cómo se aleja esa posibilidad; el macrismo evade su corresponsabilidad en el retorno del FMI y con el programa económico de Guzmán; y el sector identificado con Máximo Kichner, al no avalar el acuerdo, se presenta a 2023 como alternativa dentro del FDT.
En definitiva: la aprobación del acuerdo en Senadores con el apoyo de los gobernadores y de JXC, y con la silenciosa oposición del kirchnerismo, aleja en lo ‘inmediatísimo’ el fantasma del default. El silencio de los senadores cristinistas, aún en el marco de las tensiones internas agravadas por los piedrazos al despacho de la vicepresidenta, parece una señal de que ese sector del FDT no ha decidido quemar las naves. En el mediano plazo, habrá que ver si las diferencias en las coaliciones políticas más importantes se profundizan o las elecciones del año que viene funcionan como un canal efectivo a la hora de contener las tensiones internas.
Los espacios que rechazaron el acuerdo, ya sea por izquierda (rechazo de la presencia, de las condicionalidades del FMI y de la deuda considerada ilegítima), o por derecha (falta de reformas estructurales que profundicen el ajuste y garanticen el pago de la deuda y las ganancias de los grandes empresarios), intentan construir un lugar que les permita posicionarse de cara a la sociedad frente a un escenario de profundización de la crisis económica, y capitalizar así las fuertes tensiones políticas internas que afrontan las opciones electorales mayoritarias.
¿Y qué piensa la sociedad?
Pero lo que hemos descripto es la discusión entre los políticos. En cambio: ¿cómo permean los discursos de los dirigentes en la opinión pública? A partir de un trabajo que hicimos el 14 de febrero desde Circuitos Consultora en provincia de Buenos Aires, constatamos que entre la opinión mayoritaria de los encuestados y el consenso predominante entre los políticos hay una distancia importante.
Para la gran mayoría, la deuda debería pagarse, pero identificamos distintas variantes de cuánto y cómo. El 42,3 % de los encuestados opinó que debiera pagarse solo la parte que se reconociera como legítima, mientras que el 12 % consideró que no debía pagarse. Es decir que una mayoría del 54 % cuestiona, cuando menos, la legitimidad de la totalidad de la deuda. Sólo el 21,7 % de los encuestados compartió el criterio palamentario mayoritario de reconocer sin impugnaciones la totalidad de la deuda contraída con el FMI.
Además, y ese es uno de los datos más interesantes del estudio, los niveles de desconocimiento sobre el contenido del acuerdo son muy elevados: el 57,4 % no sabe si el acuerdo es beneficioso o no; el 48 % no sabe si se podrían haber logrado mejores condiciones en la negociación; y el 51,4 % no tenía una posición respecto a si el Congreso debía o no aprobarlo. Conseguir la legitimación social del acuerdo hubiera requerido un nivel de discusión más amplio y más profundo, con una mayor circulación de la información en tiempo y calidad.
Si bien la idea de que parte o toda la deuda tiene que ser honrada es mayoritaria, las demandas urgentes de la sociedad, que tienen que ver fundamentalmente con la inflación y los ingresos, no se subordinan sin problemas a esa conclusión. En política no hay cheques en blanco: ¿están seguras las élites de que cuando piensan en cómo pagar y crecer están pensando en los mismos términos que la sociedad?
Link a la encuesta: https://bit.ly/3u8zo48
* Sociólogo, Docente de la UBA, Director de la Consultora Circuitos.
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