La declaración del estado de excepción en el Wallmapu termina por desmentir en apenas dos meses cualquier ilusión progresista en el gobierno de Gabriel Boric. Desde Chile, nuestro Corresponsal Clandestino.
Por Corresponsal Clandestino desde Chile/
El establecimiento del estado de excepción en el Wallmapu termina de sellar la deriva derechista del recien asumido gobierno de Gabriel Boric. No sólo representa la continuidad del estado de guerra contra el pueblo mapuche por parte del estado chileno: infringe una de sus principales y más explícitas promesas de campaña. A la velocidad de la luz, la progresía chilena defrauda a propios y extraños, tal cuál Alberto allende la Cordillera, y tal cuál harán Petro en Colombia o Lula en Brasil, de ganar sus propias elecciones nacionales.
Las señales de este curso represivo no son nuevas. Ya electo, en diciembre pasado se reunió con Ricardo Yáñez, el director de Carabineros nombrado a principios de 2020 por Sebastián Piñera, y verdugo del pueblo chileno durante la revuelta. A pesar de los reclamos de renuncia de las organizaciones de DDHH y de familiares de víctimas y de presos políticos, Boric lo ratificó después de asumir, y hasta permitió que se lavara la cara firmando un acuerdo con el Instituto Auschwitz para la «Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas» (AIPG). Yáñez sostuvo que esa firma significaba «un hito para nuestro proceso de Modernización y Reforma, para ser los Carabineros que la sociedad necesita»…
Los «carabineros que la sociedad necesita» garantizaron que grupos paramilitares balearan en la cara a la periodista Francisca Sandoval Astudillo mientras cubría la marcha del 1º de mayo convocada por la Central Clasista de Trabajadores de Chile para el canal comunitario Señal 3 La Victoria. Murió tras 11 días de agonía el pasado jueves 12. Los Carabineros de Yáñez y Boric, además de haber asegurado la acción impune de los asesinos fascistas, se encargaron de reprimir salvajemente el cortejo fúnebre al mejor estilo de Pinochét o Piñera.
Por su parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos acaba de comunicar que renuncia a iniciar querellas por «crímenes de lesa humanidad» que las fuerzas represivas pudieran haber perpetrado durante la represión estatal de la revuelta: «el análisis de los antecedentes disponibles a la fecha no permite configurar la concurrencia de un ilícito de tales características, conforme lo dispone el Estatuto de Roma y la propia ley chilena”.
El INDH es un organismo estatal autónomo dirigido por el abogado democristiano Sergio Micco, que jugó un papel nefasto durante la revuelta, justificando las atrocidades de Carabineros en abierta coordinación con el gobierno de Piñera. Por ejemplo, mientras los informes de los organismos de DDHH coincidían en una cifra cercana a las 500 para las víctimas de trauma ocular producto de la práctica salvaje de Carabineros de tirar a la cara de los manifestantes, en octubre de 2020 el balance del INDH reducía ese número a 163.
En julio de 2021, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), agrupaciones de familiares de víctimas y presos del 18- O y víctimas de traumas oculares, tomaron la sede del INDH en el barrio de Providencia, para reclamar la renuncia de Micco. La toma fue levantada luego de la asunción de Boric. Una de las condiciones para el levantamiento fue, justamente, el compromiso de impulsar contra Piñera, Yáñez y todos los represores causas de lesa humanidad. Micco sigue en su cargo y, no casualmente a horas de establecido el estado de excepción en el sur, el INDH resuelve desistir de impulsar esos juicios.
La continuidad de la militarización del Wallmapu es una clara señal a las compañías madereras, a los terratenientes, a las trasnacionales y a toda la burguesía chilena. El rechazo parlamentario a un quinto retiro de fondos de las AFP, en el que la coalición progresista de Boric jugó un papel clave, prueba que este rumbo represivo está asociado a la voluntad de no avanzar en cambio estructural alguno en el terreno económico y social. El reciente apoyo público de Morgan Stanley a la nueva Constitución, a cuya aprobación está asociado el destino político de Boric, demuestra que la estrategia del gran capital nacional e internacional en Chile no es otra que la del gatopardismo: «cambiar algo para que nada cambie».
Boric pretendía representar la clausura progresista del levantamiento contra el «régimen de los 30 años», pero se ha visto obligado, luego de que la derecha le rechazara su proyecto de «estado intermedio», a recurrir al estado de excepción de Piñera para clausurarla del único modo posible: el de la violencia represiva del estado burgués.
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