Casi como en una tragedia anunciada, el asesinato policial de Lucas González constituye una prueba más de las consecuencias del «tire primero y pregunte después», recomendado a la policía por el salvaje José Luis Espert, con el fin de rapiñarse unos votitos más, y la derecha opositora y oficialista.
Por Brian Magnaghi*/
Más de lo mismo es siempre lo mismo. No se trata de un juego de palabras ni de un aforismo, sino de un razonamiento que ayuda a dar una explicación a los trágicos acontecimientos de estas últimas semanas, que adquirieron relevancia mediática y que volvieron a poner el siempre presente pedido de mano dura a la orden del día .
La génesis de la vuelta de la agenda represiva al centro del discurso mediático hay que buscarla en la injusta muerte del quiosquero Roberto Sabo en Ramos Mejía, partido de La Matanza. Desde la derecha se renovaron las declaraciones en favor de una mayor presencia policial en las calles, mayores facultades represivas para los miembros de las fuerzas de seguridad, la siempre presente baja de la edad de imputabilidad y hasta el pedido de que las fuerzas de seguridad tengan libre disponibilidad sobre la vida y la muerte.
Tal fue el planteo explícito del entonces candidato y actual diputado electo José Luis Espert: “Transformemos en un queso gruyere a un par de estos delincuentes. Apoyemos a la Policía a que haga eso y esto va a empezar a mejorar un poco. Pero si seguimos enarbolando la maldita doctrina abolicionista de Zaffaroni, la gente de bien estamos fritos”.
Sin dudas, y con absoluto desprecio por las consecuencias de sus dichos, Espert explotó demagógicamente y con fines electorales el asesinato de Ramos Mejía. Pero la de Espert, aunque la más extrema, no fue la única voz que propuso reforzar el poder policial. La actual presidenta del PRO y líder de su ala ultraderechista Patricia Bullrich, manifestó en declaraciones públicas que a los presuntos delincuentes “La calle les da poder y le saca poder a las fuerzas de seguridad. Les resta capacidad de acción frente al miedo que les provocan las sanciones que pueden tener”.
También Diego Santilli y María Eugenia Vidal, representantes del «ala moderada» del PRO, declararon en consonancia con Bullrich reclamando mayor respaldo al accionar de la policía “Este es un Gobierno que está más del lado de los delincuentes que de los trabajadores (…) Es un Gobierno que no respalda el accionar de la Policía”, dijo Santilli, mientras que Vidal afirmó que «En este Gobierno hay una posición mucho más a favor del delincuente que de la víctima, no tengo dudas».
Pero desde el oficialismo también aparecieron voces en la misma dirección, o incluso peor. El Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y «hombre duro» del Frente de Todos, Sergio Berni, intentó sacar rédito del discurso de la mano dura: “… yo pienso peor que Espert, eh…», en alusión a la idea de convertir en queso gruyere a los presuntos delincuentes. “No hay que hacer justicia por mano propia, pero a mi no me tiembla la mano si me enfrento a los delincuentes. Durante mi gestión abatimos a 150 delincuentes y no hay un solo policía detenido por haber actuado fuera de la ley”, completó sin ponerse colorado el responsable de la bonaerense, directamente involucrada en la desaparición de Facundo Castro.
Este tipo de manifestaciones punitivistas y represivas que realizaron los candidatos parecen haber calado hondo en el ideario social, y haber producido réditos electorales. En el caso de Espert, especialmente, el discurso punitivista elevado a un grado salvajemente demagógico podría explicar buena parte del salto electoral respecto a los resultados obtenidos en las PASO.
Hasta ahora, nada que nos sea ajeno cuando se mediatizan hechos de inseguridad. El combo de demagogia punitiva está siempre presente en el menú mediático que afirma buscar, mediante las balas y la represión, «controlar el delito». Pero la contracara de este cuadro no podía más que aparecer en el corto plazo, porque el «libre albedrío» de las fuerzas de seguridad conduce obligatoriamente al gatillo fácil.
Efectivamente, el asesinato de Lucas González, de 17 años, estudiante y jugador de la sexta división del club Barracas Central, por efectivos de la Policía de la CABA, actuando de civil y en un vehículo no identificable como patrullero, es un resultado directo de la aplicación de la técnica del queso gruyere propuesta por Espert abiertamente, e implícitamente por el resto de la dirigencia política de la derecha y del oficialismo partidaria del «tire primero y pregunte después».
La excusa de los policías para cometer dicho asesinato, fue que pensaron que los chicos iban a asaltar un quiosco, al cual se acercaban a comprar un jugo luego de un entrenamiento. ¿De qué indicio dedujeron una actitud sospechosa por parte de los chicos sobre los que descargaron la balacera que mató a Lucas? De ninguno: de la simple portación del estigma de ser jóvenes y llevar una visera.
Entonces nos cabe hacernos la siguiente pregunta, ante dos hechos que parecen antagónicos pero que resultan dos cara de una misma moneda: ¿qué hacemos? Y acá volvemos al inicio de esta nota: las mismas soluciones siempre resultan en los mismos resultados. Ni el “meter balas a los delincuentes” que viene desde los tiempos del ex Gobernador bonaerense Carlos Ruckauf, ni el relativizar los hechos delictivos, como se hace desde amplios sectores del progresismo, han llevado a resultados concretos respecto a un mal que afecta en la inmensa mayoría de los casos a los trabajadores.
Son los trabajadores y sus hijos, sobre todo aquellos que menos recursos tienen, los que padecen la mayoría de los delitos, por un lado, y también la inmensa mayoría de las víctimas del gatillo fácil, por el otro. Son incontables las crónicas de familias que padecen el flagelo de que la policía les arrebate un ser querido, que manifiestan haber estado a favor de una mayor presencia policial y de la mano dura antes de que ese hecho los marque para siempre. Son muchos, también, quienes pese a haber sufrido los maltratos, abusos, detenciones arbitrarias y hasta golpes por parte de la policía, siguen viéndola como la única institución que puede garantizar su seguridad.
El «no te metás», el «algo habrán hecho», han calado muy profundo en nuestra sociedad, en la cual la propiedad se erige por encima de cualquier otro valor, incluso el de la vida. ¿Qué podrán decir ahora los políticos que hasta hace 15 días salían a pedir libertad represiva plena para la policía? ¿Se escudarán bajo lel remanido latiguillo de que “hay buenos y malos policías”? ¿Cómo podrán explicar los 121 asesinatos cometidos por la policía de la Ciudad en sus escasos 5 años de vida? ¿Su solución es exterminar a todo aquel que consideren peligroso? ¿Los casos como el de Lucas pasarán a ser simples daños colaterales?
Por otro lado, ¿qué hacemos nosotros, desde la otra vereda, para dar respuestas que expliquen el flagelo delictivo que sufren los trabajadores rebatiendo a la vez las falas soluciones punitivistas? ¿Cómo podemos plantarnos frente al problema sin caer en el discurso fácil que se limita a señalar las causas sociales del delito? ¿Qué respuesta de fondo podemos darle al discurso de la mano dura más allá del simple repudio? ¿Cómo hacer que nuestras perspectivas trasciendan el plano ético y se traduzcan en soluciones aplicables al contexto actual?
Lo que hagan los adalides del asesinato de pobres solamente nos tiene que preocupar a la hora de darles la pelea. A nosotros, nos queda la responsabilidad de trabajar y organizarnos para que no existan más casos como el Lucas González y el de Roberto Sabo.
Y digo bien, responsabilidad, porque cuando se abren las puertas que dan libertad de matar a discreción, es muy difícil volver a cerrarlas.
Si seguimos haciendo lo mismo, el resultado siempre va a ser el mismo.
* Abogado, Profesor de la Facultad de Derecho de la UBA.
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