¿Puede la economía argentina funcionar y pagar la deuda externa a la vez? Una economía en caída libre, en un espiral descendente que ya muestra índices peores que los del desastroso 2001: ¿Puede destinar una porción decisiva de sus recursos a satisfacer la voracidad de buitres nacionales y extranjeros? Las consecuencias postpandemia del acuerdo que pretende alcanzar el gobierno después de mejorar constantemente la oferta a los acreedores.
Por Gastón Remy*, para Estación Finlandia/
La economía argentina en abril registró el mayor retroceso de su historia con una caída del 26,4 % interanual. Este derrumbe ocurre en el primer mes donde más se sintieron las medidas de la cuarentena en el conjunto de las actividades no esenciales; y en particular, con la paralización de las obras de construcción y de la actividad en hoteles y restaurantes. Ambos sectores tuvieron las mayores bajas, 86,4 % y 85,6 %, respectivamente.
El gobierno ensaya un mensaje optimista, mostrando la reactivación de las economías del “interior”, pero la verdad es que aún hay varias provincias que volvieron a la fase uno. Al igual que hizo la zona del AMBA. La política sanitaria actúa sobre un sistema sanitario destruido por años, mientras el distanciamiento social obligatorio se desarrolla con la carencia de test masivos que permitan planificar mejor la cuarentena, con faltantes de materiales para los trabajadores esenciales, con el potencial peligro que colapse el sistema sanitario, con empresarios que exponen a los trabajadores al contagio.
Con este trasfondo por el cual transcurre una pandemia que aún se sigue investigando, los pronósticos de la economía están atados a las idas y venidas de la cuarentena, aunque las distintas fuentes indican caídas que van encontrando un piso de, al menos, el 10 % anual (FMI) y, peores aún, como indica el Banco Central donde la baja podría llegar al 12,9 %. La última vez, que el PBI se redujo en una magnitud similar fue durante la salida de la convertibilidad, cuando en el último trimestre de 2001 la economía cayó 10,7 %, y en 2002 la crisis se devoró un 10,9 % del PBI, mientras la desocupación alcanzó un 21,5 % y la pobreza la friolera de 57,8 %.
Las caídas del PBI actuales son superiores claramente a la última gran crisis 2001-2002, mientras que el desempleo ya trepó durante el primer trimestre del año al 10,4 %, lo cual considerando que se trató de un período en el cual aún no se habían tomado prácticamente medidas de cuarentena, estamos ante un piso de desempleados de dos dígitos para lo que resta del año. A su vez, según el ministerio de Trabajo en abril se destruyeron 364 mil puestos de trabajo registrados (asalariados y cuentapropistas), respecto a un año atrás. A diferencia de la caída del empleo en los últimos meses, ahora se observan bajas en todos los sectores del empleo asalariado, privado y público, como en el empleo “independiente” (cuentrapropistas) en todas las categorías.
El panorama de los trabajadores es preocupante con más de 5 millones afectados por suspensiones, despidos y rebajas salariales desde que comenzó la cuarentena como refleja el Observatorio del empleo durante la pandemia [1]. Por otra parte, para la UCA la pobreza en los últimos días de abril ya ronda el 45 %. Estos son algunos números que por sí solos muestran una dinámica económica y social, acelerada por el covid-19, cada vez más catastrófica y que tiene a la economía con pronóstico reservado. El economista jefe del BID, Eric Parrado, en una conferencia reciente, descontó que la recuperación en toda la región llevará tiempo y no será nada fácil.
¿Salud o economía?
Frente al controvertido dilema, salud o economía, el gobierno de Fernández ante las marcadas estrecheces del sistema de salud, que no son solo una herencia macrista sino de décadas, podría haber optado por una mayor contención si los dólares que se reservaron para pagar deuda mientras se negociaba con los acreedores, se hubieran usado rápidamente para importar insumos clave. Un estudio de José Gasparín (Cippec) explica que el gasto sanitario de la Administración Pública Nacional se incrementó en 50 mil millones de pesos entre marzo y mayo respecto de 2019; mientras en intereses de la deuda pública se pagaron 280 mil millones (enero-mayo), o sea más de 5,6 veces recibieron los acreedores respecto de los fondos destinados a la salud pública en el marco de una pandemia y los “servicios económicos”, subsidios a empresarios de la industria o el transporte, entre otros, aumentaron en 150 mil millones entre marzo y mayo.
Las grandes corporaciones como el Grupo Techint, Clarín, Mercedes Benz, Ledesma, entre otras, recibieron las ayudas del programa de Atención al Trabajo y a la Producción (ATP) con el cual pagaron parte de los salarios de los trabajadores, además de contar con facilidades impositivas y créditos a tasas subsidiadas. Estos grandes jugadores que marcan la dinámica de la economía nacional, no se privaron de despedir trabajadores, amenazar con el cierre como la aerolínea Latam o aprovecharon las ventajas de las reducciones salariales, aún cuando incluso se trata de empresas que se desempeñan en rubros esenciales. De esta manera, el decreto 329/2020 que prohíbe los despidos, fue pasado por alto por patronales que contaron con la venia del ministerio de Trabajo y con el silencio de la CGT que gestionó las suspensiones y rebajas salariales. A la par que desde el Congreso se avalaron nuevas formas de precarización laboral con la “Ley de teletrabajo”.
El resto del gasto del Estado estuvo dirigido a dar cierta contención sobre las y los más de 11 millones de trabajadores que no cuentan con ingresos y solicitaron el bono de 10 mil pesos (Ingreso Familiar de Emergencia) que se comenzó a pagar en el mes de mayo. Los casi 9 millones que lo recibieron, luego de versiones oficiales de una posible recorte, volverían a hacerlo por tercer mes consecutivo. Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, viene patrocinando la intención de reconvertir el IFE en un “plan universal”, incluyendo hasta la posibilidad que los beneficiarios que pasen a brindar contraprestaciones laborales en los municipios, reciban un salario mínimo, vital y móvil ($16.875). Lo que suelen denominar “ampliación de derechos”, no es más que mayor precarización laboral encubierta. Algo de esto vimos durante la “reconversión” de aquellas personas que cobraban el Plan Jefes y Jefas de hogar instrumentado en 2002 y que luego ingresaron como trabajadores precarios en los municipios, lo contrario al trabajo genuino.
En resumen, el gasto efectuado y proyectado del Estado nacional con destino social, en materia de salud, infraestructura, ayudas económicas, financieras y fiscales a los empresarios representa un 3,9% del PBI según un informe de la Cepal (julio 2020), ubicándose unos puntos por encima del promedio de América Latina (3,2%), y por detrás de países como Paraguay (4,2%), Perú (4,6%), Brasil (4,8%) y Chile (5,7%) [2]. Considerando la delicada situación fiscal que arrastra el país en los último años y la falta de crédito exterior, en el marco de un proceso de reestructuración de la deuda pública, este mayor gasto destinado a contener a sectores de trabajadores ocupados y desocupados, también tuvo los límites de continuar con fuertes auxilios a los empresarios, pagos millonarios a los acreedores de la deuda, mientras se mantuvieron intactas las ganancias de los bancos que durante el primer trimestre del año se embolsaron más de 39 mil millones de pesos.
Una deuda odiosa de nunca acabar
En un carril paralelo a la economía que está ligada a la vida de los mortales el gobierno se está jugando su principal carta: el arreglo con los acreedores de la deuda. Ante los buitres el ministro Guzmán fue dando un giro flexibilizador de aquella oferta inicial del 16 de abril que lo mostraba en una posición que algunos tildaron de “soberana”. Con el paso de los días, los lobos de Wall Street le fueron tomando el pulso a un gobierno muy necesitado de despejar que el default parcial heredado de Macri, se transforme en default total de títulos públicos. La negociación aún no terminó, pero muestra la enorme debilidad del gobierno y la necesidad de la clase empresarial por llegar a un acuerdo y garantizar así la posibilidad de volver a tomar créditos en el exterior en un mundo que se vuelve cada vez más hostil, subsumido en la mayor crisis económica de la segunda post guerra (según el FMI la recesión mundial sería del 4,9% este año), lo cual recrudece las tensiones entre los Estados, a la par que profundiza la ubicación periférica del capitalismo argentino. Un panorama que incluso los más cercanos al gobierno, admiten como mucho más complejo y adverso, si miramos aquel momento dorado que facilitó de la mano del “boom de los commodities” la recuperación desde fines del 2002 a una Argentina que había descendido hasta el “infierno”.
El lunes 6 de julio Guzmán presentó una enmienda a la oferta inicial ante la comisión de valores de Estados Unidos, SEC según las siglas en inglés, donde confirmó un retroceso significativo a favor de los acreedores respecto de su oferta inicial, que reconocía un valor presente neto (VPN) de 40 dólares por cada 100 dólares del valor nominal de cada bono, en esta oportunidad la propuesta mejoró sustancialmente a 53,5 dólares. Además la reducción del capital es casi ínfima, 1,9% (en promedio ponderado). De esta manera, el gobierno cede a los acreedores entre 10 mil y 15 mil millones de dólares, la primera, es una suma que equivale a casi 11 meses del pago del IFE a 9 millones de trabajadores.
Sin embargo, lo que el gobierno intentará presentar como una negociación a favor del pueblo trabajador, no significa más que un pingué negocio para los buitres quienes reciben un reconocimiento del valor de los bonos muy por encima de su cotización actual que no supera los 40 dólares, tasas de interés que si bien bajaron de los valores estratosféricos acordados por el macrismo, quedarán irían ascendiendo hasta 4,125 %, cuando en el mundo de las finanzas las tasas están entre 1 y 0 %.
El hecho que aún los principales tenedores de los bonos puestos en reestructuración como el mandamás de Wall Street, BlackRock –quien a su vez tiene participación en varias de las principales empresas que operan en el país, como por ejemplo, YPF-, pone seguramente un escenario donde no se puede descartar el default de una parte de la deuda en dólares bajo legislación extranjera, como también el inicio de un nuevo ciclo de juicios contra el país (no es casual el reciente fallo de la jueza, Lorena Preska, que exige al país pagar cerca de U$S 450 millones a buitres que hicieron juicio por no aceptar la concesiva oferta de canje de 2016) o, tal vez, lo más seguro, una nueva ronda de claudicaciones de parte del gobierno ante los acreedores.
Como sostiene el historiador y abogado, Alejandro Olmos Gaona, citando al ex ministro de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, quien en 1984 en el Congreso de la Nación dijo, “las deudas no se pagan nunca, lo que se paga son los intereses”. Se trata de un mecanismo de sometimiento de las naciones por parte del capital financiero con sede en Nueva York y en las grandes plazas financieras de los países imperialistas, ante el cual, los gobiernos de distintos signos políticos han mostrado permanentemente su sumisión. El hecho que sea una deuda contraída contra los intereses del pueblo trabajador y, a sabiendas que el propio Estado no está en condiciones de sostener, como incluso reconoció el FMI luego de otorgar al país el mayor crédito de su historia, la transforman en una deuda odiosa según la doctrina jurídica que tomase como referencia lo actuado por el letrado conservador Alexander Sack durante el siglo pasado. En el caso de la deuda pública de Argentina el prontuario tiene además un largo historial de irregularidades como las 477 que detectó el juez Ballesteros en su sentencia de agosto de 2000, la cual fue presentada ante el Congreso, pero ningún gobierno se atrevió a considerar. Allí se encuentran la estatización de deuda privada de grupos como Ford, Techint, Pérez Compac, Ledesma, Shell, entre otros, que sumaron al menos 17 mil millones a una deuda que desde la última dictadura militar nunca dejó de crecer pasando de U$S 8.000 millones en 1976 a U$S 323.000 millones en la actualidad, pese a haberse pagado desde ese entonces más de 600.000 millones.
La reestructuración de Guzmán que se dispuso con una auditoría del BCRA que no se dirige a toda la historia fraudulenta de la deuda, sino que solo atañe a la deuda contraída durante el macrismo y no estudia las dudosas prácticas de emisión de bonos de Luis Caputo (ex secretario de Finanzas), es ya una gran confesión de partes de la negociación que se está haciendo. Esta última, alcanza solo al 20 % de esta deuda, unos U$S 65 mil millones, mientras como dijimos la quita de capital es ínfima el peso de la deuda que alcanza al 89,4 % del PBI (dic. 2019) no se modifica, incluso dada la caída del PBI hasta podría aumentar. Con esta renegociación el país patearía para adelante los pagos de intereses, el año que viene el país tiene pagos ínfimos en títulos de deuda a diferencia de los vencimientos con los organismos internacionales por unos U$S 7.400 millones (mayormente capital).
En la cola de acreedores sigue el FMI con 44.700 millones de dólares prestados al gobierno de Macri, cuyos vencimientos más fuertes son en 2022, está claro que por la situación de crisis estos pagos van a ser impracticables. El organismo que había previsto un “sendero de sostenibilidad” de la deuda argentina de cara al inicio de la reestructuración que lleva Guzmán, recordemos preveía un valor presente neto máximo de los bonos de 49,9 dólares. No hubo explicación hasta el momento de qué hizo que la actual oferta superior a ese “límite” haga sostenible el pago de la deuda y que la propia titular del FMI, Kristalina Georgieva, le dé su aval. Seguramente, estos números sean utilizados más adelante por los burócratas del Fondo para exigirle a la Argentina mayores sacrificios fiscales con tal de honrar todas las deudas y, para este fin, por qué no una agenda de reformas estructurales, que implique nuevos ataques sobre los y las jubiladas, los trabajadores y mayor ajuste del presupuesto público en salud, educación y vivienda.
Restricciones
Desde las usinas del pensamiento conservador y liberal acusan al gobierno nacional de no tener un plan económico y de actuar en forma irresponsable en materia de emisión monetaria, déficit fiscal y fogonear la inflación. Pero su grito no estalló porque parte de esa emisión financia a grandes grupos empresarios que despiden trabajadores o que desde el Banco Central se continúe sosteniendo el negocio de las Leliqs con los bancos; sino cuando Alberto Fernández anunció la estatización del grupo de agronegocios y derivados, Vicentín. Volvieron a agitar el fantasma del “chavismo” y hasta del “comunismo”, pero como bien explica Adriano Peirone en Le Monde, el peronismo ni durante el primer gobierno de Perón tuvo esta vocación estatista “descontrolada” que le atribuye la derecha. En los gobiernos kirchneristas las estatizaciones fueron mayoritariamente sobre ex empresas del Estado que habían sido privatizadas durante los 90´.
Con el retroceso del plan de expropiación y la vía del “Plan Perotti”, tal vez el Estado nacional quede como socio de un negocio compartido con empresarios non sanctos como explica el economista Pablo Anino [3]. Mientras siguen las negociaciones entre el gobierno, la Justicia y el grupo Vicentin, salió a la luz el oscuro negocio que existe en el principal sector generador de divisas del país. Se trata de cinco multinacionales (Cofco, Cargill, ADM-Toepfer, Bunge, y la argentina Aceitera General Deheza (AGD)) que controlan cerca del 57% de las exportaciones de granos y derivados, un rubro que, a su vez, representan el 65% del total de las ventas al exterior del país en un año. De más está decir que las maniobras de evasión fiscal, fuga de dólares y creación de compañías asociadas con domicilios en paraísos fiscales que el actual director del Banco Nación, Claudio Lozano, atribuye al grupo Vicentin, también las realiza el selecto grupo de multinacionales ligadas al agronegocio como explica el economista Leandro Bona, en su investigación sobre la fuga de capitales en Argentina.
El modo recalculando del gobierno nacional ante una empresa como Vicentin que apenas representa el 9% del total de las exportaciones de cereales y sus derivados, más allá de las tensiones propias que existen en la coalición del FdT, deja en evidencia que no puede haber un plan que busque sacar al país de la decadencia, y ni siquiera capear serialmente las consecuencias para el pueblo trabajadora de la megarecesión que viene, si no se cuestionan los intereses de los actores que se consolidaron a la cabeza del sector más dinámico y productivo de la economía argentina: el agronegocio. Éste, a su vez, ha profundizado y complejizado las contradicciones estructurales del capitalismo argentino. Un planteo interesante sobre este problema lo brinda el sociólogo y doctor en ciencias sociales, Adrián Piva, en un trabajo dedicado a explicar los cambios en la denominada “restricción externa” [4].
Recordemos que este concepto alude al déficit de divisas que genera una estructura productiva basada en la exportación de materias primas y una industria más bien orientada al mercado interno y que funciona a través de la importación de máquinas e insumos, lo cual llegado un determinado nivel de crecimiento, provoca un estrangulamiento de dólares dado que las exportaciones no llegan a cubrir las importaciones. Para Piva, los cambios operados en los últimos cuarenta años, luego de la reestructuración del capital industrial, configuraron un sector agroindustrial que ganó competitividad en el exterior, ayudado a su vez, por una mayor tecnificación del campo. Este sector dominado por empresas multinacionales pasa a tener también un rol de importador de bienes y tecnología, a niveles muy superiores a los anteriores; mientras la mayor especialización exportadora primaria expone a la economía argentina a los vaivenes de los precios formados en el mercado mundial. A su vez, se agrega la tensión de una mayor demanda de tecnología importada por parte del campo, sumando mayor dependencia respecto del capital extranjero.
De esta manera, la economía Argentina experimenta una mayor presión a la demanda de dólares, mientras la oferta se concentra en los actores ligados al agronegocio. Si a este cambio estructural, le agregamos la demanda de dólares de los fugadores seriales y de la transferencia de dólares a las casas matrices de las ganancias de las multinacionales (estas representan dos tercios de las 500 principales empresas) y, por último, uno de los mayores drenajes de recursos, el pago de intereses y capital de la deuda pública, los factores que desencadenan la “restricción externa” acumulan un peso nunca visto capaz de desestabilizar la economía del país. El ciclo vicioso de endeudamiento para pagar deudas, defaults, reestructuración y devaluación, es algo que se vuelve propio de la estructura económica del país y que ningún gobierno se dispuso a cuestionar. Tampoco parece ser el caso del presidente Fernández y el FdT.
¿Hay motores?
Por último, queda un interrogante a partir de la fuerte baja del precio del petróleo en el mundo, respecto a cuál va a ser el futuro de Vaca Muerta, hoy más cerca de rendirle homenaje a su propio nombre que a ser una fuente de divisas como proyectaba meses atrás el ministro Matías Kulfas y el ex secretario de Finanzas, actual presidente de YPF, Guillermo Nielsen. Por el momento, el gobierno decidió girarle más de $18.500 millones a las productoras de gas, siendo el grupo Techint (Tecpetrol) uno de los más beneficiados. Si este motor funciona a la mitad, Argentina no parece escapar del destino del piloto automático de las divisas del campo y ello implica en última instancia no afectar sus intereses de fondo.
Otros motores, en el plan interno, como el consumo viene con la marcha atrás puesta. La rebaja de salarios que dejó el macrismo, se profundizó en estos meses del año, y se espera una caída real, al menos, del 13 % en promedio. Fuentes oficiales alientan un “plan Marshall”, en el caso de la obra pública recordemos que sigue guiada por el presupuesto de 2019, puesto que este año aún no se votó nuevo presupuesto, por lo que el grueso de las partidas siguen el rumbo del ajuste por la vía inflacionaria, sabiendo de los límites de la emisión monetaria permanente y, hacia adelante, el gasto del Estado en infraestructura quedará atado a los márgenes que deje la renegociación de la deuda y el posterior acuerdo con el FMI.
Podemos decir, entonces, que desde el día uno, el gobierno mostró que para pagar la deuda y comenzar a revertir la crisis económica y social legada del macrismo, tenía que elegir a los bancos y no a los jubilados, tal como dijo en campaña, aunque luego hizo lo contrario. Lo que viene, bajo los imperativos de arreglar con el FMI después de reestructurar la deuda, y con los efectos de la pandemia, los próximos años estarán signados por la administración de la miseria para el pueblo trabajador, si no se está dispuesto a afectar seriamente las condiciones que imponen los grandes ganadores de las crisis argentinas: los bancos, el agropower, las multinacionales y grandes propietarios de tierras.
Una salida de otra clase
La crisis desatada por el covid-19 comienza a poner de relieve que una salida a favor de las mayorías trabajadoras y populares, no puede avanzar si las medidas económicas sucumben frente a la propiedad del gran capital y de los dueños de la tierra. Una respuesta que vaya más allá de estos límites, exige un conjunto de medidas que afecten los intereses de los dueños del país para así poder hacerle frente a la emergencia sanitaria, social y económica. Un impuesto extraordinario sobre los millonarios, grandes empresas, bancos y terratenientes con el cual financiar al sistema público de salud, otorgar un salario de cuarentena de 30 mil pesos y la construcción de viviendas sociales como presentaron los diputados del Frente de Izquierda en el Congreso. A la par que preparar la fuerza de la clase trabajadora para ir por medidas de fondo como el desconocimiento soberano de la deuda odiosa, lo cual implica la nacionalización de los bancos, creando un banco estatal único controlado por sus trabajadores y el monopolio del comercio exterior.
Ambas medidas pueden evitar los efectos desastrosos del default del 2001 y a su vez, permitir frenar la fuga de capitales y nuevos corralitos sobre los depósitos bancarios, reorientar el crédito a tasas accesibles para pequeños comerciantes y productores en ruinas, como controlar la entrada y salida de divisas acorde a las necesidades de un plan de reactivación a favor de las mayorías trabajadoras. A medida que en distintos puntos del mundo se expresa en la calles la bronca generada por los despidos, ataques, la represión policial el repudio al racismo, lo que está en juego es la organización de la fuerza social de la clase trabajadora, a través de la unidad de ocupados y desocupados, precarios e informales, jóvenes y mujeres, la única clase social que puede sacar a un país que va camino a profundizar su decadencia y conquistar una reorganización general de la economía sobre nuevas bases sociales.
[2] Según la Cepal: “Las cifras corresponden a medidas anunciadas que se han aprobado o están en proceso de ser aprobadas, por lo que podrían surgir discrepancias con respecto a su ejecución presupuestaria final.”
[3] https://www.laizquierdadiario.com/Los-negocios-non-sanctos-de-Vicentin
[4] “Cambios en la restricción externa y dinámica recesiva desde 2012”. Espacio Abierto, Cuaderno Venezolano de Sociología. Volumen 29 Nº 1 (Enero – Marzo 2020): 141-167.
* Economista y Docente de la Universidad Nacional de Jujuy, dirigente del PTS- FIT.
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