De acusado a acusador, el desfile de Eduardo Belliboni por los canales de TV, además de provocar la envidia de quienes invierten fuertes sumas en presencia mediática, terminó por poner en cuestión los argumentos con los que la burguesía ataca a la asistencia estatal a los desocupados, a la que responsabiliza de las perturbaciones en el mercado de trabajo que dificultarían la «reactivación». Una Editorial sobre la baratura del trabajo y el modo en que la realidad se sobrepone a las maniobras comunicacionales.
Editorial por Redacción/
Por suerte, o por simple lógica, el público lector de Estación Finlandia es un público obrero, popular y de izquierda, al que la siguiente afirmación no va a escandalizar en absoluto: los empresarios, capitalistas o burgueses, como queramos llamarlos, son parásitos.
Esta afirmación tiene dos dimensiones. Una absoluta: la ganancia empresaria es producto de una relación de explotación. Otra histórica: el capitalismo ha llegado a su límite y la burguesía supervive como clase fagocitándose la porción del plusvalor que debería destinar a la propia reproducción ampliada del capital.
Por supuesto, hay parásitos y parásitos. Algunos te enflaquecen, otros te matan. En la escala parasitaria global de la burguesía, a la clase capitalista argentina hay que ubicarla en las franjas más peligrosas…
De tal peligrosidad es una prueba el desfile mediático de empresarios, grandes, medianos y pequeños, que pululan por los canales de televisión quejándose porque no consiguen mano de obra para afrontar el proceso de “reactivación” que, afirman ellos, está haciendo volar a la economía argentina.
La explicación empresarial a la escasez de brazos laboriosos pasa, en primer lugar, por la falta de entrenamiento de la mano de obra. Es factible: la irrupción de la desocupación crónica desde las reformas económicas menemistas impactó sobre la formación técnica de la fuerza de trabajo. Y fue acompañada por una reforma educativa que transformó a las escuelas en depósitos.
Lo extraño, sin embargo, es que, ante las oportunidades de negocios que les ofrece el rebote post pandémico, la misma clase empresarial que promovió las reformas menemistas, se queje ahora de una de sus principales consecuencias. Y, en un grado de “rapiñosidad” sin precedentes, pretenda que los trabajadores y el estado asuman el costo del entrenamiento de la fuerza de trabajo, transformando al proceso de formación laboral en la contraprestación a cambio de la que se recibirían los $ 16 mil del plan.
Así, los medios presentan al empresario como víctima: ¿cómo no indignarse cuando al «pequeño» empresario textil Marcelo Fernández, propietario de una fábrica con 90 obreros y presidente de la nac & pop CGERA, solamente se le presentó uno de los 20 “planeros” que le mandó su amigo ministro Juan Zabaleta para “capacitarse”? ¿Cómo no indignarse todavía más cuando nos enteramos de que finalmente este también terminó dejándolo abandonado?
Está claro que los $ 16 mil pagados por el estado con los que Marcelo pretende capacitar trabajadores, no alcanzan para nada, y que el trabajador desocupado que cobra un plan sobrevive con chanigas, o trabajando en negro. La “capacitación” que defienden los empresarios interrumpe y distorsiona esa dinámica de supervivencia y, por lo tanto, hay una racionalidad obrera en su rechazo, anatemizado por el burgués no sólo por desprecio elitista, sino sobre todo por interés de clase.
Efectivamente, lo que está en juego es el costo del entrenamiento de esa fuerza de trabajo y quien debe asumir el costo. Los empresarios, con la venia del propio estado burgués, pretenden que sea de $ 16 mil mensuales por 4 horas diarias, sufragados por el fisco. Los trabajadores desocupados, apoyándose en el movimiento piquetero, pueden sustraerse a esa extorsión, y a los empresarios les salta la térmica…
Pero la discusión por ese costo, en realidad, lleva a la discusión salarial. Lo que sale a la luz es la baratura de la fuerza de trabajo argentina. Los empresarios pretenden capitalizar la “reactivación” aprovechando esos salarios de ganga, y se enojan porque el peso del movimiento piquetero se los impide.
En la sociedad capitalista las mercancías se intercambian por su valor, igual a su costo de producción, que se expresa en un precio sometido a los vaivenes de la oferta y la demanda que oscila alrededor de ese costo. El salario, precio de la mercancía fuerza de trabajo, se compone de la suma del valor del conjunto de las mercancías necesarias para su reproducción y la de la familia obrera.
Con la canasta básica (que no incluye el precio del alquiler) en unos $ 85 mil y la canasta familiar en alrededor de $ 130 mil, el promedio salarial según la última EPH del INDEC es de $ 55 mil, menos de 2/3 de la primera y menos de la mitad de la segunda, y el 50 % de la fuerza de trabajo gana menos de $ 72 mil, por debajo de la canasta básica. Es decir: el precio de la fuerza de trabajo se encuentra por debajo de la mitad de su valor.
Si ese precio, el salario, no cae todavía más, es justamente gracias al límite que le pone el movimiento piquetero. Paradójicamente, el movimiento piquetero suple en cierto modo y objetivamente a la CGT, y esteriliza hasta cierto punto su función ejecutora de los planes flexibilizadores de la burguesía, al menos en lo que se refiere al límite inferior del salario. E, incluso, es a su plan de lucha al que hay que atribuir el nuevo IFE y las miserables concesiones hechas por el gobierno.
En ese sentido es que el movimiento piquetero es visto, según la traducción que hacen los políticos burgueses de las necesidades de su clase, como un movimiento extorsionador. El empresariado, que pretende extorsionar con el hambre y la desocupación a los trabajadores para comprar al precio más bajo posible su fuerza de trabajo, se coloca en el lugar del extorsionado.
Y, por eso, pasea a Eduardo Belliboni por todos los canales, en una maniobra comunicacional que, no casualmente, salió al revés: fue el empresariado el que terminó sentado en el banquillo de los acusados.
En fin, fracasado el argumento educacional, la explicación termina reduciéndose al remanido “la gente no quiere laburar”, aserto en el que al final coinciden en el programa del progre Maxi Montenegro, contra Belliboni, el también progresista CEO de la envenenadora multinacional Syngenta Antonio Aracre (de quien se dice que estaría buscando un lugarcito en la política burguesa argentina), y el pyme Marcelo Fernández, que pretende que le trabajen gratis.
Del mismo modo en que Milei y Marra coinciden con Luis D´ Elía en acusar a Belliboni de los peores crímenes que se puedan imaginar.
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