La victoria de Gustavo Petro en Colombia, un país en el que la violencia es un ingrediente naturalizado de la vida política y social, es la expresión de una voluntad popular que aspira a conquistar mínimas condiciones de paz para librar sus batallas políticas. Luego de que languideciera el proceso rebelde que se inició con la huelga general de abril de 2021, sometido a una represión feroz y salvaje, en Petro el pueblo trabajador colombiano depositó sus aspiraciones de paz, que no es poco en una sociedad atravesada por décadas de guerra civil.
Por Frank García Hérnandez para Comunistas de Cuba y Estación Finlandia/
Tres años, once meses y veintiocho días duraron los diálogos de paz entre la guerrillera Fuerzas Armadas de Colombia- Ejército del Pueblo y el gobierno de Juan Manuel Santos. El 23 de junio de 2016 en La Habana se firmaban los acuerdos de paz entre las FARC-EP y el gobierno colombiano, y cinco años después habían sido asesinados más de 300 ex guerrilleros farianos.
En el contexto de la rebelión popular que se inició el 28 de abril del año 2021, fueron asesinados centenares de líderes sociales colombianos. El 1 de enero eran asesinados los dirigentes sindicalistas Gerardo León y Diego Betancourt. El 31 de diciembre caería la lideresa social María del Carmen Imbachi. En Colombia, solo en el año 2021 se registraron los asesinatos de 171 líderes sociales y defensores de derechos humanos. Ningún país del continente americano vive semejante represión.
Solamente comprendiendo qué es Colombia, se puede entender la particularidad del triunfo de Gustavo Petro. Quienes votaron a Petro no lo han hecho con la idea de que este haga la revolución, porque, además, Petro no prometió la revolución. Quienes votaron al Pacto Histórico lo hicieron fundamentalmente para detener la masacre que solo sufre Colombia, en medio de la normalización de la muerte.
Una obviedad que merece recordarse: Petro no es Boric, ni Chile es Colombia
Quienes intentan comparar al triunfo de Gabriel Boric con el de Petro debieran tener en cuenta ante todo el violento escenario colombiano. Mientras Boric llega a Chile para perfeccionar la cuestionable democracia burguesa chilena, Petro llega con la misión de al menos evitar que cada año en Colombia mueran más de cien líderes sociales.
Boric es el clásico gobierno reformista que se instaura cuando una rebelión popular no logra consagrarse como revolución social y política. A su vez, representa a una socialdemocracia -ahora renovada- que desde la caída de la dictadura ya había colocado dos presidentes: Ricardos Lagos y Michelle Bachelet. Acompañado de la «en cierta ocasión» carismática Camila Vallejo y de Giorgio Jackson -otro de los principales referentes de las protestas estudiantiles de 2005- Boric se presenta como una izquierda millenial lite capaz de tener en su gobierno a una afamada ex diputada comunista -la Vallejo- y a la vez lanzar críticas contra el “régimen cubano” desde Estados Unidos y en una cumbre convocada por la OEA.
En contraposición, ni siquiera una tímida socialdemocracia similar a la chilena había llegado a la presidencia colombiana. No solo perdían las elecciones: la ultraderecha colombiana, con la complicidad del gobierno, se encargaba de asesinar a los candidatos que se postulaban desde la izquierda.
Cuando en 1985 el Partido Comunista de Colombia constituyó la Unión Patriótica -UP- fueron asesinados sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo. Junto a ellos, también serían asesinados más de 3000 militantes de la UP. Pero si se pudiera decir que esta masacre política se produjo en los momentos más álgidos de la guerra civil colombiana, la persecución a la socialdemocracia continuó tras los acuerdos de paz firmados en 1990. Para ese año, el excomandante del desmovilizado Movimiento 19 de Abril y entonces candidato presidencial por la Alianza Democrática, Carlos Pizarro León-Gómez fue asesinado por uno de sus escoltas en el mismo avión que lo trasladaba a un acto de campaña electoral.
Las eternas guerrillas
Salvo los ya aceptados zapatistas y el casi desaparecido Ejército del Pueblo Paraguayo, actualmente, en ningún país de América Latina las guerrillas continúan siendo un hecho cotidiano.
Para acercarse a una comprensión mejor del escenario político donde se encuentra Gustavo Petro, se debe tener en cuenta que en la década de los ’80 en Colombia existían al menos nueve grupos guerrilleros: las FARC- EP -orientadas por el Partido Comunista alineado con la Unión Soviética-; el Ejército de Liberación Nacional – donde se ensamblaban el guevarismo y la Teología de Liberación-; el Ejército Popular de Liberación -maoístas-; el indigenista Movimiento Armado Quintín Lame; las Autodefensas Obreras; el Partido Revolucionario de los Trabajadores -escisión del maoísta Partido Comunista Marxista Leninista-; el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria-Patria Libre -fusionado posteriormente con el ELN bajo el nombre Unión Camilista-ELN-; el Comando Ricardo Franco – grupo autor de la tristemente célebre masacre de Tacueyó, escindido de las FARC en 1980- y el nacionalista M- 19, guerrilla de la que proviene Gustavo Petro.
En los inicios de los ’90, la mayor parte de las guerrillas colombianas firmaron la paz con el gobierno, pero de estas organizaciones se desprendieron grupos disidentes negados a desmovilizarse. Sin embargo, paradójicamente estos remanentes guerrilleros no eran ortodoxos cumplidores de la ideología por la cual una vez iniciaron la lucha armada: la mayoría de estos pequeños grupos armados se vincularon directamente con el narcotráfico. Uno de los más tristes casos fue el Frente Pedro León Arboleda del EPL que terminó fusionándose con los paramilitares de las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia.
Por su parte, las FARC vivieron un proceso ascendente. Tras la caída de la Unión Soviética perdieron todo apoyo económico, por lo que decidieron iniciar sus relaciones con el narcotráfico. Al mismo tiempo, incrementaron la práctica del secuestro, ahora con mayores motivaciones económicas que políticas. Tras su desmovilización, las FARC -transformadas ahora en el partido Comunes- han llegado a reconocer que durante su existencia como guerrilla -1964 a 2016- secuestraron aproximadamente 20 mil personas.
El fructífero negocio de la droga provocó que la FARC expandiera su presencia a nivel nacional al comprar grandes cantidades de armamento, uniformes y demás implementos de logística. Buena parte de los campesinos que reclutaban se unían a las FARC-EP no por un móvil político, sino porque de esta manera tenían garantizada ropa, comida y protección a sus familiares.
Al firmar las FARC-EP los Acuerdos de Paz de La Habana en junio de 2016 se echó a ver la débil conciencia política de este grupo armado. De los más de 70 frentes guerrilleros y diferentes estructuras militares que conformaban las FARC-EP, al menos diez se negaron a desmovilizarse y, completamente despolitizados, han terminado convirtiéndose en meros grupos del crimen organizado, llegando a asesinar incluso líderes sociales. A esto se le debe sumar que tres años después de los acuerdos de paz -y aparentemente por un móvil político- se constituiría la FARC-Segunda Marquetalia, organización armada dirigida por Iván Márquez, uno de los principales comandantes guerrilleros.
Junto a las disidencias de las FARC, los grupos paramilitares, el asesinato de más de cien líderes sociales anualmente, la persecución a muerte contra los exguerrilleros, Colombia también convive con la guerrilla activa más antigua de América Latina: el Ejército de Liberación Nacional. Sin concluir los diálogos de paz entre las FARC-EP y el gobierno colombiano, también desde La Habana se tendieron los puentes para el inicio de las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional. Con la llegada del uribista Iván Duque a la presidencia, los diálogos entre el ELN y el gobierno se estancaron al punto de que la comisión guerrillera destinada para las negociaciones quedó varada en La Habana al negarle las autoridades colombianas su entrada al país.
¿Una posible muerte anunciada?
La continuación de los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional es algo que pudo hacer un gobierno tan derechista como el de Juan Manuel Santos, pero proteger y defender a los líderes sociales y exguerrilleros solo puede ser llevado a cabo por un gobierno medianamente de izquierda. Aún más sucede con los juicios contra los responsables de esta persecución y asesinatos: ningún partido que haya gobernado Colombia enfrentará judicialmente a los representantes del paramilitarismo. La tarea de Gustavo Petro será detener la masacre contra los líderes sociales y los exguerrilleros, desmantelar a los grupos paramilitares, llevar a juicio a los asesinos y los representantes históricos del paramilitarismo como Álvaro Uribe.
Colombia es hoy el único país de América Latina donde los líderes sociales pueden ser asesinados nada más comienzan a tener cierto impacto en la comunidad. Colombia es hoy el único país que convive con remanentes de la insurgencia vinculados al narcotráfico, el narcotráfico en sí, grupos armados de ultraderecha -que son el brazo ejecutor no solo de la oligarquía sino también del crimen organizado- y además, la existencia de la guerrilla -un fenómeno que parece ajeno al 2022 latinoamericano-. No nos extrañe entonces que Gustavo Petro sea asesinado como sucedió con Carlos Pizarro.
Los once millones de personas que votaron a favor de Petro, más que desear un primer gobierno de izquierda en Colombia, votaban porque la izquierda y los movimientos sociales puedan expresarse en paz, construir en paz y vivir en paz como el resto de las izquierdas de América Latina hoy hacen con tanta normalidad que olvidan a veces la violenta soledad de Colombia.
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